Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* POBREZA: NEGOCIO DE FAMILIAS

Si según las encuestas de Palacio de Gobierno, el candidato del frente PAN-PRD-MC, Miguel Ángel Yunes Márquez, mantiene en la contienda por la gubernatura una supuesta ventaja de hasta 12 puntos sobre su más cercano competidor Cuitláhuac García Jiménez, de MORENA, ¿por qué entonces su padre, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, sigue operando al filo de la ley exponiendo anticipadamente la posible anulación del “cantado” triunfo de su primogénito?

Y es que este miércoles, la dirigencia estatal de MORENA presentó ante la PGR sendas denuncias penales por el presunto uso electorero que el Gobierno del Estado le estaría dando a la distribución de 600 mil monederos electrónicos “Mi Chedraui”, mismos que portan el logotipo impreso del programa social emblemático de la actual administración panista: “Veracruz Comienza Contigo”, y con los que se pretendería inducir el voto de los veracruzanos más pobres a favor del hijo de Yunes Linares.

El candidato Cuitláhuac García y el dirigente estatal de MORENA, Manuel Huerta ladrón de Guevara, declararon en entrevista que el mandatario estatal del PAN estaría violando flagrantemente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que claramente estipula que además de administrar “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” los fondos públicos para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, “los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

Esta no es la primera vez que Yunes muestra su preferencia hacia la cadena de tiendas de autoservicio Chedraui. El 5 de enero del 2017, por ejemplo, cuando se desató una ola de saqueos en comercios con el pretexto del “gasolinazo”, el gobernador acudió a la plaza comercial Las Brisas, del puerto de Veracruz, para contener sobre todo a las mujeres que extraían ilegalmente mercancías de una tienda Chedraui, proponiéndoles que si dejaban la rapiña, al otro día él retornaría para darles personalmente algunos apoyos.

En efecto, al día siguiente, el mandatario veracruzano se presentó en el estacionamiento de dicha plaza para entregarles vales de 500 pesos que –según afirmó– él pagó “de su bolsa” y que podrían canjear sólo en tiendas Chedraui, con cuya familia de empresarios, coincidentemente, hizo pingües negocios en el sexenio presidencial pasado.

Y es que según la averiguación previa FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016, iniciada por la PGR en agosto del año antepasado por una denuncia penal de la Sección 32 del SNTE, Yunes fue acusado de apropiarse de más de 230 millones de pesos de “comisiones” y “retenciones” indebidas de miles de maestros y burócratas federales que la empresa Consupago, S.A. de C.V., representada por Sergio Chedraui Eguía –con quien el

panista firmó varios convenios de colaboración cuando dirigió el ISSSTE–, triangulaba a través de “transferencias ilícitas” a otras tres empresas en las que además del actual gobernador figuraban como accionistas su esposa, Leticia Isabel Márquez Mora, y sus hijos, el entonces senador Fernando Yunes Márquez; al alcalde de Boca del Río todavía en funciones, Miguel Ángel Yunes Márquez, y Omar Yunes Márquez.

Todos eran señalados como accionistas o integrantes de los consejos de administración de Cobranza y Recuperación, S. A. de C. V.; Corporate Linkage, S. A. de C. V., e Intermediación Corporativa, S. A. de C. V., las cuales recibían “transferencias ilícitas” de la empresa de Chedraui Eguía, quien murió el 3 de junio de 2012 a causa de un infarto mientras corría una maratón en Chapultepec.

La denuncia de hechos –que quedó asignada a la fiscal Jésica Salgado Ruiz– señala que de diciembre de 2006 al 22 de febrero de 2010, Yunes Linares autorizó “préstamos en efectivo”, “financiamientos” y todo tipo de créditos con descuentos vía quincenal a trabajadores, cuyas retenciones iniciales recaían en Consupago, pero que ésta transfería después, a “título de comisión”, a las empresas donde los accionistas eran integrantes de la familia Yunes Márquez.

“Se aprovechó de su puesto como director general del ISSSTE, acordó con Consupago transferir recursos retenidos a los trabajadores, para posteriormente, de manera ilícita, recibirlos a través de empresas propias y familiares como supuestas comisiones”, se consigna en la hoja 5 de la denuncia de hechos.

En el polémico convenio de colaboración que celebraron el ISSSTE y Consupago no se especifica la transferencia de “retenciones” y “comisiones” a las empresas cuyos accionistas son los hijos de Yunes Linares, pese a que a dicho convenio se le hicieron varias adendas modificatorias.

El contrato, firmado el 15 de mayo de 2008, está rubricado por el proveedor Sergio Chedraui Eguía y Jesús Villalobos López, subdirector general de Finanzas del ISSSTE y quien posteriormente sustituyó a Yunes Linares cuando éste fue postulado por primera vez en 2010 por el PAN a la gubernatura de Veracruz.

Al cierre del sexenio de Felipe Calderón, Villalobos sería señalado como autor de un daño patrimonial al ISSSTE por 300 millones de pesos, pues erogó a discreción esa cantidad a la empresa Ingeniería Costos y Servicios, S. A. de C. V., por trabajos que no se realizaron. La investigación del Órgano Interno de Control del ISSSTE quedó radicada en el expediente PAR-729/2012.

A Villalobos lo inhabilitó la Secretaría de la Función Pública por comprobarse que asistió al partido del Supertazón 46 en Indianápolis, Estados Unidos, con un boleto de avión pagado con recursos de la Dirección de Pronósticos para la Asistencia Pública, de la que era director.

Según el área jurídica de la Sección 32 del SNTE, por esta denuncia penal a Yunes Linares se le podría fincar responsabilidades por ejercicio abusivo de funciones, operaciones con

recursos de procedencia ilícita, por “obtener beneficios económicos” como servidor público y por enajenar recursos públicos para su beneficio personal.

El convenio con la empresa de Chedraui Eguía fue rubricado también por Luis Felipe Castro Sánchez, director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, quien fue señalado por desviar fondos del Instituto, hacer “compras infladas” de medicamentos e insumos, así como traficar con la nómina y matrícula de los empleados, según acusaciones hechas por la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.

Por cierto, este miércoles fue filtrado el convenio que el gobierno de Yunes Linares, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del estado –a cuya ex titular Indira de Jesús Rosales San Román casualmente “blindaron” con fuero legislativo, ya que sorpresivamente fue promovida como candidata plurinominal al Senado de la República–, signó el 9 de febrero de este año con el Grupo Chedraui para la expedición de los 600 mil monederos electrónicos del programa “Veracruz Comienza Contigo”, en el cual destaca la cláusula séptima, sobre “el manejo de la información confidencial”, estipulando que “ ‘las partes’ se obligan a guardar estricta confidencialidad del contenido de este Convenio por el tiempo que dure la vigencia del mismo (hasta el 30 de noviembre de 2018), así como de las operaciones que ampara o toda aquella información a la que llegue a tener acceso en virtud de la colaboración convenida en el presente.”

¿Si todo lo están haciendo con estricto apego a la ley, para qué entonces no transparentarlo? La confidencialidad sólo ha desatado sospechas y provocado denuncias penales como las que acaba de presentar en su contra MORENA, por las que en pleno proceso electoral tendrán que comparecer ante el Ministerio Público federal.