Razones de Estado

El gran negocio

En días pasados asistimos a la polémica generada por la difusión en televisión nacional de los adeudos que el gobierno mantenía con distintas empresas las cuales, mediante convenio, daban créditos de varios giros a burócratas, principalmente a maestros, y que eran pagados vía descuento directo de nómina a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

La polémica la centró el periodista Carlos Loret de Mola en el hecho de que el Gobierno del Estado retenía a los trabajadores los pagos y que no los trasladaba a las empresas acreedoras lo que generó problemas serios de liquidez a las mismas y serios problemas a los burócratas que sin deberla ni temerla se fueron, muchos de ellos, a buró de crédito.

Una de las vertientes del caso, tal vez una de las más importantes, y de la que nadie habla, es quien o quienes eran los principales beneficiarios ocultos de este esquema.

El  Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), era el que autorizaba a las empresas a trabajar con sus agremiados, ahora se sabe que bajo un sistema literalmente de usura y agiotismo, estas empresas lucraban a costa del gremio magisterial.

Se asegura que los dirigentes sindicales empezando por la otrora poderosa, hoy en prisión, Elba Esther Gordillo eran los reales beneficiados de este sistema.

Bien valdría que los líderes pasados y actuales del SNTE secciones 32 y 56 dieran la cara, defendieran a sus agremiados y explicaran cómo, y bajo qué condiciones avalaron a todas esas empresas que lograron acceder a ese millonario –y por lo visto indefenso- mercado que representan más de 150 mil trabajadores federales y estatales de la educación.

Tras la caída de la lideresa moral del SNTE, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de Educación cancelar todas las claves de estas empresas, y mediante la banca de desarrollo Bansefi otorgar créditos a los maestros a tasas de interés mucho más bajas y resolver la cartera vencida del este gremio que de acuerdo a cifras oficiales rondaba los cinco mil millones de pesos, mecanismo replicado en Veracruz y al cual aludió el Gobernador Javier Duarte en su defensa ante los cuestionamientos del periodista de Televisa.

Si bien es cierto que hay razones para cuestionar a empresa como Intermercado a la que se acusó casi de explotar a los maestros veracruzanos con sus altas – y posiblemente ilegales – tasas de interés, no es menos verdadero que las instancias correspondientes, y no el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, han permitido que las dudas, los reclamos y los cuestionamientos crezcan ante la falta información y claridad en torno a la manera como se han manejado estos millonarios convenios.