Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

• LA CRISIS FEMINICIDA

Bajo el argumento de que tal como está actualmente tipificado en el Código Penal Federal es complicado de judicializar el feminicidio porque impone siete condiciones, requisitos y circunstancias que dificultan su comprobación, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, planteó recientemente mantenerlo sólo como un homicidio en contra de una mujer, «para que cuenten con un tipo penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción, para lograr la defensa de su vida y la protección de su integridad.»
Sin embargo, su propuesta de reclasificarlo penalmente fue rechazado por diputadas federales y organizaciones feministas.
En Veracruz, la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, se incomoda cuando le abordan este tema. Inclusive, anteayer, declaró que desde enero pasado, por acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, toda muerte violenta de mujer será considerada homicidio y no se abrirá la carpeta de investigación por feminicidio, como se hacía anteriormente, sino hasta después de seguir los protocolos adecuados y dependiendo de las causas que originaron el crimen.
En la actualidad, el feminicidio sólo está considerado en los Códigos Penales de 28 entidades federativas y en el Artículo 325 del Código Penal Federal, en el cual se establece que comete este tipo de delito quien prive de la vida a una mujer por razones de género, esto es, cuando concurra alguna de estas circunstancias: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; que existan también antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito creció en el país, durante los últimos siete años, en un 137.5 por ciento.
De enero a noviembre de 2019 se registraron 793 feminicidios, de los cuales 152 ocurrieron en Veracruz, ocupando el estado el primer lugar nacional.
Pero el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres), de la Universidad Veracruzana (UV), informó que en enero de este año registró en la entidad 10 feminicidios más, aparte de 30 desapariciones femeninas y 5 homicidios de mujeres, según los datos obtenidos de portales informativos y medios impresos, además de páginas web oficiales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, comunicados de prensa de instancias oficiales y redes sociales.
OUVMujeres es una propuesta que surgió en la Universidad Veracruzana ante la necesidad de hacer un análisis detallado de las violencias hacia aquellas que habitan nuestra entidad: homicidios de mujeres, feminicidios, desaparición femenina forzada y agresiones contra mujeres.
«Si bien es cierto que la inseguridad en Veracruz se ha incrementado de manera alarmante para la población en general, debemos reconocer que los cuerpos femeninos constituyen un termómetro que documenta la virulencia, saña e impunidad de los crímenes. Simultáneamente, arroja información sobre el fortalecimiento y sofisticación de una dominación masculina añeja que se reinventa y fortalece para contrarrestar los avances en materia de derechos humanos de las mujeres», se consigna en el portal institucional.

La información obtenida que nutre la base de datos del OUVMujeres se apoya en los datos generados por el proyecto «Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad veracruzana», ya que una de sus actividades fundamentales es la de monitorear 35 medios de comunicación para registrar qué se escribe y difunde en torno a las violencias contra las mujeres.

Los datos son sistematizados de acuerdo a una metodología de trabajo basada en instrumentos legales locales que definen, por ejemplo, qué es y qué no es un feminicidio, concretamente el Código Penal del Estado de Veracruz, o la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se definen los diferentes tipos y modalidades en las que se enmarca.

Este monitoreo es realizado por estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social que cursan o han egresado de la Línea de Investigación SE Antropología Feminista y Estudios de Género, de la UV.
Por eso no es casual que desde ayer la rectora Sara Ladrón de Guevara esté convocando a todas las catedráticas, investigadoras, alumnas y trabajadoras de la UV a sumarse, junto con todas sus parientas y amigas, al paro nacional «Un Día Sin Mujeres» que se realizará el 9 de marzo próximo.

NUEVO DELEGADO AGRARIO

Este jueves al mediodía, en el edificio del Palacio Federal ubicado en la Calle de Diego Leño en la zona centro de Xalapa, el Procurador Nacional Agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, dio formalmente posesión al ingeniero agrónomo Vinicio Zamudio Figueroa como Delegado en el Estado de Veracruz,

El nuevo representante de la Procuraduría Agraria es originario del puerto de Alvarado, y, al parecer, su principal mérito para ocupar este relevante cargo es ser miembro del Consejo Nacional de Morena.

Después de este acto protocolario, Hernández Palacios y el nuevo delegado agrario acudieron a Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por el gobernador Cuitláhuac García, con quien acordaron coordinar acciones para dar certeza jurídica a las familias del campo veracruzano y fortalecer en la entidad la Cuarta Transformación que impulsa en todo el país el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta reunión participó también el secretario de Desarrollo Social del estado, Guillermo Fernández.

El que en cambio no se vio –¿acaso no lo invitaron?– fue el representante de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, supuesto coordinador de los delegados federales en Veracruz.