Raymundo Jiménez /Al pie de la letra

ORIZABA-IXTAC: ABUSOS LETALES

Hace un año, el 1 de noviembre de 2018, fueron asesinados arteramente por policías municipales de Orizaba, los hermanos Román y Ernesto Pérez González, uno profesor y el otro odontólogo de profesión.

Ambos crímenes ocurrieron alrededor de las 5 de la madrugada, frente al domicilio de sus padres Luz María González y Román Pérez.

El primer acribillado fue Román, de 31 años de edad, quien era director y docente de un par de escuelas secundarias en la región de Orizaba. El profesor fue rafagueado a escasos metros de su casa paterna por los elementos de seguridad. Ernesto, al escuchar los disparos, salió de la vivienda percatándose que la víctima era su hermano. Al abalanzarse sobre su cadáver, también fue acribillado. Su padre alcanzó a ver cómo manipularon los cuerpos colocándolos boca arriba y “sembrándoles” una arma para simular que habían atacado a los policías. Pretendieron hacerlos pasar por delincuentes.

Cuando la madre intentó salir de su casa para pedir una ambulancia, un uniformado que estaba junto a los cadáveres, le gritó: “¡Chingada madre, métase porque a usted le toca también!”.

Román, el padre, respondió: “Oficial, no le estoy faltando al respeto, únicamente pidan una ambulancia porque mi hijo se está desangrando”.

Doña Luz María aseguró haber visto también cuando los uniformados movían los cuerpos de sus hijos. “Volví a abrir la puerta y le dije al señor (Juan Ramón) Herebia (director municipal de Gobernación), quien se estaba poniendo guantes de látex: ‘¡una ambulancia, mi hijo se está desangrando!’, y me dijo: ‘No señora, ya ni va a venir, ya están muertos, ahí está el arma’, y aseguró que él tenía un policía herido.”

Ante la presión de la familia, del magisterio y líderes del SNTE y de la CNTE así como de la ciudadanía orizabeña, Herebia Hernández –quien como director de Gobernación del Ayuntamiento coordinaba a los policías municipales– tuvo que pedir licencia para separarse del cargo durante un lapso de tres meses, al término del cual fue reinstalado por el alcalde priista Igor Rojí López. En cambio, la Fiscalía General del Estado detuvo e investigó a 14 guardianes, de los cuales seis fueron imputados por homicidio doloso calificado.

Hace 17 días, ahora en Ixtaczoquitlán –en el mismo corredor industrial de Orizaba–, fue denunciada la desaparición de siete comerciantes de ropa usada. Seis hombres y una mujer, oriundos de Ciudad Mendoza, fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Policía Estatal el domingo 26 de octubre alrededor de las 15:00 horas, cuando descargaban la mercancía de un tractocamión. Los tianguistas fueron remitidos a la Comandancia Municipal de Ixtaczoquitlán, donde poco después fueron liberados tras el pago de una multa. Sin embargo, cuando regresaban a su lugar de origen a bordo de una camioneta, fueron interceptados por hombres armados que viajaban en un par de vehículos sobre el tramo carretero Orizaba-Río Blanco, en la autopista Córdoba-Puebla.

Sus familiares acusan al director de Gobernación de Ixtaczoquitlán, Octavio Alejandro Pérez Romero, de haber ordenado su detención, lo que obviamente el funcionario municipal niega. Pero, ellos, siguen desaparecidos.

Este lunes, el diario digital alcalorpolitico.com publicó que Pérez Romero se habría dado a la fuga, mientras que dos policías municipales habrían sido detenidos y estarían bajo investigación. Los demás elementos policiacos ya no se presentaron a laborar, desconociéndose si fueron despedidos o si huyeron también. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública envió desde el pasado fin de semana a 40 agentes estatales para resguardar a la población de Ixtaczoquitlán.

Las preguntas obligadas obviamente son: ¿Y los exámenes de confianza? ¿Quién certificó a los policías y funcionarios encargados de la seguridad pública de este y todos los demás municipios donde los ciudadanos padecen los mismos abusos? ¿Los alcaldes, regidores del ramo y demás miembros de los Cabildos, realmente lo desconocen o de plano no les importa?

ZONA CENTRO: MÁS FOCOS ROJOS

Por cierto, hace un mes, a principios de octubre, se registraron también varios crímenes de alto impacto en esta misma zona centro del estado. Uno de ellos fue la ejecución del ex coordinador de Seguridad Pública de Río Blanco, Jonathan Jesús Martínez García, quien recibió al menos 15 balazos. Anteriormente, Martínez se había desempeñado como comandante de la Policía Municipal de Tezonapa, más cerca de la ciudad de Córdoba.

Casualmente, desde siete meses antes de este suceso, ciudadanos de Río Blanco habían enviado una carta al presidente López Obrador, al gobernador Cuitláhuac García y al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, urgiéndolos a que investigaran a la Policía Municipal, pues acusaban que el viernes 15 de marzo levantaron a Joaquín Armando González, cuyo cadáver apareció dos días después… en el municipio de Ixtaczoquitlán.

Acusaban que “los elementos que encabezan esta Policía Municipal (de Río Blanco) se escudan bajo el uniforme para servir al cartel de Los Zetas”, y que “el coordinador de Seguridad Pública, Jonathan Jesús Martínez García, y el primer comandante Adriel Enrique Flores, fueron los que ordenaron levantar al joven trabajador cuando caminaba rumbo a su domicilio”.

Señalaban que “el encargado de ejecutar a los enemigos de Los Zetas es un tal ‘Gallo’” y pedían investigar las fosas en las inmediaciones de Los Arenales, municipio de Río Blanco, “donde el colectivo de la señora Araceli Salcedo ha encontrado más de 10 cuerpos…”

Expresaban que en Río Blanco “no gobierna David Velázquez Ruano, pues está vigilado por este par de escorias que sirven a los intereses de ‘El Fabián’, ‘El Cancino’ y de Omar Escalona Morales, papá del ‘Cachorro’”, que son “quienes realmente gobiernan, pues la desaparición de personas, secuestros, extorsiones y demás porquerías que pasan en este municipio y zonas aledañas son de su autoría.”

Apuntaban también que Escalona Morales realizaba reuniones de seguridad en el Ayuntamiento de Nogales, cuyo alcalde Guillermo Mejía Peralta “se encarga de darles la protección necesaria”, y de alinearles “a los alcaldes de esta zona centro para que apoyen a los Escalona y su podrido cartel.”

También pedían investigar a Enrique Hernández Ramos, encargado de la Policía Municipal de Nogales, a quien acusaban de “extorsionar” para Los Zetas.

¿Qué han hecho desde entonces las autoridades estatales y federales? Esperemos que den respuesta.