Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* FISCALÍA ELECTORERA

En plena recta final de la reñida sucesión gubernamental, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró que un juez librara una nueva orden de aprehensión en contra del ex gobernador Javier Duarte por su presunta implicación en la desaparición forzada de al menos 13 personas.

Este caso, al igual que la persecución de Karime Macías, la esposa del ex mandatario priista, ha generado suspicacias debido a la complicada coyuntura electoral que enfrenta el grupo en el poder que pretende reelegirse a través del primogénito del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; sospechas que parecerían infundadas ya que las encuestas que de Palacio de Gobierno han mandado a insertar en medios impresos y digitales afines le dan una supuesta ventaja al junior del gobernante del PAN de hasta 8.6 puntos de ventaja sobre Cuitláhuac García Jiménez, de MORENA, su más cercano competidor.

Si el candidato de la coalición “Por Veracruz al frente” de veras le sacara tan amplia distancia al morenista –quien en otras mediciones, como la última del diario Reforma, únicamente le aventajaba por un punto porcentual (43 contra 42%)–, ¿para qué seguir pervirtiendo la procuración de la justicia al ejercerla tardíamente y como un espectáculo mediático sólo para efectos electorales? Porque la orden de aprehensión girada apenas en contra de Macías Tubilla bien pudieron solicitarla desde hace más de un año, antes de que la cónyuge de Duarte huyera a Inglaterra, igual que debieron proceder por este nuevo delito de lesa humanidad en contra del ex mandatario veracruzano al momento de su detención y extradición de Guatemala.

Y es que ahora deberán lidiar con las normas internacionales en materia de extradición, por el llamado principio de especialidad, ya que el país requirente no puede fincarle acusaciones penales a un acusado sin el aval o permiso del país requerido.

Desde julio de 2017, en un artículo publicado en el diario El Universal, el abogado veracruzano Ignacio Morales Lechuga, ex titular de la PGR y ex embajador de México en Francia, le corrigió entonces la plana a la Fiscalía yunista al puntualizar que “el gobierno mexicano está impedido de juzgar a Javier Duarte por conductas distintas a las que se establecieron en la solicitud de extradición”, refutando lo que el titular dela FGE, Jorge Winckler, había sostenido en una conferencia de prensa sobre otros presuntos delitos que, según él, sí se le podrían imputar al ex gobernador recién extraditado de Guatemala.

“Por la regla de especialidad prevista en el artículo 15 del Tratado de Extradición, las fiscalías federal y local hoy se encuentran limitadas. No podrían imputar otros delitos a Javier Duarte, en consecuencia, pese a todo lo publicado y dicho, el ex gobernador (impunidad) ganaría una limpieza jurídica de sus conductas al impedírsele al gobierno actuar en su contra por otros delitos no incluidos en la extradición”, precisó el ex rector de la Escuela Libre de Derecho y titular de la Notaría Pública 116 de la Ciudad de México.

FISCAL INSENSIBLE

Por cierto, para variar, este jueves le “llovió” al fiscal Jorge Winckler por el desafortunado nombre que le puso a su equipo de futbol de la dependencia que encabeza, lo que fue considerado como una falta de respeto y de sensibilidad hacia las adoloridas familias que siguen buscando a sus desaparecidos.

Pero no es la primera vez que al titular de la Fiscalía General del Estado le llueven críticas por su frívola actitud y trato irrespetuoso hacia los Colectivos organizados para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

A mediados de febrero del año pasado, por ejemplo, miembros de Colectivos como Solecito, Familias Enlaces Xalapa, Hasta Encontrarlos y Red de Madres Veracruz, entre otros, le dieron la espalda al entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y abuchearon al fiscal estatal Winckler Ortiz por hacerlos esperar más de tres horas a las afueras de la FGE para una reunión de trabajo donde se darían resultados y avances sobre casos concretos de víctimas.

“Ineptos, malos modales, incompetentes, respeten nuestra calidad de víctimas, ¿de qué corral salieron? pues parecen animales por insensibles”, eran las consignas que recibieron Campa, Winckler y el fiscal especializado para Desaparecidos Luis Eduardo Coronel, así como otros funcionarios de SEGOB ahí presentes.

En esa ocasión se quejaron de la indiferencia de la Fiscalía, pues expusieron que iban 218 cadáveres exhumados por colectivos en el cementerio clandestino de Santa Fe, pero que la última vez que la FGE dio información del caso sólo reconoció 164 cuerpos.

Lucy Díaz Henao expuso que las madres del colectivo Solecito eran las que habían “financiado” las exhumaciones de miles de fragmentos óseos y de más de 200 cráneos, pues la FGE del nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no había querido apoyarlas con recursos.

En los primeros 80 días del gobierno de Yunes se prometió que el tema de los desaparecidos sería “jerárquico” en la agenda pública, sin embargo, por esas fechas, en las reuniones con colectivos de desaparecidos el titular de la FGE dejó plantados en dos ocasiones a los familiares.

Posteriormente, en marzo de 2017, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) criticó al Fiscal veracruzano por dar a conocer el hallazgo de ocho fosas clandestinas sin comunicar primero a las familias de las víctimas y sin contar con las evidencias científicas necesarias. En un pronunciamiento, el Instituto retomó la conferencia de prensa ofrecida por Winckler el 19 de marzo, donde informó que existían indicios sólidos del hallazgo de tres integrantes de la familia Sánchez Pérez, de Baruch Grajeda García e Isaías Jácome Hernández, desaparecidos en 2016.

“Consideramos que es un acto irresponsable dar a conocer estas informaciones que representan únicamente hipótesis sustentadas en indicios, que no han sido corroboradas por los medios científicos y legales pertinentes”, criticó el IMDHD en un comunicado. “Ni las víctimas indirectas o sus representantes fueron informadas personalmente y previamente de este hallazgo, (…) sino que se enteraron mediante la prensa, lo que les generó gran impacto, desesperación, dolor e incertidumbre”. Señaló que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no había iniciado el procedimiento de identificación forense y ni siquiera tenía la certeza de contar con los perfiles genéticos de las familias de personas desaparecidas. Winckler, agregó, violó los derechos humanos de las víctimas y los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas al no notificar primero a las familias. El Instituto exigió a la Fiscalía establecer de inmediato mecanismos de comunicación directa con las familias y colectivos de víctimas. “Facilitar todos los medios para que las familias afectadas por estos hechos y sus representantes acudan cuantas veces sea necesario a las instalaciones de la Fiscalía General a recibir o aportar información”, añadió. Además, urgió a acelerar los procedimientos de identificación forense de los restos localizados en Alvarado y Colinas de Santa Fe, cuyo hallazgo fue hecho por colectivos de víctimas.

A su vez, la asociación Desaparecidos Justicia Querétaro exigió al Fiscal de Veracruz una disculpa pública a la familia Sánchez Pérez, por las tres personas desaparecidas. Ello debido a que divulgó el supuesto hallazgo de los restos de María Dolores Pérez, Javier Sánchez y Karen Sánchez en fosas de Arbolillo, Alvarado, sin informar primero a sus familias. “Dio de manera irresponsable la noticia del hallazgo de unas tarjetas y credenciales, y con eso le basta para suponer que se trata de nuestros familiares”, reclamó en conferencia de prensa la representante de Desaparecidos Justicia, Brenda Rangel. “Exigimos una disculpa y explicación pública, y reiteramos que hasta el momento no tenemos la seguridad de que en esa fosa clandestina estén nuestros familiares”. Colectivos veracruzanos de familiares de personas desaparecidas también expresaron su apoyo al Colectivo El Solecito, responsable de destapar las fosas en Colina del Santa Fe, donde hallaron más de 250 cuerpos. Reclamaron que la Fiscalía veracruzana simulaba la búsqueda de desaparecidos, ya que son las propias familias quienes buscan y encuentran las fosas.

Por ese entonces acusaron que desde la llegada de Winckler a la Fiscalía se había rehusado a reunirse con los colectivos y que su trato hacia ellos era evasivo e irrespetuoso. “Lejos de abrir canales de comunicación interinstitucionales y sensibles con nuestra situación, la información que recibimos mediante la prensa y las redes sociales minimiza la problemática”, señalaron.