Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* CRECE LA CENSURA

En la época más autoritaria del priato –sí, el sepultado régimen del PRI al que sirvieron durante décadas algunos de los actuales “demócratas” de la 4T, como Manuel Bartlett, quien como secretario de Gobernación inventó el “fraude patriótico” para arrebatarle al PAN la gubernatura de Chihuahua en 1986–, a los adversarios políticos radicales y periodistas más críticos se les solía advertir: “¿qué prefieres: encierro, destierro o entierro?” 

Al inicio del salinato hubo un caso anecdótico. El flamante titular de la Segob, Fernando Gutiérrez Barrios, mandó a traer a su despacho al director de un influyente diario nacional de tendencia izquierdista que en la sucesión presidencial de 1988 había apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional. Sumamente amable, el exgobernador de Veracruz le dijo a su interlocutor que tenía la instrucción de pedirle que se fuera a descansar una larga temporada a España, la patria de sus ancestros. Para ello, le habría entregado un portafolio que contenía un millón de dólares. El periodista, con actitud estridente, se indignó, se levantó del sillón y le dijo al político veracruzano que iba a buscar personalmente en Palacio Nacional al presidente Carlos Salinas de Gortari para que le aclarara esta situación. Según cuentan personajes cercanos a don Fernando, el fallecido exsecretario de Estado lo detuvo antes de que saliera de su oficina, y con el maletín del dinero en la mano, le advirtió: “Don Manuel, si así lo quiere, vaya usted a ver al señor Presidente, pero sí le digo: si usted lo hace, ¡allá nada más se va!”

Hoy, con el régimen de la Cuarta Transformación, la situación no ha mejorado.

El pasado miércoles, al comentar el reporte “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, en el que documentó el uso del sistema judicial como herramienta de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México y Centroamérica, alertó que de enero a julio de este año aumentó el acoso judicial contra periodistas del país.

“El hallazgo es escalofriante: 51 casos en tan sólo 7 meses, con corte al 31 de julio, lo cual ya supera por mucho al que había sido hasta entonces el peor año, 2021, con 40 casos. Estamos hablando de que cada 4 días se interpone una acción legal contra periodistas. Lo que vemos es un realineamiento de los poderes judiciales con los intereses políticos”, expresó.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Maldonado expresó la preocupación que hay en la organización que dirige en el contexto de este aumento al asedio de periodistas y la libertad de expresión por parte de autoridades y el nuevo Poder Judicial.

“En realidad ya estamos en ese contexto de realineamiento de los poderes judiciales con los intereses políticos. Hoy ahí radica la incertidumbre, si ahora el Poder Judicial de la Federación va a funcionar todavía como ese dique en contra de las arbitrariedades de los poderes locales, que no tienen independencia, hay que decirlo con todas sus letras: ahora va a ser el Poder Judicial de la Federación ese dique o no, ese lugar de garantías o no”.

Dijo también que hay inquietud en el actuar de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, refirió, “ha mantenido una jurisprudencia, unos precedentes muy consistentes en materia de libertad de expresión que ayudaron mucho en estas disputas legales. ¿La Suprema Corte se va a mantener en esa lógica o la va a abandonar? Ésa es una de las grandes interrogantes”, expuso.

Lamentó que la defensa de la libertad de expresión en México vaya a la baja, ya que el uso del derecho penal contra periodistas va al alza.

Ayer, por ejemplo, el abogado Raúl Cruz Peña, apoderado legal de Grupo Vidanta, del empresario Daniel Chávez Morán, pagó inserciones en diarios nacionales para anunciar que demandarán penalmente por difamación al columnista Mario Maldonado, de El Universal, por haber publicado los supuestos nexos familiares del influyente ex asesor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador con René Saúl Farro, fundador de Kapital Bank, una financiera mexicana que adquirió parte de los activos de Intercam, uno de los dos bancos sancionados hace un par de meses, junto con Vector Casa de Bolsa –del empresario Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia con AMLO–, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que detectó presuntos indicios de lavado de dinero para cárteles criminales.

RATAS VERACRUZANAS EN LA

CENTRAL DE ABASTO DE CDMX

Circulan en redes sociales videos sobre un operativo que realizaron policías de Veracruz para recuperar dos bodegas en la Central de Abasto de la Ciudad de México que legalmente pertenecen desde la década de los años 80 al Gobierno del Estado, que originalmente las adquirió para apoyar a los agricultores veracruzanos en la venta de sus productos del campo, pero que en los últimos dos años eran arrendadas a particulares por Laura Amador Zaragoza, hermana de Humberto Amador, quien se desempeñó como subsecretario de Ganadería y Pesca de la Sedarpa durante el sexenio del ex gobernador Cuitláhuac García, y que hasta hace poco era funcionario del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) que desde enero de este año dirige el ex mandatario estatal de Morena.  

Según relatan, los representantes del gobierno de Rocío Nahle llegaron con la orden de rescatar las dos bodegas, mostrando los documentos oficiales que acreditaban la propiedad, pero a su vez el comerciante les presentó un contrato de arrendamiento firmado en 2024 y avalado por notario donde el par de bodegas, de 100 metros cuadrados cada una, aparentaban ser rentadas de forma legal.

El arrendador mostró el contrato, en el que se comprometía a pagar 120 mil pesos mensuales por cada bodega, que al año sumaba un millón 440 mil pesos, dinero que ingresó a las arcas del estado.

De acuerdo con esta versión, en octubre de 2023 la Sedarpa emitió una convocatoria pública para arrendar dichas bodegas, pero al parecer sólo se trató de una mera simulación ya que habían sido rentadas por la hermana del subsecretario.

El contrato mostrado por el comerciante fue validado por el abogado Alfredo Ayala Herrera, titular de la Notaría Pública número 237 de la CDMX.

El arrendatario, quien dijo que actuó de buena fe y pagó puntualmente el alquiler, aceptó desocupar una de las dos bodegas. La otra está en proceso de recuperación.

La Fiscalía de Investigación Territorial de Iztapalapa, alcaldía donde se ubica la Central de Abasto, abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y definir su hubo delito de despojo y abuso de autoridad.