Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* NEMI: CASO ABERRANTE

Aunque Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud, ha dicho que no les guarda rencor a quienes durante más de un año lo mantuvieron recluido por los presuntos delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de un deber legal” de los que acaba de ser absuelto, su caso, empero, ha puesto en evidencia el uso político que en el régimen anterior se le dio a la Fiscalía General y al Poder Judicial del Estado en la persecución selectiva de algunos exfuncionarios duartistas que por intereses de grupo o de partido fueron sujetos a procesos penales irregulares.

El caso de Nemi, particularmente, ha dejado malparados al fiscal general Jorge Winckler y a la abogada Alma Aleida Sosa como Juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en Pacho Viejo. Así lo evidencia el juicio de amparo 47/2018 resuelto desde el 18 de julio pasado por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, José Ezequiel Santos Álvarez, quien consideró fundadas las argumentaciones de la defensa del exsecretario de Salud al cual se le pretendió responsabilizar por la construcción dispendiosa del Hospital de Alta Especialidad Infantil (Torre Pediátrica) que dejó inconclusa la administración del exgobernador Javier Duarte.

De acuerdo con la resolución del Juez de Distrito, “los argumentos expuestos por la Juez de Control resultan dogmáticos, dado que no realizó el ejercicio de ponderación del porqué de los datos de prueba se evidenció el hecho que la ley señala como el delito de ‘Abuso de Autoridad’ y que existió la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.” Ello es así, continuaba, “ya que la Juez responsable no señaló cómo es que de los datos de pruebas expuestos por la Fiscalía se demuestra que el imputado indebidamente otorgó o realizó la obra pública denominada Torre Pediátrica”.

Además, el Juez federal observó que al imputar que Nemi “fue la persona que ordenó la obra pública” en su carácter de Secretario de Salud, “la Juez responsable introdujo un elemento distinto al previsto por el numeral 318, fracción IV del Código Penal del Estado de Veracruz, toda vez que ‘Otorgar’ y ‘Ordenar’ son verbos rectores que describen distintas acciones y que integran distintos ilícitos.”

Pero lo más aberrante fue que Sosa Jiménez no explicó cómo es que concluyó que Nemi otorgó dicho contrato para continuar las obras de la Torre Pediátrica, pues el Juez de Distrito señaló que el citado dictamen técnico fue el resultado de lo ordenado mediante el oficio SESCER/DGE/DAM/SAH/0477//2013, emitido el 28 de febrero de 2013, “del cual, refiere la Juez, se desprende que los cambios realizados a la obra pública fueron por instrucciones del Gobernador del Estado a través del Secretario de Salud.”

Sin embargo, en la fecha en que fue emitido tal oficio, Nemi Dib no tenía aún el cargo de secretario de Salud, nombramiento que oficialmente se dio hasta una semana después, el 7 de marzo de ese año.

RÉPLICA DE GALLAGA SOLÓRZANO

Por cierto, el que sorpresivamente nos solicitó hacerle justicia fue el doctor Juan Carlos Gallaga Solórzano, excomisionado de Autorización Sanitaria de la Cofepris, ya que apelando a su derecho de réplica, nos pidió hacer la siguiente aclaración sobre un comentario en el que hizo alusión a él en la columna titulada “Poderes distantes”, publicado en este espacio periodístico el 26 de febrero pasado.  

En dicho texto se abordó un segundo tema con el subtítulo: “Moreno Brizuela, ¿a la Cofepris?”, en el que se retomó –y así quedó consignado– un comentario de la columnista Alicia Salgado, del portal www.dineroimagen.com, quien incluyó el nombre del exsenador veracruzano y ex secretario de Protección Civil de la Ciudad de México en una presunta terna que se venía mencionando para sustituir al Dr. José Alonso Novelo Baeza  en la titularidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que de acuerdo con esta versión periodística estaría siendo inculpado por la poderosa industria farmacéutica de “ciertos desabastos de medicamentos” que habrían sido reportados al presidente Andrés Manuel López Obrador con argumentos “conspiratorios”, lo que explicaría las advertencias que últimamente ha lanzado en sus conferencias de prensa mañaneras el primer mandatario.

El resto de nuestro comentario fue el siguiente:

“Además de que –remarca la periodista– ‘circula y circula que Baeza no cuenta con la experiencia en materia de administración del sistema de autorizaciones y registros de medicamentos y prevención de riesgos sanitarios, para ocupar el cargo al que llegó’, anotando también que ‘si bien tiene credenciales profesionales médicas, subrayan que pesó más para su designación al frente de Cofepris tanto el ser partidario de Morena como su cercanía con el presidente López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela’.

“Y, por si fuera poco, refiere que ‘internamente se habla de una ‘conspiración’ en contra del propio Novelo Baeza para que deje el cargo a la brevedad’, apuntando que ‘la cabeza de este movimiento es Ernesto Enríquez Rubio, presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, quien dicen que cuenta con apoyo del excomisionado de Autorización Sanitaria de la Cofepris, Juan Carlos Gallaga Solórzano, a quien la nueva administración señala por posibles actos de corrupción, ya que se investiga el por qué durante su gestión y área de responsabilidad fueron retenidas alrededor de mil 675 solicitudes multinacionales farmacéuticas para la venta de medicamentos y dispositivos dirigidos a múltiples enfermedades, incluidas las crónicas no transmisibles, como el cáncer o la diabetes.’

“La columnista consigna que ‘como sea, la especulación –sobre todo después de que el Presidente dijo que hablaría del asunto de compras y abasto de medicamentos– creció contra José Alonso Novelo para que no continúe desempeñando el cargo de director de Cofepris, por lo que dicen que la subsecretaria de Salud, Asa Ebba Cristina Laurell, maestra en Salud Pública y experta en medicina social, podría haber recibido instrucciones para integrar una terna de sustitución que incluiría al propio Enríquez Rubio; al doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente del Frente por la Cuarta Transformación, y a Humberto Mayans Canabal, senador por el estado de Tabasco…’”

Hasta aquí nuestro comentario, retomado a su vez de la columna de Alicia Salgado, del portal www.dineroimagen.com, cuyo crédito le dimos y así consta en nuestra publicación.

Sin embargo, en su réplica, el doctor Gallaga Solórzano nos quiere imputar una autoría que no nos corresponde ni podemos usurpar.

No obstante, apelando a su derecho de réplica, solicita que publiquemos el contenido siguiente y así lo cumplimos cabalmente por nuestra parte, aunque le recomendamos que también haga lo mismo con la fuente original. Este es el escrito que nos envió por el servicio de correo tradicional y que reproducimos textualmente, respetando su ortografía y sintaxis: 

“Es falso que el suscrito esté involucrado en procedimiento alguno de investigación por el manejo de permisos y registros sanitarios que al día de hoy me haya sido notificado, mucho menos que exista alguna sanción derivada de esas imputaciones pues al día de hoy no tengo conocimiento de algún procedimiento en mi contra, por último, es importante resaltar que yo no soy responsable de actos de terceros, reiterando que yo ya no laboro en la Cofepris.

“Las afirmaciones anteriores, se acreditan con el acuse de la renuncia que presente (sic) en el mes de abril de 2018, aclarándole que la misma se debió a que no existía coincidencia de mi parte con las políticas de trabajo que se pretendieron implementar en la Comisión a mi cargo, ello es así, toda vez que, no compaginaban con mi ideología y mis principios rectores en el encargo que desempeñaba, razón por la cual preferí separarme del mismo, situación que en su momento se manifestó y conocía el entonces, Comisionado Federal, el cual se encontraba cargo de dicha dependencia al momento en el que presenté mi renuncia, cabe señalar que a la fecha el suscrito cuenta con un expediente laboral sin sanción, documentos que se exhiben como Anexo Uno, Anexo Dos y Anexo Tres.

“Por lo anterior, se solicita se rectifique la información publicada por este sitio web cabe señalar que, en caso de que estuviera en proceso algún procedimiento, eso no significa que el suscrito haya sido responsable de las acciones que se le imputan, de ser así, la afirmación de este periódico estaría violando el principio de presunción de inocencia previsto en los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando gravemente mi honor y reputación, causando un brutal daño a mi persona y a mi carrera personal y profesional como servidor público.

“Cabe señalar que he presentado ante el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la solicitud de aclaración de información desde el pasado 5 de diciembre de 2018, sin que me hayan dado respuesta, misma que adjunto al presente como Anexo Cuatro.”

Servido. Por lo mientras, este martes, el gobierno de la Cuarta Transformación comenzó a destapar la cloaca del Sector Salud y la mafia de la industria farmacéutica. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los 10 proveedores principales que fueron beneficiados en el sexenio pasado. La lista la encabeza Grupos Fármacos Especializados, S.A. de C.V., a la que le fue asignado el 35.2 por ciento de los 303 mil 76.6 millones de pesos que en total se autorizaron de 2012 a 2018 para la compra de medicamentos, porcentaje que le representó a esta sola empresa ventas por 106 mil 813.3 millones de pesitos.