Carlos Ramírez/Indicador político
En Sinaloa todos saben que Rubén Rocha Moya llegó al poder gracias a los votos del Cártel de Sinaloa.
En Sinaloa también saben que Rocha Moya es un “narco-gobernador” intocable, que goza del favor de Palacio y que en el sexenio por venir podría seguir siendo solapado por la espuria Señora Presidenta.
Y por supuesto que en Sinaloa saben que Rocha Moya no sólo participó en la entrega de Ismael Zambada, “El Mayo” y de Joaquín Guzmán López, sino que intentó ocultó el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, su adversario político.
Pero lo que pocos saben, en el “narco-estado” de Sinaloa, es que el “narco-gobernador”, Rubén Rocha Moya, caerá muy pronto, una vez que en septiembre arranquen los procesos judiciales de “El Mayo” y de “Los Chapitos”, en una corte norteamericana.
Así, una vez iniciado al proceso judicial, al primero que señalarán los narcotraficantes mexicanos, ante las autoridades norteamericanas, es al mandatario estatal de Sinaloa, quien habría traicionado la confianza no solo de “El Mayo”, sino de los “Chapitos” y del asesinado Melesio Cuén.
Y es que, según fuentes cercanas a la defensa de los jefes del Cártel de Sinaloa, la revelación de complicidades con autoridades mexicanas será de menor a mayor jerarquía política.
Es decir, conoceremos las complicidades a nivel municipal, en la UAS, con integrantes del Congreso local y del gobierno estatal, antes de llegar “a los peces gordos” del gobierno federal, incluido el “narco-presidente”, López Obrador y la espuria “Señora Presidenta”.
En realidad, se trata una estratagema que busca los mayores beneficios para las partes. Es decir, que el gobierno norteamericano sacará el mayor provecho político en tiempos electorales –y a favor de su candidata, Kamala Harris–, en tanto que la defensa de los criminales mexicanos exigirá más beneficios, según la importancia de los implicados en sus revelaciones.
Pero también es ciento que nadie sabe hasta dónde van a llegar tales revelaciones, sin embargo, lo que si se sabe es que veremos un espectáculo organizado por el gobierno de Biden, que busca mandar un mensaje de lo que sería capaz de hacer la eventual presidenta Kamala Harris.
Es decir que, en los hechos, la candidata demócrata dejará atrás a su adversario Donald Trump, en cuanto a la persecución de cárteles criminales, como el de Sinaloa.
Pero lo que hogaño es noticia, antaño fue documentado aquí con santo y seña. En efecto, en el Itinerario Político del 20 de junio del 2021, titulado: “¿Todos callarán ante narco-gobernadores?”, documenté la “narco-elección” del 6 de junio de ese 2021.
Así lo dije: “Durante el gobierno de Felipe Calderón muchos se escandalizaron por el “narco-diputado” Julio César Godoy –septiembre de 2010–, al que de manera ilegal legitimaron algunos diputados del PRD.
“Luego el escándalo llegó al Congreso de Sinaloa, cuando en abril de 2015 se descubrió a la “chapo-diputada”, Lucero Sánchez.
“Pero nunca, como hoy, se había llegado al extremo de cerrar los ojos ante los abundantes casos de presuntos “narco-gobernadores”, “narco-alcaldes” y “narco-diputados”; gran parte de ellos pertenecientes al partido Morena y muchos de los cuales son –al ojo público–, “peleles” de bandas criminales que los impusieron en el cargo.
“Y a reserva de documentar cada uno de los casos, existen evidencias periodísticas de que las elecciones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Michoacán y Zacatecas –casi todo el corredor del pacífico–, en realidad fueron ganadas por el narcotráfico y, en especial, por las bandas dominantes en el país; el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
“Sin embargo, el caso más escandaloso es el de Sinaloa, en donde se alzó con la mayor votación de la historia el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, quien pasará a la historia como el primer “narco-gobernador”.
“Y es que no sólo los medios locales, sino el propio candidato derrotado, Mario Zamora, denunciaron una operación masiva de compra de votos, amenazas y secuestro de candidatos y operadores políticos, antes y durante el proceso electoral del pasado 6 de junio.
“Sin embargo, y pesar de la evidente “narco-elección”, hasta hoy no existe una sola sanción de autoridad electoral alguna, ya que ningún político amenazado, secuestrado y/o intimidado se atrevió a presentar denuncia.
“Y el extremo fue el llamado que realizó el derrotado Mario Zamora, la misma noche de la elección, cuando le pidió de manera pública a las bandas criminales liberar a casi un millar de operadores políticos secuestrados.
“El siguiente escándalo es el de Michoacán, en donde la elección estatal fue ganada por el candidato de Morena, por un márgen mínimo, producto de la alteración electoral en tres distritos estatales, que hicieron la diferencia.
“En esos distritos el crimen organizado compró, amenazó y secuestró a funcionarios de casilla. Por miedo a represalias, en ese caso tampoco se han presentado pruebas mientras que el candidato ganador, Alfredo Ramírez Bedolla, en realidad es el segundo “narco-gobernador”.
“En San Luis Potosí la victoria correspondió a Ricardo Gallardo, motejado como “el pollo” y candidato del PVEM. Resulta que Gallardo no sólo pertenece a una familia con probados vínculos en el crimen organizado sino que era investigado por autoridades federales sobre sus presuntos nexos criminales.
“Aquí también menudearon las denuncias sobre el imperio del código mafioso en esa elección, “billetazos”, “madrazos” y “balazos”.
“Sin embargo, nada ocurrió. Nadie se atrevió a denunciar.
“A nivel municipal, en Tláhuac e Iztapalapa –en CDMX–, también los medios documentaron la mano del poderoso Cartel de Tláhuac, a favor de Morena Y tampoco nadie intentó presentar denuncia alguna.
“Pero acaso el mayor de todos los escándalos se produjo en Valle de Bravo, en el estado de México, en donde la candidata de la alianza PRI, PAN y PRD, la atleta olímpica, Zudikey Rodríguez, declinó a sus aspiraciones luego que fue secuestrada y amenazada, junto con su familia.
“Las amenazas salieron de La Familia Michoacana y del CJNG. Aún así, la candidata de Morena, Michelle Núñez sólo superó a Zudikey por 400 votos.
“¿Y que hicieron las autoridades electorales? Nada.
“A su vez, el de Nuevo León es otro caso de escándalo. Resulta que Samuel García, el aspirante de Movimiento Ciudadano y ganador de la contienda, tiene un largo historial de vínculos con grupos criminales. También era un aspirante que en su momento apareció como investigado por autoridades federales. Sin embargo, al final a nadie le importó”. (FIN DE LA CITA)
Y por eso volvemos a preguntar: ¿Hasta cuando la sociedad mexicana seguirá solapando a los “narco-gobernadores”, “narco-alcaldes” y “narco-políticos”.
Al tiempo.