Enrique Márquez vuelve a prender señales de alerta
El 10 de noviembre de 2020, por convocatoria del movimiento Sí por México que lidera el empresario Claudio X. González Guajardo, los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD anunciaron que trabajarían juntos hacia la elección de este año, especialmente para alcanzar una mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para hacerle contrapeso al poder avasallante del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al mes siguiente, el 23 de diciembre, las dirigencias de los tres partidos acordaron postular conjuntamente candidatos a diputados en 171 de los 300 distritos electorales federales del país.
En esa ocasión, concretamente Marko Cortés, presidente del CEN del PAN, señaló que no se postularían personas que fueran “impresentables”.
Y es que al conocerse que Morena pretende postular a personajes como el senador Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero –quien ha sido acusado de violar sexualmente al menos a tres mujeres, entre ellas a la pareja del doctor Reynaldo Soria, fundador del PRD en la entidad guerrerense y exoperador político del exalcalde de Acapulco–, los promotores de la alianza Va por México consideran indispensable, desde el punto de vista estratégico, que la coalición tripartidista cumpla cabalmente con su compromiso de no postular candidatos que no gocen de buena reputación pública ni tengan solvencia moral.
Sin embargo, en Veracruz se han propuesto algunos nombres que han suscitado muchas dudas ante la opinión pública, considerándolos malos augurios para la elección federal de junio próximo.
Ayer comentábamos aquí el caso del priista Adolfo Mota Hernández, a quien la alianza Va por México pretende postular por el octavo distrito electoral federal (Xalapa-Rural), no obstante que hace siete años, en un foro en Boca del Río, Claudio X. González cuestionó públicamente los millonarios desvíos observados por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Educación de Veracruz que entonces encabezaba Mota en la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Pero en el PRD están peor, pues intentan nominar como candidatos a diputados federales a Fredy Ayala González, por el distrito electoral con cabecera en Minatitlán, y a Rogelio Franco Castán… ¡por la vía plurinominal!
Ayala González, presidente municipal de Playa Vicente –quien en noviembre pasado, cuando fue ejecutada la alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, salió a defender oficiosamente al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ante los señalamientos de otros ediles perredistas que acusaban al titular de la SEGOB de amenazas–, ha sido señalado públicamente de tener presuntos vínculos con un grupo de la delincuencia organizada del sur de Veracruz.
Y Franco Castán fue acusado por segunda ocasión en junio de 2017 por su esposa Guillermina Alvarado González de golpearla. La pareja del ex secretario de Gobierno yunista subió fotografías en Facebook mostrando su cara amoratada.
¿Inhabilitará el Instituto Nacional Electoral su candidatura ante los lineamientos aprobados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres?
¿POR QUIÉN IBAN?
Por cierto, sobre el fallido atentado ocurrido la tarde de este martes en un popular restaurante de Oluta, municipio conurbado a Acayucan, muchos se preguntan a quién querían ejecutar los torpes sicarios: ¿a la fiscal de distrito, Marisela Rojas Cisneros, o a la diputada local de Morena, Florencia Martínez Rivera?
La clave está, obviamente, en la respuesta al por qué. Dicen quienes presumen saber el verdadero fondo de este aberrante acto criminal que una de las dos mujeres presuntamente “incumplió”. ¿Pues qué será?
Seguramente pronto lo sabremos, ya que anoche mismo las autoridades salieron a informar que ya tienen identificados a los tres supuestos criminales.