Bernardo Gutiérrez Parra/Desde el Café
Del refranero popular.
“No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante”.
Lo curioso es que, frente a la “infernal realidad”, el refranero le quedó “como anillo al dedo” a los habitantes de Culiacán, Sinaloa, quienes por meses han vivido la peor ola de violencia a causa de la disputa de grupos criminales.
Una historia que comenzó el 25 de julio del 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue entregado al gobierno de Estados Unidos, en complicidad con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, lo que desató “una guerra a muerte” entre los otrora antiguos socio.
Y en medio de esa guerra son incontables los atentados, las masacres, secuestros, incendios deliberados y “el horror de un infierno” que parece no tener fin y que poco o nada les importa a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y a los gobiernos municipales.
Y es que no es secreto, para nadie, que el gobierno federal, estatales como el de Sinaloa y no pocos gobiernos municipales de todo el país han sido y siguen siendo aliados de los cárteles que operan en todas las entidades “gobernadas” por Morena.
Por esa razón –por la alianza entre cárteles criminales y gobiernos “morenistas” –, lo que pasa en Sinaloa y “el infierno” que viven sus habitantes no le importa ni a la “señora presidenta” y menos al gobernador Rubén Rocha Moya, quienes dejan hacer y dejan pasar como si “el infierno” desatado fuera parte de “la normalidad”.
Sin embargo, como “no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo aguante”, el pasado jueves 23 de enero del 2025 “el infierno” llevó al límite de la tolerancia a los ciudadanos de Culiacán, quienes salieron a la calle para repudiar a un incompetente gobierno estatal, encabezado por irresponsable “narco-gobernador” Rocha Moya.
Y es que días antes, dos menores de edad y su padre fueron acribillados a sangre fría, en un intento por despojarlos del vehículo en el que viajaban, lo que llevó al límite a la sociedad sinaloense.
Estremecedoras movilizaciones sociales y repudio ciudadano que no se veían en las calles de Sinaloa y menos en su capital, desde mayo de 1990, hace casi 35 años, cuando la sociedad “culichi”, igual que hoy, salió a la calle a repudiar el asesinato de Norma Corona Sapién, la defensora de derechos humanos ultimada en esa fecha por órdenes del líder criminal, Héctor Palma, motejado como “El Güero Palma”.
El crimen de la reputada abogada, cometido en Culiacán, fue de tal impacto en la vida nacional que, el 6 de junio de ese 1990, el entonces presidente, Carlos Salinas, decretó la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, que con el tiempo destruyó López Obrador.
Hoy, casi 35 años después de aquella indignación generalizada, la sociedad sinaloense vuelve a la calle de manea ejemplar, en medio “del infierno” en que han convertido Culiacán, todo Sinaloa y al país entero, las disputas entre los cárteles criminales, aliados de los gobiernos de Morena.
Pero no fue todo, el viernes 24 de enero del 2024, la movilización ciudadana se replicó en Mazatlán, en donde se escuchó de nueva cuenta el reclamo indignado de: “¿fuera Rocha, fuera Rocha, fuera Rocha…!”.
Ese mismo viernes, el empresario Manuel Clouthier Carrillo denunció que un grupo armado prendió fuego a la oficina de una de sus empresas, atentado terrorista que lo llevó a declarar que Culiacán “es invivible, no es visitable y tampoco invertible”.
Sedientos de paz y justicia los “culichis” volvieron a las calles ayer domingo, 26 de enero del 2024, para exigir, de nueva cuenta, fin a la violencia y la complicidad de todos los órdenes de gobierno con los cárteles criminales, al extremo de que quemaron “un monigote” de Rocha Moya.
Lo peor, sin embargo, es que esa complicidad de los gobiernos federal, estatal y municipales fue solapada de inmediato por “narco-legisladores” como Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, quien convocó a toda su bancada y a los aliados del partido oficial, para salir en defensa pública del indefendible “narco-gobernador” de Sinaloa, a pesar del repudio generalizado de la sociedad de esa entidad.
Es decir, que líderes, legisladores y gobernantes del Partido Morena se han convertido en los principales defensores de los grupos criminales que aterrorizan a los ciudadanos de todo México; complicidad que sociedades como la sinaloense parecen no estar dispuestas a seguir tolerando.
Por eso las preguntas de rigor.
¿Qué tiene que pasar para que alguna autoridad federal sea capaz de castigar la complicidad de un mal gobernante como Rubén Rocha Moya?
¿Hasta cuándo la “señora presidenta”, el partido Morena, sus líderes y legisladores, seguirán solapando a criminales llevados al poder por los cárteles y las mafias del crimen organizado?
¿Hasta cuándo aprenderá la ciudadanía de todo México, la lección de la valiente sociedad sinaloense, para repudiar a toda la mafia llamada Morena?
Al tiempo.