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Raúl López Gómez/Cosmovisión
Veracruz fue de nueva cuenta mala noticia nacional e internacional por el plagio y posterior asesinato de dos sacerdotes de la región de Papantla; la condena social y de la iglesia por este crimen no se hizo esperar. La Fiscalía General del Estado trató de atajar el escándalo con un somero boletín en donde aseguraba, sin mayores detalles que le dieran veracidad, que ya tenían identificado al supuesto responsable del crimen.
La celeridad con que la FGE generó más dudas que certezas, conociendo el estilo de hacer justicia y que tiene que ver en contener a la opinión pública con informaciones que muchas veces carecen de veracidad.
El Fiscal General suele resolver en comunicados de prensa muchos delitos, método al que recurre con frecuencia ante la presión de la opinión pública, y en aras de mantener su imagen, práctica que podría ser su principal debilidad y que le facilite al Gobernador Electo cumplir su propósito de removerlo del cargo.
Sin un ápice de sensibilidad, y tratando de culpar a las víctimas de su propia muerte, Luis Ángel Bravo aseguró que los sacerdotes tomaban parte de una juerga o borrachera con sus verdugos; la fiesta se salió de control, narró cual adivino, y por esa razón los sacerdotes fueron asesinados.
En otras palabras ellos se lo buscaron.
Bien reza el dicho popular que no hay peor ciego que el que no desea ver y peor sordo que el que no desea escuchar; la estrategia de culpar a las víctimas ha sido siempre un boomerang que se le revierte al gobierno, en su desesperación por exculparse del crimen.
Obvio es que el Gobierno no es culpable de la muerte de los sacerdotes, pero sí el responsable de esclarecer el delito y castigar a los criminales; la tesis de que estaban borrachos no le quita a la autoridad el deber que tiene de hacer justicia.
Los sacerdotes son víctimas, no culpables y eso parece no entenderlo el Fiscal General.
No aprenden.