Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* RESURGE EL ‘SANTO OFICIO’

En México, y particularmente en Veracruz, nunca se ha logrado ejercer el periodismo en las mejores condiciones democráticas y de plena libertad.

Cuando el régimen autoritario y sus aliados del crimen organizado no atentan contra la seguridad física de los comunicadores –en especial los más críticos–, éstos y sus medios se enfrentan entonces al boicot comercial o al asedio del fisco.

En nuestro estado, desde la administración del ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), tuvo que crearse –a propuesta de José Pablo Robles Martínez, editor del Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz, y del extinto exdirector de la Facultad de Comunicación de la UV, Ignacio Oropeza López– la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, la cual fue desaparecida pese a su raquítico presupuesto por su sucesor Javier Duarte, también del PRI, quien al año siguiente debió reinventarla como Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) presionado por las decenas de reporteros masacrados y perseguidos por sicarios de grupos criminales enquistados en la entidad.

Con la llegada de Morena al poder en 2018, tanto en el Gobierno de la República como en Veracruz se esperaba que la llamada Cuarta Transformación deveras iniciara el proceso de reforma del régimen autoritario heredado por el PRI y el PAN, y que los mexicanos en general –no solamente los periodistas– pudiéramos convivir en mejores condiciones democráticas, de seguridad pública, bienestar social y estabilidad económica.

Pero, paradójicamente, hemos ido retrocediendo en todo tipo de garantías sociales y políticas. Y ahora, en plena construcción del segundo piso de la 4T, estamos siendo testigos de prácticas autoritarias que ni siquiera los regímenes del PRIAN que cohabitaron a partir del fraude electoral de 1988 se atrevieron a llegar a los extremos de algunos gobernantes y políticos morenistas.

Lo más aberrante lo estamos viendo en el estado de Campeche, “gobernado” –es un decir– por Layda Sansores.

Y es que, anteayer, la jueza de control interina del Sistema penal oral y acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May dictó nuevas medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el diario Tribuna, las cuales establecen que ambos contarán con interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revisar qué pueden publicar. Les prohibió de manera estricta referirse a la mandataria morenista de Campeche.

Aunque se confirmó la suspensión definitiva de las medidas cautelares que consistían en la prohibición por dos años para ejercer el periodismo a González Valdez y que se suspendiera la publicación digital de Tribuna, De Atocha Huitz May expuso que “para salvaguardar los derechos de la víctima (Sansores San Román)”, se determina la intervención judicial de la plataforma, esto es, que un representante del TSJ conozca, antes de publicarse, el contenido de las notas y comentarios. La persona designada debe autorizar lo que se debe difundir respecto a la gobernadora.

Al periodista se le advirtió que deberá abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre Sansores San Román. Y que no escriba ni publique imágenes referentes a ella. Además, que todo lo relacionado con publicaciones, comentarios, opiniones y declaraciones deben ser supervisados y vigilados. La jueza puntualizó en su resolutivo que “no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima, o sea la gobernadora”.

Además, la juzgadora ordenó que el periodista sea acompañado por el censor oficial cuando grabe un programa, dé una conferencia u opine.

González Valdez también enfrenta una sentencia judicial por daño moral contra el director estatal de Comunicación Social, Walther Patrón, a quien deberá pagar una indemnización de 2 millones de pesos. Para garantizar el pago, la autoridad judicial ordenó que la casa del periodista sea puesta en subasta pública.

Tal parece que estamos retrocediendo a la oscura época del Santo Oficio.

MÉXICO, EL PAÍS MÁS LETAL DE

AMÉRICA PARA LOS PERIODISTAS

Ayer, por cierto, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó que México sigue siendo el país más peligroso de esta región continental para ejercer el periodismo, al documentar que de 13 comunicadores asesinados en América Latina en lo que va de 2025, ocho eran mexicanos.

RSF apuntó que esta cifra de periodistas latinoamericanos muertos hasta ahora por su profesión, supera a los 9 asesinados en todo el año anterior.

“Pese a los compromisos asumidos por la Presidencia y la implementación de mecanismos de protección, México sigue siendo el país más peligroso de la región para los periodistas”, señaló la organización.

En su informe, RSF destacó que “en julio, tres nuevos asesinatos en menos de una semana aumentaron el saldo total a nueve muertes desde enero, de las cuales ocho están probablemente relacionadas con su labor periodística”.

Entre los casos documentados, se encuentra el asesinato de Calletano de Jesús Guerrero, quien estaba inscrito desde 2014 en un programa federal de protección tras recibir amenazas.

Fue asesinado en enero en el Estado de México, “en circunstancias que revelan fallas en el sistema oficial”.

Otro caso es el de Alejandro Gallegos de León, director de La Voz del Pueblo, quien también fue asesinado en enero; su medio había publicado investigaciones sobre crimen organizado en el centro-norte del país.

En Guanajuato, el 2 de marzo, Kristian Uriel Zavala Martínez, reportero de El Silaoense.Mx, y Raúl Irán Villarreal Belmont, periodista del medio Observatorio Ciudadano, fueron asesinados.

“Ambos investigaban sobre violencia estatal y desapariciones forzadas”, documentó RSF.

En mayo, en Acapulco, Guerrero, José Carlos González Herrera, director del medio digital El Guerrero Opinión Ciudadana, fue asesinado por hombres armados mientras cubríatemas locales sobre seguridad y política.

En Puebla, Salomón Ordoñez, fundador de Shalom Cuetzalan Producciones, fue asesinado en junio; las autoridades investigan un posible vínculo con su labor como periodista local.

En Sonora, el 7 de julio, Ángel Sevilla, director del medio Noticias 644, fue asesinado mientras circulaba en motocicleta; su medio era considerado “una fuente clave de información en tiempo real sobre el deterioro de la seguridad”.

En Quintana Roo, el cuerpo del periodista de investigación Melvin García fue hallado el 8 de julio en avanzado estado de descomposición, RSF recordó que García había regresado a la región tras exiliarse por amenazas previas.

El 9 de julio, en Acapulco, Guerrero, Ronald Paz Pedro fue asesinado a balazos pocos minutos después de transmitir en vivo un video sobre un hundimiento en la ciudad.

Ante este panorama, RSF advirtió que en México “casi dos periodistas son asesinados cada mes”, y remarcó que los crímenes ocurren incluso contra periodistas bajo protección oficial.