Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

Este lunes, en la ciudad de México, el gobernador Cuitláhuac García se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, lo que obviamente desató todo tipo de especulaciones dada la serie de denuncias penales que el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla, y los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Cisneros y Hugo Gutiérrez Maldonado, respectivamente, han venido presentando desde el pasado mes de mayo ante la FGR en contra del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y diversos ex colaboradores, entre ellos el aún titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler.

Todavía hace un par de semanas, el 30 de julio, los titulares de la SEGOB y de la SSP se presentaron ante la Delegación estatal de la FGR para interponer una nueva denuncia en contra del abogado yunista por “ocultar” más de cien órdenes de aprehensión en contra de presuntos delincuentes en Veracruz, las cuales no fueron reportadas en Plataforma México. En su querella, Cisneros y Gutiérrez Maldonado argumentaron que hay “dilación de justicia” y “ocultamiento” de órdenes de captura por parte del fiscal veracruzano.

En efecto, García Jiménez sí asistió a la FGR pero a una reunión privada que los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sostuvieron con Gertz Manero para conocer el marco legal con el que la Guardia Nacional va a trabajar tanto con las autoridades de cada uno de los estados como con la FGR.

“Si no tenemos un criterio establecido y una responsabilidad claramente definida esto se va a convertir en algo que ya muchos hemos vivido y no queremos volver a repetir”, les planteó en su mensaje de apertura el titular de la FGR, quien ha venido sosteniendo también reuniones similares con sus homólogos estatales.

El 28 de junio anterior, por ejemplo, Gertz Manero presidió en la Ciudad de México la XLI Asamblea Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que además de analizar y fortalecer los mecanismos de autonomía de la FGR, les propuso reforzar los esquemas que le permitan al ciudadano diferenciar la labor preventiva, a cargo de la Guardia Nacional y de las diversas corporaciones policiales del país, de la acción de la Procuración de Justicia, a cargo de las Fiscalías Generales de todo el país.

En el pleno se analizó también la competencia para investigar delitos del fuero federal y del fueron común que ejercería la Guardia Nacional en cuanto entrara en operación.

Pero inexplicablemente, hasta hoy, la Fiscalía General de la República no ha procedido aún en contra de Winckler como en Palacio de Gobierno esperaban, pues desde hace tres meses la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había asegurado que Gertz ya tenía “una posición” en cuanto al conflicto político existente entre el gobernador y el fiscal veracruzano, mientras que el 8 de mayo, cuestionado sobre esta situación, el presidente López Obrador se había pronunciado públicamente para que la FGR, como órgano constitucionalmente autónomo, “resuelva, investigue y que no haya impunidad…”