Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* EL ‘CONSENTIDO’ DE PEÑA

Con base en una filtración de la Fiscalía de Chihuahua, estado gobernado actualmente por Javier Corral, del PAN, el diario Reforma dirigió este martes un obús en contra del PRI que indirectamente le pega a su precandidato presidencial José Antonio Meade.

El influyente periódico capitalino tuvo acceso a la declaración ministerial del testigo con “Identidad Reservada” I701/2017, rendida ante la Fiscalía chihuahuense y que, según fuentes oficiales, corresponde a Jaime Herrera Corral, quien se desempeñó como secretario de Hacienda en la administración del ex gobernador priista César Duarte. Según reveló el ex funcionario, la Secretaría de Hacienda federal, a cargo aún de Luis Videgaray, habría avalado en 2016 la triangulación de recursos públicos a campañas del PRI en otras entidades que no tenían gobernadores emanados del partido tricolor.

Herrera Corral, en su declaración ministerial realizada el 1 de julio de este año, confesó que Alejandro Gutiérrez, principal operador del ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, “me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos.”

El ex funcionario detalló que Gutiérrez fue el estratega de las transacciones, y que con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, aprobaron un convenio de “Fortalecimiento Financiero” por 275 millones de pesos. Explicó que los recursos fueron recibidos y, con el apoyo del entonces secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de Chihuahua, simularon compras para enviar de regreso al PRI 250 millones de pesos.

El testimonio de Herrera ha sido determinante para enjuiciar a Yáñez, Villegas y Tarín.

Este escándalo político, que en las campañas presidenciales será oro molido, lo retomó de inmediato este mismo martes el precandidato del PAN, Ricardo Anaya, quien remarcó que esta presunta intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la triangulación de recursos públicos a campañas del PRI “es una acusación gravísima” y es la “prueba de fuego” para el nuevo titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana.

También dijo que el precandidato de la alianza PRI-Panal-PVEM, José Antonio Meade, le debe una explicación a la opinión pública en la lógica de que es inverosímil que él, como sucesor de Luis Videgaray en la SHCP, no se hubiera enterado de esa desviación de recursos para el Revolucionario Institucional.

Pero si Anaya quisiera darle el tiro mortal al partido y al candidato del presidente Enrique Peña Nieto, el ex dirigente del PAN sólo tendría que probar la lealtad del gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y pedirle que exhiba las pruebas que desde octubre del año pasado dijo tener sobre la corrupción de su antecesor Javier Duarte y que había prometido darlas a conocer en su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2016.

“Cuando dé a conocer la corrupción de Duarte el país entero se va a cimbrar”, amenazó el entonces gobernador electo del PAN a mediados de octubre, cuando corría fuerte la versión de que el Tribunal Federal Electoral anularía los comicios en los que había resultado triunfador.

Sin embargo, en la ceremonia de su toma de protesta, ante el propio Ricardo Anaya, del representante presidencial Aurelio Nuño –quien acaba de renunciar a la SEP para coordinarle la campaña presidencial a Meade– y de docenas de invitados especiales, Yunes Linares solamente dijo que estaba a la espera de que concluyera una investigación iniciada con información proporcionada por él mismo sobre la red y destino de recursos públicos que fueron trasladados en helicóptero desde Veracruz a un edificio de la zona conurbada de la Ciudad de México.

Pero Yunes no hablará. Menos ahora que se jacta de ser el gobernador “consentido” del presidente Peña Nieto, al presumir que durante 2017 el estado recibió 6 mil 125 millones de pesos (MDP) más en participaciones federales respecto a 2016, al pasar de 34 mil 126 MDP en el último año de la administración duartista a 40 mil 251 MDP en el primero de la gestión que actualmente él encabeza.

Y José Antonio Meade, antes de renunciar a la Secretaría de Hacienda para registrarse como precandidato presidencial del PRI, en el proyecto de presupuesto de egresos que envió para su aprobación a la Cámara de Diputados, le aumentó a Yunes en 14.1 por ciento las participaciones federales para 2018, que representa un monto de 7 mil 500 millones de pesos más, equivalente a casi la totalidad del déficit financiero del gasto operativo anual del gobierno panista.

Por eso es que aunque su administración no ha fortalecido sus ingresos propios ni ha reducido al máximo su gasto corriente como recomendaban expertos en finanzas públicas, el miércoles 8 de noviembre pasado, al anunciar la renegociación de la deuda pública del gobierno del estado, Yunes Linares afirmó que “vamos a entregar a Veracruz con finanzas estables, no habrá déficit financiero en noviembre de 2018”, y que “a diferencia de lo que sucedió (en 2016), el gobernador que me suceda no encontrará arcas vacías, encontrará una deuda refinanciada, transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos”.

Por supuesto que está planeando entregarle la gubernatura a su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde saliente de Boca del Río.

DUARTE: ¿AMAGO FALLIDO?

Por cierto, ¿esta filtración al diario Reforma sobre la triangulación de recursos públicos al PRI de los gobiernos priistas de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz en 2016 tendrá que ver con la amenaza velada que a mediados de noviembre hizo el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien entrevistado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México le dijo “en buen jarocho” al periodista Humberto Padgett, del noticiero televisivo de Ciro Gómez Leyva, que “me estoy mordiendo un huevo por no decir todo lo que tengo que decir y el otro para no mentarle su madre a Miguel Ángel Yunes”?

Y es que casualmente, este viernes 15, el mismo periódico capitalino publicó la versión de que recientemente “dos altos funcionarios federales” habrían acudido al Consejo de la Judicatura para decirles, a puerta cerrada, que “no se opondrían si los magistrados deciden retirarle al veracruzano el delito de delincuencia organizada”, recibiendo por respuesta que esa petición la hicieran formalmente ante el juez en la próxima audiencia pública del ex gobernador de Veracruz.

El supuesto amago de Duarte, según se ve, no tuvo el efecto que en cambio sí consiguieron el ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, y la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. Al primero le libraron el delito de lavado de dinero, y a la profesora, coincidentemente después de la alianza del PANAL con el PRI, le concedieron seguir desde su casita el proceso penal.

¿El ex mandatario veracruzano qué podría aportar para que el PRI retenga la Presidencia de la República? Su grupo político está totalmente diezmado: unos, como él, en prisión; otros huyendo para evadir las órdenes de aprehensión o cooptados por el gobierno panista de Yunes a cambio de impunidad.