Rezago educativo en Veracruz: soluciones equivocadas

Según los más recientes datos de la Medición Multidimensional de la Pobreza presentados por el INEGI, reconocidos y aplaudidos por el gobierno federal, Veracruz pasó del quinto al segundo lugar en rezago educativo en tan solo dos años. Actualmente el 26.3% de los veracruzanos, poco más de una cuarta parte de la población total de la entidad no lograron concluir su formación obligatoria en el sistema educativo.

Con base en estos datos, el Centro de Investigación en Antropología Social (CIESAS-Unidad Golfo), concluyó que el rezago educativo en Veracruz se mantuvo sin cambios positivos durante toda lo que va de la década, periodo de tiempo que abarca todo el sexenio de la transformación y el primer año de su segundo piso.

El mayor porcentaje de rezago se presenta en el nivel bachillerato, pues el 36.5% de la población de 22 años o más, nacida a partir de 1998 no cuenta con educación media superior, el dato es escandaloso pues demuestra que más de una tercera parte de los veracruzanos que debieron estudiar la preparatoria después de que se volvió obligatoria, no lo lograron. Más abajo, en los niveles de la llamada educación básica, la situación tampoco está para echar las campanas a vuelo, pues el 15.6% de la población de entre 3 y 16 años, que debería estar cursando preescolar, primaria o secundaria, no acuden a la escuela.

Los datos proporcionados por la propia Secretaría de Educación en Veracruz en un documento llamado “Indicadores del Sistema Educativo 2024”, revelan un agravamiento del rezago educativo y la deserción escolar. De 2018 a 2024, disminuyó la matrícula escolar al pasar de poco más 2 millones 235 mil a menos de 2 millones 040 mil estudiantes, lo que supondría una pérdida global de más de 200 mil estudiantes. También decreció el número de profesores, al pasar de poco más de 24 mil a menos de 23 mil 500. En el bachillerato solo el 76% de los jóvenes que se inscriben al primer semestre lo concluyen.

Así las cosas, parece justificada la preocupación de la gobernadora de Veracruz, Ing. Rocío Nahle García, de frenar el grave problema de deserción escolar que hay en la entidad para garantizar el derecho de todos los niños y jóvenes veracruzanos a una educación gratuita y de calidad y, según ha trascendido en la prensa, como parte de esos esfuerzos es que ha puesto en marcha varias iniciativas.

Primero promovió el programa “Maestro al aula” para que todo el personal adscrito a la Secretaría de Educación de Veracruz que tuviera plaza docente y estuviera ocupando algún puesto administrativo fuera reasignado como profesor “frente a grupo” en alguna de las tantas escuelas sin personal suficiente en la entidad, dicha medida no pudo ejecutarse porque significaba dejar inoperantes múltiples áreas de la SEV que funcionan con docentes con estas características y porque se enfrentó a la resistencia de múltiples sindicatos charros, fundados por sus propios compañeros de partido el sexenio pasado.

Asimismo, la gobernadora propuso la creación de “nómina única” manejada por la Secretaría de Finanzas y Planeación para evitar la duplicidad de plazas, el abultamiento artificial de la nómina de la SEV y para combatir a los aviadores, mecanismos de los cuales, según han reconocido ahora, abusó Zenyazen Escobar, protegido del gobernador Cuitláhuac García, cuando despachó como secretario de Educación. Ahora, por cierto, el exsecretario es reconocido públicamente como uno de los nuevos millonarios de la ciudad de Córdoba.

Dichas medidas se han presentado como pruebas de que el gobierno en turno combatirá la corrupción en serio, aunque de castigar a los corruptos del pasado reciente no se dice absolutamente nada. Lo que parece evidente es que en realidad se pretende dejar de contratar nuevos maestros para ahorrarse recursos públicos. Una medida equivocada que, como se ha visto, hasta ahora solo ha traído más problemas que soluciones.

En este mismo sentido, se entiende la iniciativa impulsada por la gobernadora Nahle García de prohibir el cobro de cuotas de inscripción y otras aportaciones voluntarias de los padres de familia hacia los planteles educativos, bajo el argumento de que son onerosas y, por tanto, desincentiva la inscripción de los niños y jóvenes a las escuelas, particularmente al nivel bachillerato.

Más allá de cualquier discusión legal o moral sobre el establecimiento de cuotas voluntarias en las escuelas, lo cierto es que su existencia obedece a causas objetivas bien específicas que no dejan lugar a la interpretación subjetiva: son el resultado inevitable de que por años los recursos destinados a la educación pública han sido insuficientes para generar las condiciones mínimas de comodidad y dignidad para los estudiantes y profesores.

Quien haya tenido hijos en cualquier escuela pública sabe perfectamente que dichas cuotas voluntarias tienen como destino la compra de material de limpieza, material didáctico, compostura de imperfectos, adecuación de espacios y otros gastos menores del día a día en los planteles educativos, para los cuales la SEV no destina ni un quinto de su presupuesto, cada vez más reducido.

Y es precisamente en el nivel bachillerato donde se vuelven más necesarias, porque dichos planteles no cuentan con presupuesto para el pago de los servicios de luz, agua potable o internet y muchas veces deben entregar una parte a las supervisiones escolares para la renta de los inmuebles en donde funcionan. Por ello, la medida no fue recibida con el júbilo esperado ni por maestros ni por los propios padres de familia, que se preguntan de dónde o quién se hará cargo de todos esos gastos, pues nadie se ha pronunciado al respecto.

Y la misma preocupación ha provocado la propuesta de ley promovida por el Partido Verde con la venia de la gobernadora, de que las escuelas funcionen con las exiguas ganancias de las tienditas escolares y que, según reza el proyecto de ley, con “dicho recurso se construya infraestructura o se mejore la existente en los planteles educativos”, como si las ganancias individuales de esos changarros fuera suficiente para edificar aulas, sanitarios, salas de cómputo, bibliotecas, plazas cívicas, laboratorios, etc., para las que se requieren inversiones millonarias.

No hay que ser mal pensado para concluir que esta es una forma disfrazada de lavarse las manos de la obligación constitucional del Estado de garantizar la inversión necesaria para la infraestructura y equipamiento de los planteles.

Así pues, ni los ataques contra el magisterio veracruzano, ni la prohibición de las cuotas escolares, ni la promesa de manejar las “jugosas ganancias” de las tienditas son la solución requerida al grave problema educativo que atraviesa la entidad. Son medidas superficiales que no van a la esencia del problema y que, por tanto, solo provocarán nuevas y más graves complicaciones.

Lo que se requiere es un aumento decidido y verdaderamente sustancial del presupuesto destinado a la educación para resolver rezagos históricos en los planteles de la entidad para que haya aulas suficientes, sanitarios dignos, salas de cómputo equipadas como exige el mundo globalizado en el que vivimos, laboratorios de ciencias, espacios para que nuestros jóvenes hagan deportes y practiquen las bellas artes. Lo que urgen son nuevas plazas docentes, mejores prestaciones laborales y más incentivos a los profesores en activo. Lo que podría combatir el rezago educativo en serio es la autorización de nuevas claves de escuelas de todos los niveles para acercar la educación a los niños y jóvenes de las colonias marginadas y pueblos remotos. Las becas están bien, pero no bastan por sí solas.

Esta convicción y no otra, es la que guía a los docentes antorchistas, padres de familia y estudiantes que han anunciado una movilización pacífica este miércoles 10 de septiembre a la Secretaría de Educación de Veracruz, para solicitar hablar con la titular de la dependencia, Claudia Tello Espinosa y plantearle múltiples necesidades de infraestructura y equipamiento escolar, así como mejores condiciones laborales para los docentes. De la solución que reciban nuestros compañeros, dependerá la opinión de Antorcha sobre si el gobierno de verdad quiere combatir el rezago educativo en Veracruz o si sus “medidas” no son más que simple politiquería y demagogia barata para engañar al pueblo. Confiamos en que el pueblo veracruzano sabrá ser juez insobornable.