Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* YUNES: ATENCO NO SE OLVIDA

Después de doce años de exigir justicia, el viernes 21 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones cometidas contra 11 mujeres en 2006 en Atenco, Estado de México, durante un operativo policiaco en el que estuvo implicado el ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese entonces se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública federal.

El máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontró que las mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual y falta de acceso a la justicia. “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, sentenció la CoIDH, la cual reprochó la ausencia de regulación adecuada, la falta de capacitación de los agentes, de supervisión y de monitoreo ineficiente del operativo en el que participaron mil 815 policías estatales y 628 federales entre el 3 y 4 de mayo de 2006.

En la sentencia, que fue adoptada el 28 de noviembre pero notificada el 21 de diciembre del año antepasado, la CoIDH hizo referencia al papel de diversas autoridades, entre ellas el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien autorizó utilizar la fuerza pública estatal y federal.

Hace 14 años, feministas integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y Salud Integral para la Mujer (SIPAM) señalaron a Yunes como “responsable directo de los hechos y de los actos criminales de la corporación a su cargo”. Lo acusaron de poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de las mujeres violadas por los elementos a su mando, validando el proceder de los elementos policíacos.

Ante los actos brutales, el abuso y la criminalidad de los policías en este operativo, las organizaciones civiles exhortaron al entonces funcionario federal veracruzano a renunciar y a ponerse a disposición de las autoridades correspondientes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció como víctimas a 11 mujeres, de las cuales Italia Méndez Moreno y Norma Aidé Jiménez Osorio dieron una conferencia de prensa anteayer acompañadas por abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en la que informaron que el 8 de julio pasado promovieron un amparo contra la Fiscalía del Estado de México para exigir que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), pues denunciaron que la Fiscalía mexiquense se ha negado a dar la competencia del caso a la justicia federal, con lo que está obstaculizando el cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano de la CoIDH.

Ambas sobrevivientes de la tortura sexual afirmaron que no están dispuestas a ceder ni un milímetro de la aplicación y cumplimiento dela sentencia de la Corte Interamericana.

¿Llegarán hasta Peña Nieto y Yunes Linares?

PALO GACHO: AGREDEN A POLICÍAS

Por cierto, hablando de policías, este lunes 14 circuló en redes sociales un video sobre hechos ocurridos en la congregación de Palo Gacho, del municipio de Emiliano Zapata, en el que –contrario a lo ocurrido en 2006 en Atenco, Estado de México– se observa a civiles agrediendo a elementos de la Fuerza Civil de Veracruz.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que la grabación corresponde a un bochornoso hecho ocurrido este sábado 12, “durante una intervención policial por alteración del orden público en el exterior de un expendio de bebidas alcohólicas.”

Según la versión de la SSP, “por la agresión de civiles hacia los efectivos, éstos decidieron retirarse del lugar”.

Pero la dependencia a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado informó que ayer lunes “fue ubicado uno de los implicados en dicho evento y quien nuevamente fue denunciado por la comunidad por alterar el orden, además de agredir y amenazar a los oficiales, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.

“Para la SSP es importante precisar que en todo momento nuestros elementos se condujeron con respeto a los derechos humanos y con estricto apego en la ley”, se afirmó en el comunicado oficial.

Ese penoso incidente hizo recordar otro caso trágico ocurrido en esa misma población de Emiliano Zapata hace un par de meses, y del que hasta ahora las autoridades estatales, principalmente la Fiscalía General del Estado, no han informado sobre los avances de sus investigaciones.

Y es que el jueves 2 de julio, cinco jóvenes xalapeños fueron levantados por un comando armado en un expendio de cerveza de Palo Gacho.

Los desaparecidos fueron identificados como Cedrick Abdiel Ramírez Aguilar, de 19 años; su primo Iván Aurelio Aguilar Villa, de 26; Mario Figueroa Domínguez, de 32 años; Iván de Jesús Sosa Lagunes, de 32, y Marco Javier Reyes, de 30.

Los cinco, como ya se informó en su momento, fueron “levantados” cuando consumían cervezas en un expendio llamado “Michelukas”.

Hasta le fecha se desconoce el avance de la carpeta de investigación número 118/2020, cuyo retraso en las pesquisas se ha pretendido atribuir a la pandemia.

Pero también ha trascendido que algunos testigos, por temor, se han negado a declarar sobre este hecho, principalmente la propietaria de la cervecería que inclusive promovió hasta un amparo ante la justicia federal con la representación de tres abogados defensores.

Se ignora si al menos entregó a las autoridades ministeriales las videograbaciones de las cámaras instaladas en su negocio.

De hecho, la Fiscalía tardó dos semanas en comenzar a investigar este caso, no obstante que los familiares de las víctimas reportaron su desaparición al día siguiente, el viernes 03 de julio.

Palo Gacho cobró notoriedad a finales de mayo de 2012, cuando en el sexenio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán se descubrió un centro de entrenamiento de una célula criminal vinculada al Cártel de Los Zetas, cuyos miembros se dedicaban a la extorsión y secuestro en toda esa región. En el enfrentamiento con las fuerzas federales, 12 sicarios perdieron la vida.