Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* SEV: MINISINDICATOS RETAN A NAHLE

Los tiempos electorales –así ha sido siempre– son tiempos de llevar agua a los molinos. Muchos grupos sociales y políticos se suben a la cresta de las promesas, para presionar a las autoridades con todo tipo de peticiones. Y claro, muchos actores, de diferentes niveles, buscan sacar raja al calor del rejuego político. Se esconden tras bambalinas, pero utilizan maquinarias de presión. Este es el caso de la manifestación que se está cocinando para este lunes 26 de mayo, en Xalapa.

Un grupo de sindicatos, que curiosamente recibieron grandes beneficios de la administración estatal pasada, integrados en La Federación Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz (LFUSMEV) –nombre que utilizan pomposamente para tratar de inflar su representación, que cuenta sólo con unos 3 mil 500 agremiados–, organizan la “Marcha por la Dignificación del Sistema Educativo Veracruzano”.

Los líderes de estos ocho sindicatos son los mismos que hace algunos meses bloquearon la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en rechazo al programa “Regreso a las aulas” impulsado por la gobernadora Nahle para que los maestros dejaran las grillas sindicales que tanto le cuestan al erario estatal, afectando la calidad educativa.

Así como lo lee, Avith Moctezuma Uscanga, secretario general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE), el mismo que admitió que percibe ingresos mensuales por más de 41 mil pesos sin acudir a las aulas; Tonatiuh Paredes Rangel, Secretario general del SIRMA, que fue calificado “de docente a millonario” en varias publicaciones periodísticas; Daneskiu Domínguez Meléndez, de SIVETSE; Octavio Rivera Flores, del LMV; José Ignacio Ortiz Reyes, del ASTEV; Gustavo Abel Cadena Carrasco, del SMMV; Víctor Hugo Suárez Ávila, del SATEBAEV y José Luis Moreno Landa, de INSISTE, quieren nuevamente ejercer presión contra la mandataria estatal y las autoridades educativas.

Estos líderes sindicales, con una representación de apenas unos 3 mil 500 agremiados, quieren imponer una agenda de negociaciones para medrar con el presupuesto público. Quieren imponer un contrato colectivo de trabajo sobre sindicatos, como el SNTE, con más de 100 mil agremiados, con los que la secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa, mantiene una buena relación y han aceptado las nuevas disposiciones para laborar en pro de los educandos veracruzanos.

Lo que ha llamado la atención también es que su pliego petitorio lo enviaron a un funcionario de tercer nivel y no a la gobernadora o a la propia titular de la SEV, lo que genera sospechosismo del origen de esta manifestación.

Estos líderes magisteriales no han entendido el reciente mensaje de la gobernadora, de que son tiempos de ponerse a trabajar, dejando atrás la vieja política del “zopiloteo”. La jefa de las instituciones en Veracruz fue muy clara: lo urgente, lo importante por ahora es asegurar la estabilidad del proceso electoral, no así las agendas de intereses personales como las que cargan estos líderes magisteriales que han sido identificados con actores políticos del PAN o del llamado Clan del Estero, encabezado por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

¿Hasta dónde pretenden llegar? ¿Lo permitirá la gobernadora Nahle, quien ya ha reiterado categóricamente que no habrá cambios en su gabinete y que mantendrá en sus cargos lo mismo al encargado de la política interna, Ricardo Ahued, que al subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, y a la propia secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa?

LA OPACIDAD DE DENISSE

Desde hace dos semanas, el columnista Mario Maldonado, del diario El Universal, había revelado sobre la reunión que habían sostenido días antes los dirigentes de Morena con gobernadores y líderes parlamentarios en la Secretaría de Gobernación, los cuales fueron convocados para informarles los nombres de los candidatos y las candidatas que, según se dijo en dicha encerrona, son quienes tienen más posibilidades de ganar y quienes supuestamente tienen el visto bueno de Palacio Nacional.

De acuerdo con la versión que obtuvo Maldonado, la lista de ungidos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran, en ese orden: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz y María Estela Ríos González, por parte de las mujeres; y Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Figuero Mejía y Arístides Guerrero García, por parte de los hombres.

Para la Sala Superior del Tribunal Electoral:  Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.  

Y en cuanto a las propuestas para el Tribunal de Disciplina Judicial los enlistados eran Eva Verónica De Gyves, Indira Isabel García, Celia Maya, Bernardo Bátiz y Rufino H. León Tovar.

O sea que en esta última lista no aparece la magistrada veracruzana Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, pese a la intensa y onerosa campaña que ha realizado por todo su estado natal y las entidades de la república mexicana.

Por cierto, Uribe Obregón tampoco aparecía hasta ayer entre los candidatos a dicho tribunal del Poder Judicial de la Federación que sí han hecho pública su declaración 3 de 3, documento que incluye su situación patrimonial, intereses y cumplimiento fiscal.

A seis días de la elección sólo siete de los 38 candidatos al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial han cumplido con esta demanda de organizaciones de la sociedad civil, según publicó ayer el diario La Jornada.

El diario capitalino señaló que los únicos aspirantes que ya transparentaron esta información son María Elisa Vera Madrigal, Jazmín Gabriela Rivera Reyes, Jorge Isaac Lagunes Leano, Fany Lorena Jiménez Aguirre, Bernard Abigail Díaz de León, Juan Pedro Alcudia Vázquez e Indira Isabel García Pérez.

La publicación de estas declaraciones forma parte de una iniciativa conjunta de los comités de participación ciudadana (CPC) de los sistemas nacional y estatales Anticorrupción, en coordinación con la organización Transparencia Mexicana. El objetivo es promover la rendición de cuentas entre quienes buscan ocupar cargos en el Poder Judicial, especialmente ante el proceso electoral del primero de junio, en el que serán elegidas las tres magistradas y dos magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros cargos.

El nuevo organismo anticorrupción tendrá un papel fundamental en la supervisión del actuar judicial, pues se encargará de investigar y, en su caso, sancionar a los juzgadores acusados de mal desempeño o malas prácticas.

Por ello, los CPC han señalado que es necesario que la ciudadanía cuente con información clara y verificable, más allá de la propaganda electoral.

Aunque esta declaración es obligatoria para servidores públicos desde 2016, aún no lo es para aspirantes a cargos de elección, quienes solo deben presentarla de manera voluntaria.

¿Nos podría decir Denisse a los votantes por qué ella no lo ha hecho?