Carlos Ramírez/Indicador político
La renuncia de Germán Martínez como director general del Instituto Mexicano del Seguro
Social fue un duro golpe político para el presidente López Obrador, pues aunque la causa
de su dimisión la atribuye a que “algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una
injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y,
concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”, todo mundo
sabe que el titular de la SHCP, Carlos Urzúa, no se manda solo y que responde
directamente a lo que le instruye el Jefe del Ejecutivo federal, de quien el ex panista
recordó que “proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de
Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más
recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el
‘encargo’”.
Y es que el funcionario acusó también que algunos funcionarios de la SHCP intentan
realizar una remodelación cosmética del IMSS y se niegan a dialogar con los encargados
del Seguro Social, pues no han contestado requerimientos e inclusive le cancelaron una
reunión. “Por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios
administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados
que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de
‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos,
administren desde lo local al IMSS”, reprochó.
Pero presuntamente el ex panista tampoco estaba a gusto con algunos delegados estatales
que le impusieron, como sería el caso del tabasqueño Candelario Pérez Alvarado, quien a
principios de marzo asumió la Delegación del IMSS Veracruz-Norte pese a no tener en su
trayectoria pública ningún antecedente en el Sector Salud.
Pérez Alvarado fue, en los últimos 20 años, subsecretario de Organización y subsecretario
de Medio Ambiente del CEN del PRD, y enlace de afiliación del partido del sol azteca en
los procesos electorales de Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz. También fue presidente del
Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político en su natal Tabasco.
Y de 2015 a 2018 tuvo la suerte de coincidir como diputado federal en la Cámara baja del
Congreso de la Unión con dos legisladores veracruzanos de Morena: Cuitláhuac García,
actual gobernador, y con Manuel Huerta, súper delegado federal en la entidad.
A mediados del año pasado, aunque todavía militaba formalmente en el PRD, fue postulado
por Morena como candidato suplente al Senado de la República por la vía plurinominal. El
candidato propietario era ni más ni menos que el líder sindical de los mineros, Napoleón
Gómez Urrutia, quien por ese entonces permanecía en exilio político en Canadá.
Cuando Candelario Pérez tomó posesión de la Delegación del IMSS, a Xalapa no vino
Germán Martínez ni mandó a nadie en su representación. La protesta se la tuvo que tomar
al tabasqueño el secretario de Salud del estado, Roberto Ramos Alor.
OTRO FRACASO DE LA FISCALÍA
Todo parece indicar que este miércoles el ex fiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras
también podría dejar el reclusorio de Pacho Viejo para continuar su proceso penal bajo
arraigo domiciliario, tal como este martes sucedió con su ex colaboradora Rosario Zamora,
ex directora de Investigaciones Ministeriales, a la que una jueza, en cumplimiento a una
orden de la justicia federal, le impuso esta nueva medida cautelar.
Y es que la audiencia del abogado cordobés tendrá lugar este día, cuyo caso está vinculado
al de la ex directora de Investigaciones Ministeriales y a los de Gilberto Aguirre Garza, ex
director de Servicios Periciales, y de la ex delegada regional de la Policía Ministerial,
Carlota Zamudio Parroquín, los cuales fueron detenidos a finales de abril de 2018 por su
probable coparticipación en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cadáveres
localizados en la barranca de La Aurora, una congregación del municipio de Emiliano
Zapata, ubicada a menos de diez kilómetros de la Academia de Policía de El Lencero.
Según la imputación que hizo la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler,
Rosario Zamora, quien llegó a ser el brazo derecho del ex fiscal Luis Ángel Bravo, habría
acordado con los otros funcionarios involucrados sólo dar a conocer el hallazgo de seis
cuerpos; mientras que a otra de las víctimas, un policía identificado como David Lara Cruz,
le cambiaron la ubicación de hallazgo.
El 19 de enero de 2016 fue reportado el hallazgo de 13 cadáveres en dicha barranca del
municipio de Emiliano Zapata, considerada como el lugar en donde arrojaban a las víctimas
de desaparición forzada. Por este hecho fueron imputados también 19 policías y el ex
secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien a principios de diciembre
pasado obtuvo libertad bajo caución.
Según la Fiscalía, de los 13 cuerpos que ocultaron, uno de éstos fue llevado a la comunidad
de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, en donde simularon haberlo encontrado. Era el
cadáver de David Lara Cruz, quien había desaparecido el 12 de enero de 2016, después de
haber sido “levantado” presuntamente por sus propios compañeros cuando salía de las
instalaciones del Centro de Evaluación y Confianza que se ubica dentro de la referida
Academia de Policía.
De los 12 cuerpos restantes las autoridades señalaron que oficialmente no fueron
reportados, desconociendo su identidad y ubicación porque fueron entregados a la
Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con versiones extraoficiales, estos cadáveres
podrían haber sido incinerados.