Samuel Aguirre Ochoa/¿Que rumbo lleva México?

Lo hemos repetido muchas veces: la corrupción no es un problema moral, es un problema estructural del sistema capitalista de producción; que mientras dicho sistema prevalezca seguirá habiendo corrupción, gobierne el partido que sea, llámese PAN, PRI, MORENA, MC, PT o VERDE y que la única forma de eliminar la corrupción es cambiando la forma de organizarse para producir y distribuir la riqueza creada por otra distinta; una sociedad en la que el objetivo principal no sea el enriquecimiento de unos cuantos individuos a costa del empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población y en la que gobierne el pueblo trabajador.

Esa fue la diferencia política fundamental con el expresidente Andrés Manuel López Obrador: él dijo desde que fue electo como presidente, que el problema principal de la actual sociedad es la corrupción y que basta con eliminarla para que se acaben los problemas de pobreza y desigualdad entre los mexicanos. Sostuvimos que la corrupción es un lastre al que hay que combatir con firmeza, pero que no es el problema principal en el país.

Pasaron los 6 años de su administración y el país está chorreando ríos y ríos de hechos de corrupción, lo que demuestra la gran equivocación o gran mentira del expresidente. Prácticamente no hay medio de comunicación en el mundo entero en el que no se hable hoy en día de la desgracia que vive el pueblo de México, como consecuencia de esta lacra social, hoy más vigente que nunca, a pesar del pañuelito blanco con el que presumía Andrés Manuel López Obrador de haber acabado con la corrupción en sus mañaneras.

Hoy, los mexicanos tenemos que aprender de los hechos en el terreno de la política, hay que estar atentos a los acontecimientos para poder diferenciar la verdad de la mentira, para hacernos un juicio completo sobre si nuestro país va por el camino correcto hacia el desarrollo de todos los mexicanos o, por el contrario, va hundiéndose cada vez más por la falta de crecimiento de la economía y la enorme deuda externa que se está acumulando en forma alarmante.

Para demostrar que la corrupción se incrementa cada día más, basta analizar lo que está ocurriendo con el huachicol y los vínculos de funcionarios públicos del más alto nivel con la delincuencia organizada.

Observen como el huachicol o tráfico de combustibles, como gasolina y diésel, se rejuveneció, pasando de la ordeña artesanal de los ductos de PEMEX ejecutados por grupos locales, que lo transportaban en pipas o camiones cargados con galones, al robo ¡a lo grande!, transportado ahora en buques y ferro tanques cargados con millones de litros de estos combustibles.

Prácticamente terminó la venta de los garrafones en las orillas de las carreteras, pero aparecieron grandes empresas que venden gasolina y diésel de manera ilegal tanto a la Comisión Federal de Electricidad, a las constructoras del Tren Maya, a las constructoras del AIFA y a poderosas cadenas de gasolineros. El robo de combustibles pasó de ser un negocio de particulares a ser un negocio controlado por funcionarios del gobierno federal. Ahora se le conoce como huachicol fiscal, huachi diésel o contrabando de combustibles proveniente en lo fundamental de los Estados Unidos.

La trampa del huachicol fiscal consiste en pasar gasolina y diésel por las fronteras con documentación falsa. La documentación que presentan los dueños de los gigantescos barcos en las aduanas reporta que los buques van cargados con productos como aceites y lubricantes, productos que están exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), impuesto con el que sí están grabadas la gasolina y el diésel. Previo a esto, los traficantes de combustible ya se pusieron de acuerdo con los funcionarios del gobierno que cuidan las aduanas.

Las ganancias de este jugoso negocio resultan, pues, de no pagar el citado impuesto y se las reparten entre los contrabandistas y los funcionarios encargados de vigilar el comercio en las aduanas. Le están robando a lo grande al fisco (Secretaría de Hacienda) y a Petróleos Mexicanos, empresa que se supone es de todos los mexicanos.

El volumen de contrabando de huachicol fiscal resulta escandaloso. Según estimaciones recientes del diario El País, basadas en investigaciones del medio, calculan que sólo en 2024 ingresaron ilegalmente a México alrededor de 18 mil millones de litros de combustible que no pagó los impuestos, con lo que se ocasionó una pérdida de más de 177 mil millones de pesos para el erario.

En reportes de inteligencia militar también se informa del robo de barcos cargados de combustible que llegan o salen del puerto Dos Bocas, Tabasco, lugar en donde se construyó la refinería del mismo nombre. Estos reportes están fechados en octubre de 2021 y provienen del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Diversas estimaciones calculan que el contrabando de combustibles generó una ganancia neta por más de 600 mil millones de pesos durante todo el sexenio del expresidente López Obrador, con lo que se pudo sostener fácilmente una red de sobornos y complicidades en el que están involucrados funcionarios de la Dirección Federal de Aduanas, altos mandos de la Secretaría de Marina, todos coludidos con el crimen organizado. Algunos analistas sostienen que todos los caminos conducen al gabinete presidencial.

En la administración de la actual presidenta Claudia Sheinbaum se nota un giro con respecto al combate del tráfico de combustibles, pues el pasado 6 de septiembre el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de 14 personas entre los que destaca un vicealmirante de la Secretaría de Marina y señaló que se tenían pendientes de ejecutar más de 200 órdenes de aprehensión contra personajes ligados al tráfico de combustibles, entre estos se encuentran como cabezas de las operaciones fraudulentas dos sobrinos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien durante seis años formó parte de las mesas diarias de seguridad del presidente López Obrador y que curiosamente nunca se percató de la descomposición de la institución a su cargo.

Es muy importante destacar que, hasta el momento, 8 personas, entre ex funcionarios aduanales, mandos de PEMEX y personal de la Marina han muerto en circunstancias extrañas, por lo que algunos analistas consideran que podría tratarse de un intento por silenciarlos para que NO delaten a funcionarios de más alto nivel en el gobierno ligados a estos hechos de corrupción.

También se filtraron a diversos medios de comunicación de alcance nacional los expedientes completos de las investigaciones realizadas por la fiscalía general de la República y en la que se menciona con lujo de detalle los nombres, posiciones y grado de compenetración de diversos funcionarios del gobierno anterior en el contrabando de combustible. También se menciona en ellos a los hijos del expresidente.
Parte fundamental de esta trama del robo de combustibles es el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores morenistas. Bermúdez Requena fue cercano colaborador de Adán Augusto López Hernández y fundó “La Barredora”, grupo criminal que surgió y se fortaleció en Tabasco el sexenio pasado y que tenía como uno de sus giros principales el robo de combustible. Hoy está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Aunque el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha negado reiteradamente tener vínculos con “La barredora” y haber estado enterado del involucramiento de su secretario de Seguridad, hay muchas voces, incluso dentro de su propio partido, que piden se le investigue como al resto de exfuncionarios.

Todo parece indicar que los golpes asestados a la delincuencia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum son producto de la presión ejercida por parte de Donal Trump para someterla, sin embargo, son un pequeño paso adelante en contra de la impunidad de los delincuentes de cuello blanco, de los políticos encumbrados que protegen a los delincuentes. Pero es necesario ir mucho más allá, ojalá y así sea.

Para combatir la corrupción y las injusticias del actual sistema capitalista es fundamental la toma de conciencia de todos los mexicanos de que las cosas van mal en el país, que si queremos cambiarlas es absolutamente necesario que las clases trabajadoras, que son las que verdaderamente producen la riqueza de la nación se organicen, se reúnan constantemente a analizar la problemática, local, estatal, nacional e internacional para enriquecer nuestra conciencia de clase, con lo que se irán preparando para la toma del poder político y la construcción de esa nueva sociedad de la que hablé al principio.