Raúl López Gómez/Cosmovisión
A punto de concluir el gobierno del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, continúan saliendo a la luz actos de corrupción y abusos cometidos por diversos funcionarios públicos de su gobierno en contra de ciudadanos y empresas.
Uno de los muchos casos de corrupción fue dado a conocer por la firma de abogados Corporativo 2023 de la ciudad de Xalapa, quienes denunciaron la existencia de un “cártel inmobiliario” operando en Veracruz, en el que están involucrados algunos notarios públicos, funcionarios del Registro de la Propiedad y del Poder Judicial de Veracruz. Y que en los últimos años se dedicó al despojo de terrenos para venderlos por montos millonarios y sacar provecho personal.
Recientemente trascendió un caso dado a conocer por Grupo Milenio, se trata del despojo de 12 hectáreas de terreno propiedad de la empresa Fincaz S.A de C.V, ubicados en la avenida Arco Sur de Xalapa, muy cerca de la Fiscalía General del Estado.
La empresa perdió la propiedad y posesión del inmueble debido a que un particular simuló un juicio en el que al final un juez le escrituró el terreno a su nombre y una vez con la propiedad legal, procedió a venderlo a otras dos personas por valor de 98 millones. Posteriormente, tanto las escrituras como los contratos de compraventa fueron avalados por el Registro Público, consumando así el atraco.
Las denuncias públicas que están brotando en los últimos días son nuevos elementos que demuestran que, durante el gobierno morenista del Ing. Cuitláhuac García, diversos funcionarios se aprovecharon del poder público para violar la ley y sacar provecho personal, además de que, sin duda, utilizaron al aparato judicial para fabricar delitos, perseguir y encarcelar a diversos actores políticos incomodos para el gobierno estatal.
Estos hechos nos dan la razón a los antorchistas que hemos denunciado en diversas ocasiones intentos de fabricarnos delitos, persecución judicial y otros actos de verdadero terrorismo de Estado en contra de líderes y jóvenes antorchistas como secuestros virtuales y físicos.
La opinión pública debe recordar que en diciembre de 2021 denuncié el intento de fabricar un delito en mi contra, a través de la venta fraudulenta de dos predios escriturados a mi nombre desde 1989, ubicados en la colonia Arroyo Blanco de Xalapa. En el acto ilegal participaron Octavio N un notario público, Vicente N un supuesto corredor inmobiliario, Eduardo N un falso apoderado legal y varios “compradores” de los terrenos, todos puntualmente denunciados ante la Fiscalía General del Estado.
Sobre la existencia de estas acciones fraudulentas me enteré luego de que la Fiscalía me notificara de la existencia de una denuncia en mi contra, interpuesta por Nayeli N una supuesta compradora que denunció haber pagado una fuerte suma de dinero por una porción del terreno y no haber recibido la posesión del lote.
Inmediatamente nos defendimos por la vía legal y de las investigaciones realizadas por un servidor y los abogados del caso, descubrimos que en una Notaría Pública del municipio de Naolinco se fabricó un poder notarial, falsificando mi credencial del IFE y mi firma. Posteriormente, Vicente N y Eduardo N, junto a otros cómplices simularon la venta de ambos predios y los inscribieron en el Registro Público de la Propiedad. Todo esto quedó plenamente demostrado en los expedientes judiciales.
Por la complejidad de la operación y la cantidad de dependencias involucradas, en su momento denunciamos que se trataba de un embuste seguramente urdido por algunos funcionarios incrustados en el gobierno del Ing. Cuitláhuac García Jiménez y ahora el tiempo nos da la razón.
Aunque hasta el momento ni la Fiscalía del Estado ni el Poder Judicial han resuelto el asunto ni castigado a los culpables de estos delitos, logramos frenar la persecución judicial y defendernos de los ataques mediáticos debido a la valentía y la firmeza de todos los antorchistas de Veracruz que salieron en nuestra defensa, teniendo claro que en realidad se trataba de encarcelar a su líder y descabezar su lucha por mejores condiciones de vida.
De todos modos, los antorchistas de Veracruz seguimos exigiendo que se haga justicia en este caso y también en los otros que cometió el “cártel inmobiliario” en contra de varios veracruzanos.
Desafortunadamente, hasta el momento continúan impunes muchas de estas arbitrariedades, abusos de poder y fechorías cometidos por el grupo de delincuentes que se incrustó en el poder y que demostraron que era falso que no roban, no mienten y no traicionan al pueblo. Nuevamente quedó demostrado que una cosa es lo que dicen los políticos en el discurso y otra cosa son los hechos que realizan una vez que están en el poder.
Confiamos que en esta nueva administración encabezada por la Ing. Rocío Nahle García se ponga un alto a estas fechorías y haya una verdadera impartición de justicia imparcial para todos los veracruzanos.
Tal como señalé en mi artículo anterior, únicamente la vigilancia permanente de la gente organizada hacia los funcionarios y políticos encumbrados puede frenar el saqueo del erario y obligarlos a que no cometan actos de injusticia, actos de opresión y corrupción flagrante como en el caso del cártel inmobiliario. El pueblo debe organizarse y ejercer su derecho a la protesta pública sin temor.