Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* EXTORSIONADORES PROTEGIDOS

En toda la zona sur, principalmente en el puerto de Coatzacoalcos, comerciantes y empresarios de diversos giros vienen reclamando seguridad desde el sexenio pasado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, todos emanados del partido Morena.

Desde octubre y diciembre del año pasado, con el arribo de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, y de Rocío Nahle a la gubernatura, tuvieron la esperanza de que se acabara de una vez con las amenazas de extorsión y el cobro de piso por parte de los grupos criminales asentados en la región.

El año antepasado, el 3 de julio de 2023, Renato Riveroll, director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, entrevistado por el periodista Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Multicast, declaró en ese entonces que habían cerrado alrededor de 5 mil negocios víctimas de extorsión por parte del crimen organizado, y que aproximadamente 25 mil casas habían sido puestas en venta o renta por familias que huyeron por la delincuencia.

En esa ocasión, Riveroll Rivera expresó que estaban “solicitando de manera respetuosa pero firme a la autoridad que actúe, que atienda esta situación, porque es muy grave”. Catalogó el delito de la extorsión como “el enemigo a vencer, el gigante a derrotar”.

Sin embargo, después de nueve meses de la administración presidencial de Sheinbaum, y siete de la gobernadora Nahle, la situación en el sur veracruzano no ha mejorado.

El miércoles de la semana pasada, por ejemplo, comerciantes de los municipios de la Sierra de Soteapan, hartos de las amenazas de estos grupos de extorsionadores que les exigen cobro de piso desde 20 mil hasta 50 mil pesos, comenzaron a realizar asambleas públicas y de barrio para organizarse e impedir el ingreso de personas sospechosas a sus localidades, pues señalan que las autoridades municipales se han visto rebasadas ante estas amenazas de la delincuencia.

Lo preocupante es que algunas víctimas de extorsión han señalado a seudolíderes sindicales presuntamente ligados a funcionarios estatales.

Por ejemplo, Ernesto Hernández García, un empresario chatarrero de Las Choapas, pidió que la Fiscalía General del Estado avance en las investigaciones de su secuestro y extorsión. Señaló al líder de la CATEM en ese municipio, Juan Bautista, y a su compañero Pedro Olmos, de exigirle una “cuota” de 50 mil pesos para permitirle trabajar.

La CATEM es la central obrera liderada nacionalmente por el diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, brazo derecho del líder del grupo legislativo del partido guinda, Ricardo Monreal. Y, en Veracruz, el operador de Haces era –¿o sigue siendo?– Eduardo Vega Yunes, “El Tato”, actual subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.  

El llamado “Chatarrero” acudió el jueves pasado a las instalaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) en Coatzacoalcos para exigir el avance de las investigaciones sobre su presunto secuestro, ocurrido el 7 de marzo de 2024.

Relató que primero lo estuvieron extorsionando por teléfono, luego de manera presencial y, al final, lo “levantaron y tablearon” para exigirle un pago de dos millones de pesos. Posteriormente, fue liberado.

El empresario, propietario del negocio “Lizbeth”, dedicado a la compra y venta de metales, narró que tuvo que salir de la entidad para evitar más extorsiones, y lamentando que durante todo este tiempo las investigaciones no hayan avanzado.

Señaló directamente a Juan Bautista y Pedro Olmos como parte de sus agresores, quienes, dijo, irrumpieron armados en su local, amenazaron a su personal y paralizaron su negocio por un mes.

¿Acabará con este cáncer el secretario de Seguridad Pública del estado, Alfonso Reyes Garcés, el Contralmirante de Infantería Marina Fuerzas Especiales, Diplomado de Estado Mayor y con Maestría en Seguridad Nacional recomendado a la gobernadora Nahle por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el famoso “Batman”de la 4T?

Muchos lo dudan. Sobre todo, después de que en Coatzacoalcos aparecieran narcomantas que fueron difundidas ayer en redes sociales, en las que se acusa directamente al “consentido” subdirector de la SSP en la zona sur, Miguel Ángel Ortega Cruz, con distintivo “Aventurero”, de recibir presuntamente dos millones de pesos por dejar trabajar a la delincuencia organizada.

También es señalado su hermano, el delegado Agustín Ortega, “por cobrar piso a los empresarios de la zona”.

Advierten que “el historial del ‘Aventurero’ es terrible” –incluso lo acusan de haberle “sembrado” droga a una subordinada que terminó en la cárcel por no aceptar acostarse con él–, pero lo más grave aún es que aseguran que “¡la Gobernadora Rocío Nahle lo sabe y lo Solapa!” (sic).

Ante este delicado señalamiento, se espera que la mandataria veracruzana pegue un manotazo. Tal como lo acaba de hacer ayer en la Secretaría de Educación de Veracruz, donde sin miramientos ordenó la salida del subsecretario de Educación Media y Superior, Elías Calixto Armas, el brazo derecho de la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa.

DAVID JIMENEZ LLEGA A LA

SEV; ASPIRABA A LA FISCALÍA

Desde el proceso electoral del año pasado, el abogado mexiquense David Jiménez Rojas, ex consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), se anduvo autopromoviendo para sustituir a Verónica Hernández Giadáns en la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, como la permanencia en la FGE de la incondicional del ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros, se sigue prolongando, pues Jiménez Rojas decidió aceptar la Subsecretaría Educación Media y Superior. Seguramente dijo que “de lo perdido, lo que aparezca”.  

Y es que, ayer, la gobernadora Rocío Nahle reiteró que la aprobación de la propuesta para acortar el período de la Fiscal “es decisión de los diputados”, y que a la iniciativa de reforma que desde noviembre de 2024 presentó Diego Castañeda como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local “se les están haciendo modificaciones, observaciones”.

Por su parte, el diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura del Estado, declaró que muy posiblemente en los próximos días se cite a sesión extraordinaria del Pleno para analizar, debatir y, en su caso, aprobar la reforma para designar y remover a la titular de la Fiscalía General de Veracruz.

“Vamos a ver cómo sigue, si la compañera (la fiscal Hernández Giadáns) continúa, se verán los tiempos y se dará a conocer”, expresó.

Ante tal incertidumbre e indefinición, David Jiménez parece haber entendido que “más vale pájaro en mano que ver un ciento volando”, y aceptó la Subsecretaría de la SEV.

Ahora la que deberá cuidarse no es Verónica Hernández sino doña Claudia Tello, pues algunos promotores oficiosos del ex consejero presidente del IVAI ya lo andan candidateando y acelerando para que busque sustituir a la titular de la súper Secretaría de Educación.