
Raúl López Gómez/Cosmovisión
La noche del martes 17 de junio, hace apenas tres semanas, fue asesinado a balazos Antonio Huesca Figueroa, director del Centro de Reinserción Social (CERESO) del puerto de Tuxpan. El funcionario estatal fue atacado cuando se hallaba en el interior de su automóvil, un sedán de color blanco.
Más de un mes antes, el 10 de marzo, había recibido amenazas de muerte. Apareció una lona con amenazas de muerte dirigidas expresamente contra él, cuyo nombre completo destacaba por el inmenso tamaño de las letras en color rojo. En el mensaje impreso sobre una lona de vinyl colgada en un sitio público, atribuido al crimen organizado, lo acusaban de “vendido” y le exigían que hiciera bien su trabajo y que jalara parejo. “Tienes el penal hecho mierda y hacen lo que quieren ahí dentro”, le reclamaron. “Donde se pasen (…) con la gente otra vez atente a las consecuencias. El que avisa no traiciona”, le advirtieron.
Huesca Figueroa tenía trayectoria en el sistema penitenciario del estado. Antes de dirigir el penal de Tuxpan había estado a cargo también del reclusorio regional de Poza Rica, ciudad donde una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputa la hegemonía de esa región norte de Veracruz con otros grupos criminales, ha secuestrado en los últimos dos años a media docena de funcionarios municipales y ejecutado a líderes y sicarios de otras organizaciones delictivas rivales.
El domingo pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Omar García Harfuch, anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual, afirmó, robustecerá las investigaciones y ampliará las capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión y cobro de derecho de piso.
El titular de la SSPC advirtió que una de las razones de la implementación de esta estrategia se debe a que las autoridades locales no ejecutaron proyectos exitosos para detener la entrada de teléfonos celulares a centros penitenciarios, por igual, no tuvieron óptimos resultados las operaciones para inhibir la señal telefónica.
Dicho plan iniciará tras la reciente aprobación por el Congreso de la Unión de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. García Harfuch destacó que el 66 por ciento de la incidencia de ese delito predomina en ocho entidades. En el Estado de México se han acumulado mil 49 carpetas de investigación por el crimen de extorsión; le siguen Guanajuato con 879, Nuevo León con 645, Ciudad de México con 602, Veracruz con 585, Jalisco con 178, Michoacán con 124, y Guerrero con 47.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que aunque en el pasado se realizaron acciones para prevenir el ingreso de dispositivos móviles a los centros penitenciarios, además de intentos por el bloqueo de recepción de señal, dijo que esos esfuerzos no se cumplieron, razón por la cual el gabinete de seguridad intervendrá en las indagatorias de los ilícitos cometidos al interior de los penales federales y locales.
“No estaríamos dando este nuevo frente, evidentemente las autoridades locales de esas cárceles no están cumpliendo”, reiteró, detallando que el grueso de las extorsiones telefónicas proviene de áreas que las autoridades tienen ubicadas, como los reclusorios federales y locales.
Gertz Manero remarcó que el combate al cobro de derecho de piso y de la extorsión es competencia de las autoridades de cada uno de los estados de la República, sin embargo, ante la creciente problemática en Veracruz y las otras siete entidades con mayor incidencia de este delito, aseguró que la FGR, la SSPC, y la Marina intervendrán para desarticular las redes delincuenciales que desde el interior de los centros penitenciarios realizan llamadas para exigir dinero.
Anunció que de manera mensual darán a conocer a la ciudadanía en qué cárceles se comete el delito y presentarán denuncias en contra de cualquier persona que esté relacionada con ese ilícito.
Este miércoles 9 de julio fue designado como director del Centro de Rehabilitación Social de Tuxpan el abogado Gregorio Pérez Ponce. Habrá que ver cómo lo reciben y qué tal resulta su desempeño.
SE LE CUELA A PEPE PEÑA
EL GUSANO BARRENADOR
Hace cinco meses, a principios de febrero, en una reunión en el municipio de Las Choapas con representantes de las asociaciones ganaderas del estado de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle les ofreció a los productores apoyos por cada animal enfermo sacrificado para evitar la propagación de la tuberculosis, brucelosis y rabia paralítica bovina. También subrayó que se combatía el gusano barrenador y que se contribuía, con estrategias fitozoosanitarias, al control de esta plaga en los límites con Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
Ayer, miércoles 9 de julio, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, informó que había ordenado el cierre inmediato de la frontera con México para el comercio de ganado vivo, bisontes y caballos, luego de que se confirmó otro caso de gusano barrenador en el estado de Veracruz. Según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de México, se reportó un nuevo caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo (GBN) en Ixhuatlán de Madero, un municipio de la Huasteca veracruzana ubicado aproximadamente a 257 kilómetros al norte de la actual red de dispersión de moscas estériles en el lado este de la frontera México-EU.
“Estados Unidos ha prometido estar alerta y, después de detectar este nuevo caso de gusano barrenador, estamos pausando las reaperturas planificadas de los puertos para implementar una mayor cuarentena y combatir esta plaga mortal en México”, dijo la secretaria Rollins, quien puntualizó que “debemos ver avances adicionales en el combate al virus en Veracruz y otros estados mexicanos cercanos para reabrir los puertos ganaderos a lo largo de la frontera sur”.
Este nuevo golpe a la ganadería nacional se da después de que, apenas el pasado lunes, la frontera había sido reabierta al comercio de ganado tras un cierre total por casi dos meses que representó para las exportaciones mexicanas la pérdida de 700 millones de dólares por cerca de 650 mil cabezas detenidas, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne.
Este golpe le pega duro políticamente a la gobernadora Nahle, pues al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (Sedarpa) está no sólo el ex coordinador de su campaña electoral, el ex alcalde de Martínez de la Torre, Rodrigo Calderón, sino que además el asesor especial en esta materia es su esposo José Luis Peña Peña, quien en la contienda de 2024 por la gubernatura realizó un intenso proselitismo entre las asociaciones ganaderas, con cuyos líderes y socios hizo un fuerte compromiso de apoyarlos desde Palacio de Gobierno, lo que le generó fuertes críticas a la entonces candidata de Morena, por lo que tuvo que sugerirle a su marido que mantuviera un bajo perfil.
Sin embargo, en febrero de este año, la gobernadora anunció en las Choapas que había designado a su cónyuge José Luis Peña como asesor de la Sedarpa sin remuneración salarial.
“Yo le pedí personalmente a mi esposo que me ayudara. En esto ha estado trabajando y ya se imaginarán, tengo el informe diario, todos los días me habla del hato ganadero y de todo el tema del campo, pero eso es bueno, porque me estoy enterando todos los días”, dijo.
El anuncio oficial lo hizo Nahle al presidir la tercera reunión de seguimiento con ganaderos de la Zona B en Las Choapas, al sur de la entidad, donde asistieron varias organizaciones y ganaderos de todo el estado de Veracruz.
Una semana antes, Armando Cuervo Cordero, presidente de la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz, había agradecido el nombramiento de Peña como asesor de la Subsecretaría de Ganadería. Ante los ganaderos de Tuxpan expresó: “Agradecemos la designación del ingeniero José Luis Peña como asesor de la Subsecretaría de Ganadería del Gobierno del Estado, a quien tendremos como un gran aliado”.
Sin embargo, el gusano barrenador, procedente de la frontera sur, se les coló.