Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL

Doce días antes de las balaceras y ataques de este fin de semana a las bases de la Fuerza Civil en las regiones de Huatusco y Córdoba, en Ciudad Isla pobladores salieron a manifestarse por abusos de las fuerzas policiacas, desembocando la violenta protesta en una patrulla incinerada, 6 heridos y 20 personas detenidas.

En respuesta a los señalamientos de funcionarios estatales, quienes atribuyeron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) esta movilización y hasta el «reclutamiento» de periodistas de la región para que difundieran los hechos, esta organización delincuencial hizo circular tres días después un supuesto comunicado en el que se deslindaba de la protesta de la población «por los constantes robos y violaciones» que en esa región «han hecho los elementos de la Fuerza Civil».

«Nosotros no nos metemos con el pueblo como lo hizo el director de la Fuerza Civil del Gobierno de Veracruz», puntualizaron en su presunto mensaje dirigido al presidente López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García, en el que señalaban que en Juan Rodríguez Clara los policías estatales «violaron y mataron a un civil indefenso» y que en Isla asesinaron «a otra persona a quien sacaron de su casa, violando todas las garantías individuales que su gobierno prometió respetar.»

Acusaron que «la Policía de la Fuerza Civil de Veracruz se mete a las casas sin órdenes de cateo, la población de Villa Azueta, Playa Vicente, Isla y Juan Rodríguez Clara está temerosa y horrorizada por los robos que está realizando esa corporación al mando de Jorge Luis Pescador Tirado, policía que fue corrido del Estado de México por estar vinculado al Cártel de los Zetas y que desde su llegada a Veracruz pelea la plaza para ese cártel.»

Y exigieron que «se castigue a los policías de la Fuerza civil que atacaron a ciudadanos de Isla, mataron y violaron a dos ciudadanos de Juan Rodríguez Clara y Playa Vicente, que aparezcan las personas que ellos mismos desaparecieron la semana pasada y que fue lo que generó la protesta en Isla.»

Ahora, una situación similar violentó la región de Córdoba, ciudad cuyos aterrorizados habitantes aún no se reponían este domingo de las balaceras del día anterior.

Y es que todo se originó la madrugada del pasado jueves, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Fuerza Civil, encabezados por el Delegado del Mando Único, Miguel Ángel Solano Mendoza, detuvieron en un retén a Gabriel Navarro Aceves, presuntamente vinculado al CJNG.

El problema fue que, ante su desaparición forzada, familiares y amigos se manifestaron el viernes frente a Palacio Municipal y a través de las redes sociales enviaron mensajes a la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, para «que lo devuelvan con vida, o que lo pongan ante las autoridades correspondientes si es que hizo algo malo…»

La situación se agravó cuando apareció su cadáver horas después, con huellas de tortura y un disparo en la cabeza, en unos cañaverales del municipio de Cuitláhuac.

La respuesta no se hizo esperar. La madrugada del sábado fueron atacadas las bases de la Fuerza Civil en Huatusco y Córdoba, donde casualmente fue rafagueada la patrulla PMC-002, que junto con la SP-2819 había participado en el retén donde detuvieron a Navarro Aceves.

Cuatro elementos murieron: dos policías estatales y dos municipales fueron despedidos como héroes por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

¿Por haber torturado y ejecutado al supuesto «generador de violencia», cuando por ley y por cuidar escrupulosamente el proceso penal debieron ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales de inmediato?

Hicieron exactamente lo contrario de lo que todavía hace nueve días, ante miembros de la Guardia Nacional en el nuevo cuartel de Tepatitlán, Jalisco, el presidente López Obrador reiteró otra vez: que se deben respetar los límites del uso de la fuerza contra los delincuentes.

“Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legítima defensa”, expresó a los integrantes de la Guardia Nacional según un video que el propio mandatario compartió en sus redes sociales el sábado antepasado.

CAZARÍN Y SUS CHICOS DEL CORO

No obstante los señalamientos que hace un par de semanas, tras los hechos violentos de Ciudad Isla, hizo el Cártel Jalisco Nueva Generación en contra del jefe de la Fuerza Civil del Estado, Jorge Luis Pescador Tirado –«policía que fue corrido del Estado de México por estar vinculado al Cártel de los Zetas y que desde su llegada a Veracruz pelea la plaza para ese cártel», según acusaron–, este domingo el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien preside la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local; Rubén Ríos Uribe, presidente de la mesa directiva, y el legislador cordobés, también de MORENA, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, declararon al unísono que en Veracruz ya no se pacta con la delincuencia ni se les seguirá brindando impunidad como en el pasado, sino que serán perseguidos y puestos a disposición de la justicia, casualmente lo que no hizo la policía cordobesa con Gabriel Navarro Aceves, presuntamente vinculado al CJNG.

De hecho, en el anterior comunicado difundido supuestamente por el cártel jalisciense sobre los hechos violentos de Ciudad Isla, le recordaban al «Señor Gobernador» que «existe el acuerdo de no atacar a más bases de la Fuerza Civil desde el inicio de su gobierno en el 2019, pero vemos que ha roto usted, mediante su director de Seguridad Pública (sic), Hugo Maldonado (sic), ese acuerdo» y que «no ha querido correr a este extorsionador, que fue corrido del Estado de Nuevo León por andar cobrando piso para Los Zetas.»

Ahora, sumamente enojados por la muerte de sus cuatro elementos acribillados este sábado en Córdoba, policías hicieron circular en las redes sociales, desde el anonimato, un comunicado dirigido «a todos los compañeros de todas las corporaciones policiacas», en el que expresan que «ya estuvo bien, compañeros, que por unas monedas que les dan a unos cuantos los demás tengamos que soportar todo esto, que asesinen cobardemente a nuestros compañeros…»

«No puede ser posible que estos cobardes sean 20 (…) y tengan en jaque al gobierno y a nuestra corporación, nosotros, que somos 200. Ya fue suficiente compañeros. Si (…) el Gobernador no quiere romper el millonario acuerdo que tiene con ellos (CJNG), nosotros sí; hay que ponerles un alto, vamos a cazarlos, hacerlos pagar por este cobarde atentado. Los demás compañeros que reciben unas monedas por parte de ellos, ustedes saben bien dónde tienen sus casas, por dónde se mueven; hablen y digan dónde, para poder ir por ellos y hacerlos pagar.

«A toda la ciudad: ustedes que son vecinos de ellos, denúncienlos; tenemos que acabar con la peste para tener un Córdoba seguro, porque el gobierno no va hacer nada y menos la alcaldesa, también está metida con ellos para que hagan lo que quieran en la ciudad.

«Compañeros de todas las corporaciones: estamos unidos todos contra ellos, ellos son unos simples malvivientes, son la décima parte que nosotros. ¡Vamos con todo!».