Reabren caso de Macaria Cruz por presunta omisión de cuidados a su hija

MINATITLÁN, Ver., 7 de enero de 2025.- Por fin y como si la vida le diera un regalo de cumpleaños para su menor, después de meses de abandono y dilación procesal, el caso de Macaria Cruz López, relacionado con un posible delito de omisión de cuidado, ha sido finalmente reabierto.

Para Macaria, esta decisión no representa un logro, sino el cumplimiento tardío de una obligación que las autoridades debieron atender desde el principio. “No estoy dispuesta a regalar ni un gramo de nada. Que hayan abierto la investigación no es un favor, es su trabajo. Son servidores públicos, y su obligación es garantizar la justicia, no obstaculizarla”, declaró la víctima.

El caso, que ha alcanzado relevancia nacional, pone en evidencia no nada más la falta de diligencia, sino también un preocupante favoritismo hacia el sindicato de maestros y personal docente involucrados. Según los hechos, estas acciones parecen haberse encaminado a minimizar responsabilidades y desviar la atención de las omisiones señaladas.

Macaria cuestiona esta aparente protección institucional: “¿Qué están ocultando? ¿Porqué tanto interés en evitar que este caso avance?”.

Además de enfrentar el abandono institucional, Macaria señaló que en lugar de ser tratada como víctima indirecta, ha sido tratada como si fuera una victimaria. “Las autoridades han actuado como si estuviera equivocada al exigir justicia. En lugar de investigar las omisiones de cuidado que afectaron a los menores, me han criminalizado por luchar por lo que es justo”, expresó con indignación.

Por su parte, los abogados Luis Sosa Fajardo y César Jaime Asencio, en su calidad de asesores legales de Macaria, han velado constantemente para que no se violenten los derechos de la víctima y para que se garantice el acceso a la justicia, actuando con firmeza frente a las irregularidades procesales que han marcado este caso.

En contraste, la Fiscalía en Responsabilidad Juvenil de Coatzacoalcos sí cumplió con su labor al judicializar una carpeta relacionada por el delito de violación, en la que un juez de control, Javier Francisco Fuentes Gracida, de Palma Sola, encontró elementos suficientes para vincular a proceso a un menor implicado.

Este proceso avanza hacia el juicio oral, programado para el próximo 4 de febrero de 2025, demostrando que, cuando las instituciones actúan con diligencia, la justicia puede garantizarse.

Sin embargo, en el caso de omisión de cuidado, las acciones de la Fiscalía de Minatitlán estuvieron marcadas por una preocupante falta de acción. Esta dilación no solo prolongó el sufrimiento de las víctimas indirectas, sino que además ignoró el interés superior del menor, un principio fundamental consagrado en la legislación mexicana e internacional.

“La dilación procesal y la omisión en este caso son graves. En lugar de actuar con prontitud, se permitió que el caso permaneciera estancado, favoreciendo a quienes deberían ser investigados y juzgados por sus omisiones”, señalaron los defensores de la víctima.

Al mismo tiempo, agregaron que estas acciones no son simples errores administrativos, sino indicativos de un sistema que, en ocasiones, prioriza intereses políticos y sindicales sobre el bienestar de las víctimas.

El juicio oral programado para el próximo 4 de febrero de 2025 será un momento crucial para evaluar el verdadero compromiso de las instituciones con la justicia y la verdad. Sin embargo, el caso de omisión de cuidado sigue siendo un recordatorio de que las autoridades deben actuar con total transparencia y responsabilidad, priorizando siempre el bienestar y los derechos de los menores.

“La justicia no se regala. Las víctimas no deberíamos estar aquí exigiendo lo que por derecho nos corresponde. Las autoridades tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, sin excusas ni favoritismos”, concluyó Macaria.

El interés superior del menor no puede ser ignorado y por lo tanto, las omisiones en este caso deben ser investigadas y sancionadas, no hay de otra.