
Raúl López Gómez/Cosmovisión
Aquí lo dije desde el mes de noviembre del 2024.
Dije que una vez que los mexicanos y el mundo pudieron confirmar que en nuestro país existen “narco-alcaldes”, “narco-gobernadores”, “narco-legisladores” y que el Ejecutivo ha estado en manos de “narco-presidentes”, lo que faltaba eran “narco-jueces”.
Es decir, que los gobiernos de Morena se empeñaron el acabar con el Poder Judicial, para dejarlo en manos no sólo de incondicionales, sino de probados criminales.
Y curiosamente, el pronóstico que aquí planteamos desde hace casi cinco meses fue confirmado el pasado sábado –29 de marzo del 2025–, por dos de los más influyentes diarios mexicanos.
En efecto, el diario Reforma llevó como nota principal de esa fecha una investigación periodística titulada: “Pasan los filtros aspirantes turbios”, en donde revela que, entre los candidatos a ocupar cargos de elección popular, en el Poder Judicial, aparecen abogados de “narcos”, abusadores sexuales, ministros religiosos y hasta personajes con antecedentes penales.
Y pone los ejemplos de Fernando Escamilla Villarreal, abogado de los jefes mafiosos del grupo criminal de Los Zetas; a Job Daniel Wong Ibarra, ministro de culto de la mafiosa Luz del Mundo; Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido en 2015 por corrupción y lavado de dinero y Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en 2023 con drogas y armas de fuego.
Además, el diario explica que muchos aspirantes –como los arriba citados–, pasaron los filtros de “idoneidad”, a pesar de cuestionables antecedentes.
Lo cierto, sin embargo, es que la “cacareada” Reforma Judicial, no es más que un golpe de Estado ordenado y llevado a cabo desde Palacio, para concentrar todo el poder de las instituciones en una sola persona; la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por otro lado, el diario El Universal difundió una investigación sobre los aspirantes a juzgadores, en la que descubrió que en más de 200 casos se trata de ciudadanos cuyo historial resulta peligrosamente cuestionable.
Dice el diario que la investigación arrojó que entre los aspirantes que aparecerán en las boletas para renovar el poder judicial en la elección del 1 de junio próximo, poco más de 200 han participado en escándalos criminales y mediáticos.
En pocas palabras, se confirma que la destrucción deliberada del Poder Judicial no es más que el decisivo golpe de Estado a la democracia mexicana; un golpe asestado desde el mismísimo Poder Ejecutivo y llevado a cabo con el engañoso aval de los electores.
Y sólo es cuestión de semanas para que México y los mexicanos vivamos circunstancias idénticas a las que dieron origen a dictaduras como la cubana y la venezolana, entre muchas otras.
Y es que, desde la llegada de López Obrador al poder presidencial, y luego con la “narco-elección” que hizo presidenta a Claudia Sheinbaum, el objetivo del partido Morena fue destruir la joven democracia mexicana, la división de poderes e imponer una tiranía.
Pero tampoco es novedad alguna.
Apenas el 14 de noviembre del 2024, en el Itinerario Político titulado: “¡Hoy, “narco-diputados”, mañana, “narco-jueces””! advertí del riesgo que hoy revelan dos de los más influyentes diarios mexicanos.
Así lo dije: “¿A quién se le ocurrió la brillante idea de eliminar el “narcomenudeo” del catálogo constitucional de delitos graves?
“¡Bingo…! Sí, a los diputados de Morena y, en especial, a Ricardo Monreal, el lacayo “narco-diputado” número uno de López Obrador.
“¿Y por qué ese obsequioso gestó del “morenista” zacatecano a las bandas criminales?
“Por una razón elemental y que está a la vista de todos; porque en el Congreso mexicano mandan los “narco-diputados” y “narco-senadores”, que están al servicio del “narco-presidente” López Obrador.
“Y si aún dudan que en el Congreso mandan los “narco-legisladores”, resulta que diputados de Morena también sacaron del catálogo de delitos graves las actividades ilícitas relacionadas con la fabricación de fentanilo y otras drogas sintéticas.
“Peor aún, los “narco-legisladores” mexicanos fueron más allá y, en lugar de cumplir las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –de eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa de la Constitución–, incrementaron el catálogo de delitos, lo que colocará a los mexicanos en total indefensión frente a derechos humanos elementales como la Presunción de Inocencia y el Derecho al Debido Proceso.
“En pocas palabras, resulta que en México ya no será delito grave el “narcomenudeo” y tampoco la fabricación de fentanilo y otras drogas sintéticas, lo que convertirá a nuestro país en el paraíso de la elaboración y venta de drogas sintéticas.
“Sí, resulta que los “narco-diputados” y “narco-senadores” de Morena y sus aliados, otorgaron total impunidad a los principales cárteles de la droga en México, mientras que los ciudadanos en general no podrán exigir derechos humanos fundamentales.
“Y por eso la pregunta obligada. ¿Imaginan lo que no harán en el Poder Judicial los “narco-jueces”, si hoy están a la vista de todos los excesos de lo que son capaces los “narco-diputados” y “narco-senadores” en el Congreso?
“Pero tampoco es una novedad. Y es que cuando inició su tercera campaña presidencial adelantada –en 2015–, el candidato López Obrador sorprendió al mundo cuando, sin más explicación, ofreció amnistía incondicional a los cárteles criminales.
“De inmediato supimos –y aquí lo dijimos–, que dicha amnistía no era otra cosa que el pago a los grupos criminales, por el financiamiento al Partido Morena, en todo el país.
“Por eso, ya en el poder presidencial, Obrador convirtió la amnistía en impunidad total para las mafias criminales, al extremo de que en su gobierno no llevó a prisión a uno solo de los capos que convirtieron a México en campo de exterminio, con más de 200 mil muertes violentas, más de 50 mil desaparecidos, 81 periodistas muertos y una epidemia de feminicidios”. (FIN DE LA CITA)
Y si, de nuevo debo repetir lo que indigna a miles de chairos: “Se los dije”.
Al tiempo