Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* YUNES, EL OMISO

Este lunes 4, como jefe del Poder Ejecutivo del estado, el gobernador Cuitláhuac García tuvo que realizar el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del gobierno de Veracruz por la desaparición de cinco jóvenes que el 11 de enero de 2016 fueron detenidos arbitrariamente en Tierra Blanca por elementos de la Policía Estatal y entregados a sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes los torturaron, ejecutaron y desaparecieron.

Los hechos, pues, no eran responsabilidad directa de la administración del morenista sino de la del ex gobernador Javier Duarte (2010-2016). Pero tampoco este acto de disculpa pública le correspondía hacerla a él, sino a su antecesor, al panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien desde el 19 de julio de 2017 recibió del ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez la Recomendación número 5VG/2017 sobre esta investigación de violaciones graves a los derechos humanos de los jóvenes terrablanquenses.

Sin embargo, Yunes incumplió con la recomendación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien al aludir a la “satisfacción” en la “reparación integral del daño” puntualizaba que se debían incluir, entre otras medidas, “una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima”, así como “una disculpa pública”.

Es más, ni siquiera debía hacerla el gobernador, sino que el titular de la CNDH instruía que “en virtud de que en la presente Recomendación se han concretado las evidencias para acreditar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas (…) por parte de servidores públicos de Seguridad Pública, es necesario que esa autoridad realice actos de reconocimiento de su responsabilidad y para tal efecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz deberá ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares de las víctimas.”

Igualmente, además de recomendarle a Yunes Linares que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se les brindara a los familiares de los jóvenes desaparecidos “una reparación integral del daño, que contemple el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos”; que se les inscribiera en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tuvieran “acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, y que se les proporcionara “atención médica, psicológica y tanatálogica que requieran con el fin de que transiten el período de duelo, proporcionándoles un trato digno, sensible y con calidez”, González Pérez le reiteraba también al mandatario estatal que instruyera al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que “ofreciera una disculpa pública institucional a las víctimas indirectas con la presencia de esta Comisión Nacional.”

Pero ni Yunes ni su jefe policiaco Jaime Téllez Marie cumplieron con esta recomendación, pues ambos estaban concentrados en ganar las elecciones municipales de 2017 y luego la sucesión gubernamental de 2018.

Por eso, ahora, Cuitláhuac tuvo que dar la cara por ellos.

SECRETARIOS NEPOTISTAS

Por cierto, este martes, el gobernador Cuitláhuac García tuvo que salir a declarar que la secretaria del Trabajo de su gabinete, Guadalupe Argüelles Lozano, pretendía incorporar en la  dependencia a su cargo a su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles, pero que le hicieron “la observación a tiempo” de que estaría infringiendo la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del estado que prohíbe la práctica del nepotismo.

Sin embargo, desde el pasado 21 de febrero el portal espejodelpoder.com reveló que Argüelles Lozano tenía en nómina a su hija, a su yerno, a su tío, a su hermano, a la esposa de su hermano y a un sobrino.

Ayer, en un audio con video que circuló en redes sociales, la secretaria del Trabajo justifica –al parecer ante sus propios colaboradores– el nombramiento de su hija Quetzalli.

En el video se le escucha decir lo siguiente: “Esta semana tomé la decisión de nombrar en el área de Amparos, a la licenciada Quetzalli Cárdenas Argüelles. Quiero informarles que ella es una mujer que también reúne los mismos requisitos que todos ustedes para obtener un empleo y pasó los tres filtros que nos pidió el Gobernador: es honesta, tiene perfil y participó de manera destacada para que se diera el cambio verdadero”.

En el audio reconoce que es su hija: “Quiero informarles que ella es mi hija y que no porque es mi hija está ahí, sino porque es parte de esta transformación y por ese motivo yo les pido a todos ustedes para que no se haga chisme, para que no se diga, es que hay ‘nepotismo’. Ella es una empleada más… como todos ustedes y como tal va a ser tratada, como una persona más, como una compañera más y esto se los informo porque es del dominio público. Y pues que no se preste a malas interpretaciones, en aras de ser transparente”.

En el portal espejodelpoder.com se publicó, con información obtenida del interior de la Secretaría del Trabajo, que su titular había designado a mediados de febrero pasado a su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles como Jefa del Departamento Jurídico y de Amparos, en sustitución de Mónica Rivas Rodríguez.

Se señaló también que antes ya había colocado también a su yerno Jonathan Antonio Martínez Zamora como analista administrativo en la Unidad de Transparencia, con un sueldo mensual de 22 mil 412 pesos; que como asesor de cabecera tenía a su tío Nahúm Argüelles Lozano, y que como chofer de confianza a su hermano Juan Argüelles Lozano, quien a su vez le pidió que integrara a la estructura laboral a su esposa, como secretaria dentro de la oficina de la titular. También trascendió que había empleado a uno de sus sobrinos, Adair Aguirre Calte, como analista administrativo en el área de Servicios Generales.

Este martes, ante el escándalo mediático, Arguelles Lozano desmintió a través de un comunicado oficial que en su dependencia existan prácticas de nepotismo, pero refiriéndose específicamente al caso de su hija Quetzalli.

Según su versión,  su hija jamás ingresó a la nómina de esa dependencia y que las veces que fue a sus oficinas fue “con carácter voluntario, no como empleada”.

La funcionaria ofreció sujetarse a cualquier revisión de la Contraloría General del Estado para que certifique que su hija no está en la nómina.

Otro funcionario estatal que ha sido exhibido también por su nepotismo es el doctor Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, quien ha sido señalado de haber colocado en hospitales, clínicas y en la Dirección de Sanidad Internacional de la Jurisdicción Sanitaria de Coatzacoalcos a sobrinos en primer grado de parentesco.