Raymundo Jiménez/Al pie de la letra
Cifras de la muerte
La cifra se escribe rápido, cien mil desaparecidos en México en los años recientes, dato que hace añicos la estadística oficial que habla de 26 mil personas que fueron plagiadas o levantadas sin que se sepa su destino.
Una vez asentado el número, uno no puede menos que detenerse un momento a reflexionar sobre el acumulado de desaparecidos de este país, la mayoría seguramente muertos en terribles condiciones ¿En qué momento nos perdimos como sociedad? ¿Cómo hemos permitido esta masacre? ¿A quién debemos culpar? ¿Habrá justicia para las familias de estos miles y miles de hombres, mujeres y niños?
En todos los casos las preguntas quedan sin respuesta.
Amnistía Internacional incluso aseguró que la cifra de cien mil desaparecidos está por debajo de la tragedia que vive esta nación, pues habló de un enorme subregistro y la falta de denuncias oficiales de las familias de las víctimas que se desalientan, incluso, antes de toparse con la muralla oficial que todo oculta, todo minimiza, todo aniquila.
Reuniones van y reuniones vienen sin que haya nada nuevo que no sea la catarsis de las familias que reeditan sus reclamos contras las autoridades, las cuales con libreta en mano y cara de circunstancias atienden con resignación a quienes exigen su derecho a la justicia y al duelo.
Roberto Campa estará este miércoles en Xalapa para reunirse por enésima ocasión con los colectivos, que a pesar todo no pierden la esperanza de encontrar el camino que les haga justicia a sus desaparecidos y les de paz a las familias.
Hoy hay temas nuevos que discutir: las fosas de Colinas de Santa Fe allá en el puerto de Veracruz, el cementerio que muchos sabían –autoridades y delincuentes- que existía y que ocultaba un muro de complicidades y temores.
Un segundo asunto: la inhumación inhumana e ilegal en sólo uno de los panteones enlistados para revisar, Palo Verde, donde cientos de ejecutados fueron arrojados en fosas comunes envueltos en bolsas negras como si fueran basura.
El día que los colectivos acudieron a revisar las fosas comunes en Palo Verde, del dolor pasaron a la sorpresa y de ahí a la indignación y a la furia.
En cada fosa había más cuerpos de los que la Fiscalía General tenía en su reporte. “Aquí hay cuatro cuerpos, una mujer y tres hombres”, decían los peritos de la Fiscalía antes de abrir la fosa, pero al descubrirla saltaban a la vista diez o doce cadáveres amontonados, algunos de ellos aún en estado de putrefacción, señal de que tenían pocos días de haber sido arrojados al olvido.
En la mayoría de los casos no existen registros de ADN ni fotografías, ni hay guardadas las pertenencias que tenían en el momento de ser localizados.
Además de la violación flagrante a los derechos humanos de las familias de las víctimas hay un claro incumplimiento de la ley por parte de la FGE cuyo titular quiere exculparse responsabilizando, de lo que impersonalmente llama movilización de cuerpos, a la falta de control de anteriores procuradores, en particular a quien lo antecedió en el cargo, Amadeo Flores Espinosa.
Es de tal magnitud el tema y las posibles consecuencias legales y políticas que por eso el Fiscal se ofreció para ir a dar explicaciones a los legisladores sobre el tema de los desaparecidos y las fosas comunes, y ha excusado el grave incumplimiento de las normas y el desorden en torno al registro y manejo de cuerpos inhumados a la falta de recursos financieros, solicitando mayores apoyos para poder cumplir bien con su responsabilidad. Así las cosas
*Este texto es responsabilidad absoluta del autor.