Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* FISCALÍA ‘INTERNACIONAL’

La semana pasada, el pozarricense Ignacio Morales Lechuga, ex rector de la Escuela Libre de Derecho y ex presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, comentó en su cuenta de Twitter: “Salió ya el verdadero fiscal veracruzano, un abogado de origen argentino. Ponerlo fue una bofetada a la UV que ha formado buenos abogados.”

Morales Lechuga, quien fue subsecretario y secretario de Gobierno de 1980 a 1984 en  la administración del gobernador Agustín Acosta Lagunes; luego Procurador de Justicia del Distrito Federal, titular de la Procuraduría General de la República y, posteriormente, embajador de México en Francia, se refería al doctor Gabriel Andrés Cámpoli Kessler, un abogado que efectivamente es nativo de Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut, Argentina, y quien en la Fiscalía General del Estado (FGE) estuvo a cargo de la Secretaría Técnica y después, hasta finales de octubre pasado, como fiscal quinto adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.

Llama la atención que la FGE no haya informado ni confirmado hasta ahora la salida de Cámpoli, de quien nadie sabe además si adquirió la ciudadanía mexicana, pues de lo contrario todos los actos que haya realizado como fiscal serían legalmente nulos.

La única versión que se conoce hasta ahora de su salida de la FGE es la difundida por un blog informativo (NotimexPR), que asegura que lo cesaron porque “le metió la mano al ‘cajón’ y fue descubierto.”

El resto del texto publicado en el sitio notimexpr.blogspot.mx dice lo siguiente:

“El argentino, que por cierto no se sabe cómo es que siendo extranjero trabajaba en un importante puesto, fue despedido este martes (24 de octubre).

“Era el encargado de los casos fuertes, según traído por Yunes Linares para hacerse cargo de ‘chingar’ a ‘Fisculín’ (Luis Ángel Bravo Contreras), o sea, al anterior FGE.”

“De esto guardan silencio, ni se lo filtraron al vocero consentido del Notiyunes.

“Ahhh, por cierto, este funcionario fue el que hizo el ridículo cuando ingresó al Congreso Local y fue hasta la oficina del diputado Fernando Kuri Kuri, quien supuestamente había falsificado un título profesional, lo cual se demostró que dicha acusación no procedía.”

En efecto, el fiscal Cámpoli Kessler requirió a finales de julio al coordinador del grupo legislativo “Juntos por Veracruz” para que se presentara a declarar sobre la carpeta de investigación C.I. FESP/394/2016/VI-II, acerca de un título universitario presuntamente falso que ostentaba el legislador sureño, sobrino del diputado federal priista Fidel Kuri Grajales, dueño del club de futbol Tiburones Rojos de Veracruz y ex candidato de la alianza PRI-PVEM a la alcaldía porteña, quien en la reciente elección municipal contendió contra el senador con licencia, Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador Yunes Linaresa que fue abanderado por la coalición PAN-PRD.

Todavía hace tres semanas, el viernes 13 de octubre, a través del oficio número FGE/FGIM/5º./5356/2017, aún como  fiscal quinto adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Cámpoli le habría solicitado al director de la Policía Ministerial del Estado, almirante Pedro García Valerio, que se avocara a la presentación del C. Lic. Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, Notario No. 19 de Fortín de la Flores, “a efecto de que declare en relación a los hechos que nos ocupan…”

Cruz Maraboto es señalado como uno de los 12 fedatarios que en la pasada administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa habrían participado en la constitución de la red de empresas fantasmas, a la cuales –según el portal informativo Animalpolitico.com– le fueron asignados 21 contratos por un total de 645 millones de pesos.

Pero Cámpoli Kessler no es o era el único poder tras el trono en la FGE. Este lunes 30 de octubre, la publicación digital “Plumas Libres” difundió una carta que presuntamente le entregaron policías ministeriales, los cuales señalan al Visitador General, Marcos Even Torres Zamudio, de ser “quien realmente” les da las órdenes y decide a qué ex funcionarios duartistas aprehender y a qué amigos, recomendados o aliados políticos del fiscal general o del gobernador deben encubrir.

BETO SOSA, BIEN LIBRADO

De los tres Poderes del gobierno del estado, el Judicial, que el sexenio pasado estuvo presidido por el magistrado Alberto Sosa Hernández, fue el que salió mejor librado en la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2016, el último de la administración estatal anterior.

Y es que de acuerdo con el informe del Órgano de Fiscalización Superior, cuyo dictamen acaba de ser aprobado por la LXIV Legislatura local, de los cuatro entes fiscalizables se concluyó que en ninguno se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, y únicamente en tres –Centro Estatal de Justicia Alternativa, Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia del Poder Judicial, y los H. H. Tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, de Conciliación y Arbitraje, y Consejo de la Judicatura– se observaron inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a recomendaciones, por lo que el ORFIS sólo notificara al titular del Ente Fiscalizable y al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones las recomendaciones determinadas para su atención.

El Fideicomiso de Administración e Inversión Número F/407807-7 fue el único al que no le detectaron ni  inconsistencias administrativas.

BREVE DESCANSO

Debido a la festividad de Todos Santos, esta columna volverá a publicarse hasta el próximo lunes 6. Gracias por su comprensión.