Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* ORIZABA: FUNESTA OMISIÓN

Desde hace cinco años, en Orizaba, se han venido denunciando acosos y abusos de la Policía Municipal y del actual director de Gobernación, Juan Ramón Herebia Hernández, pero ninguna autoridad local ni estatal decidió aplicar la ley con rigor, por lo que era de esperarse que tarde o temprano dicha omisión desembocara en una tragedia como la ocurrida la madrugada del jueves pasado con la ejecución extrajudicial de los hermanos Ernesto y Román Pérez González.

El último caso que tuvo resonancia mediática sucedió hace cuatro meses, a principios de julio. La organización Artículo 19 denunció que el periodista independiente, catedrático de la UV, defensor de los derechos humanos y miembro del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Oliver Coronado Paz, fue víctima de actos intimidatorios, detención arbitraria, desaparición forzada, amenazas y tortura psicológica por parte de policías municipales orizabeños.

De acuerdo con su versión, el martes 3 de julio, alrededor de las 11:40 horas, el periodista había tomado unas fotografías mientras esperaba en una parada de transporte público el autobús que lo conduciría a la USBI de la UV en Ixtaczoquitlán. Posteriormente, un policía bajó de su patrulla, entró a un gimnasio que estaba en el mismo sitio donde permanecía Oliver y al salir comenzó a interrogarlo sobre las imágenes que había captado.

Dos días después, el 5 de julio, estando nuevamente en esa parada a la misma hora, volvió a arribar la patrulla municipal PA-35 con tres policías a bordo. Al descender del vehículo, ingresaron al gimnasio y al salir se dirigieron al fotógrafo. Uno de ellos, llamado Omar Damián, se acercó y volvió a interrogarlo pero esta vez encañonándolo con su arma. Oliver respondió los cuestionamientos. Los oficiales dijeron que se trataba de una “entrevista de rutina” porque les habían reportado que estaba tomando fotografías. Oliver dijo que eso había ocurrido días atrás. Oliver se comunicó por teléfono con su novia y le dio los nombres de los policías que lo tenían detenido. Los agentes, molestos, lo amenazaron y lo llevaron con el director de Gobernación, donde otra vez fue interrogado. La novia del periodista acudió al sitio pero le respondieron que ahí no estaba, lo que para Artículo 19 se configuró en ese momento “el delito de desaparición forzada”.

Herebia cuestionó reiteradamente a Coronado de por qué le tomó fotos al gimnasio del que es dueño y que quién lo había enviado a vigilarlo. Además, le dijeron que descargaron la información de su teléfono y que iba a ser intervenido. Oliver fue llevado a otra oficina para tomarle fotografías y otros datos personales, obligándolo a firmar una ficha de ingreso con datos falsos. Estuvo incomunicado desde las 11.40 hasta las 13:15 horas que salió de la comandancia.

Coronado Paz dijo que “ante la gravedad de este terrible acontecimiento y debido a que temo por la integridad física, moral y psicológica de mi persona, de mi novia y familia, así como de mis allegados con quienes trabajo en la región el tema de Derechos Humanos”, acudió a la Fiscalía correspondiente a levantar la denuncia pertinente, responsabilizando al director de Gobernación de Orizaba “por cualquier cosa que me pueda suceder a mí y las personas que acabo de mencionar; así como nuestras pertenencias”.

Pero Herebia jamás fue investigado ni sancionado. Este sábado 3, ante el escándalo por la ejecución extrajudicial de los hermanos Pérez González atribuida a seis policías bajo su mando, el funcionario municipal solicitó licencia por 90 días dizque para “contribuir a la investigación” de este artero homicidio.

¿Lo seguirán encubriendo?

NAICM, TUFO A CORRUPCIÓN: AHUED

Muy interesante resultó la participación del senador veracruzano de MORENA, Ricardo Ahued, en el debate que se dio la semana anterior en la Cámara alta del Congreso de la Unión sobre la polémica consulta ciudadana convocada por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y cuyo resultado fue abrumador en contra del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que se venía construyendo en Texcoco.

Ahued dijo de entrada que con esta encuesta “no se ha cometido ningún ilícito” y que su ejercicio se debió al “tufo de corrupción” que se desprende de los presuntos costos inflados de esta faraónica obra.

Además recordó que “a los de Atenco los corretearon a golpes, no hubo consulta en su momento”.

Refirió que existe gente a favor y en contra de este proyecto, no sólo entre ambientalistas y expertos en aeronáutica, sino también en el Senado, “pero lo cierto es que el aeropuerto de Texcoco tiene un tufo que apesta a corrupción”.

Sin embargo, al aludir a la rescisión de los contratos, afirmó que éstos deberán de revisarse y que tendrá que hacerse “bajo el marco legal”.

“Se habla de una pérdida de 200 mil millones de pesos que se han invertido, que si se audita ¡jamás llegará a esa cantidad…!”, expuso.

Admitió que “los mexicanos necesitamos un aeropuerto moderno que cumpla con las necesidades portuarias y que (a México) se le dé la imagen al mundo de un país progresista, pero no tiene que ser a cambio de cualquier cosa, debemos hacerlo bien”.

“Se dice aquí que hemos fallado y que los inversionistas se van a espantar. He platicado con transportistas de Tlaxcala, Monterrey, Veracruz, ya no quieren invertir porque ¡se roban 20 tráileres en el trayecto de Tlaxcala a Puebla y Veracruz cada semana!”, enfatizó el ex alcalde xalapeño, quien puntualizó que a ellos no les preocupa tanto la suspensión de las obras del nuevo aeropuerto.

“Dicen que estamos ahuyentando la inversión, pero los empresarios que quieren al país, seguirán y tendrán que invertir en este país. No es el aeropuerto el que va a traer una desgracia económica al país, en este sexenio ya hemos cargado con una desgracia brutal: en derechos humanos, que ahuyenta precisamente a quienes quieren invertir. Ya le hemos fallado al pueblo de México, ya le hemos fallado con una serie de actitudes terribles en el tema económico, no ha habido un sexenio, como ya se dio aquí con indicadores económicos fracasados como este sexenio negro: el dólar al doble, la gasolina al doble, la energía eléctrica que está siendo un flagelo para invertir, eso sí va a traer consecuencias, las tarifas de energía eléctrica…”

Ahued remarcó: “Nos han dejado el país en bancarrota, con una deuda de casi11 mil millones de millones. Y si eso no les basta, aparte con un grado de corrupción nunca visto en este país. Dejémoslo claro: no quieren invertir los extranjeros por el grado de corrupción de este lamentable gobierno. Los que van a invertir en nuestro país, los mexicanos, nos quedaremos a dar el frente, a seguir invirtiendo. El aeropuerto no va a ser a costa de los fraudes brutales. Solamente les dejo algo: la Auditoría Superior de la Federación avisaba de diferencias de más de 1,500 millones de pesos en el proceso de la construcción, de diferencias no justificadas”.

El ex diputado local y federal les pidió a sus camaradas senadores que “no dividamos al pueblo de México” ya que, dijo, “se tendrá que revisar el tema del aeropuerto, se tendrá que revisar la forma de la rescisión, y a la hora de la rescisión del contrato yo le apostaría a que hiciéramos una auditoría profunda: si lo que quieren cobrar, lo que dicen que ya invirtieron, vale siquiera la mitad lo que está en libros que han declarado con estos sobrecostos”, pues advirtió que “pronto, acuérdense de un servidor, van a salir datos y muchos van a salir corriendo porque se van a dar cuenta el grado de corrupción ejemplar que tiene este país.”

“Y les voy a decir lo que sí afecta a los inversionistas y a la imagen: que en las aduanas pidan dinero para que pasen los contenedores. Y les voy a decir lo que sí afecta en el extranjero para invertir en México: que haya asaltos en las carreteras y que los policías estén coludidos. ¿Saben qué afecta la imagen de este país? Los muertos de cada día, los 43 que nunca encontraron, los que golpearon en Atenco.

“Las garantías es lo que provoca inversión, no lo provoca una decisión que a partir del primero de diciembre se va a tomar. Y créanme que se va a tomar apegada a la ley, con la Constitución. Lo que es ahorita y lo que estamos viendo, llámenlo encuesta, llámenlo opinión ciudadana, pero tendrá efectos la decisión que tomará el Presidente a partir del

primero de diciembre. Y sí se van a dar los procedimientos legales para que se revise caso por caso, contrato por contrato, y desde luego que este Senado no va a ser promotor de la ilegalidad. Se tendrá que hacer en el marco legal vigente, en lo que tenemos consagrado y se tendrá que sentar con cada uno de ellos y revisar peso por peso lo invertido, y si hay algo que pagarles se les va a pagar. Hablamos de 200 mil millones de pesos, ese es el tema que traen, y de la imagen en el exterior. ¿Qué no nos da vergüenza lo que piensan en el extranjero de nuestro país acaso? ¿Qué no se dan cuenta que somos una vergüenza mundial por la corrupción y el legado que estamos dejando de herencia en seguridad? No pueden venir a las áreas turísticas porque los matan, no pueden viajar libremente en las carreteras, no pueden venir a invertir porque no tienen seguridad. ¡Ese es el verdadero problema de la inversión! El aeropuerto se tendrá que superar, y creo que dentro del marco legal vigilaremos que se revise contrato por contrato, que no se violente el derecho a recobrar su inversión y que se haga bajo una rescisión de contrato legítima, legal, dentro del marco legal y que cumplamos con la ley. En este Senado no estamos pidiendo que se violente la ley, fue una opinión pública, tómenlo como encuesta, tómenlo como opinión, pero es la decisión que toma el Presidente y la tendrá que seguir en el marco jurídico y legal vigente que establece nuestra Constitución y nuestras leyes vigentes”, concluyó.