Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* LA ‘CANDIDATA’ DE CUITLÁHUAC

El espaldarazo que la presidenta Claudia Sheinbaum le acaba de dar a Cuitláhuac García para blindar al ex mandatario veracruzano luego de que la gobernadora Rocío Nahle abrió la cloaca de la administración estatal anterior en la Secretaría de Salud, no salió espontáneamente de palacio nacional sino presuntamente a petición de un personaje que se supone habita un rancho en Palenque, Chiapas. El mismo que a principios de enero de este año abogó también por García Jiménez para que la jefa del Ejecutivo federal le abriera un espacio en su gabinete, aunque fuera en el irrelevante Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). 

Este manto protector obviamente ha entusiasmado al grupo del exgobernador, no obstante que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les hizo observaciones en la cuenta pública de 2023 sobre un presunto daño patrimonial por 1,600 millones de pesos. Y todavía falta el reporte del máximo órgano auditor sobre el último año de la desastrosa administración cuitlahuista, la primera de Morena en Veracruz.

Por eso, a sus detractores, ha llamado la atención el interés de varios miembros de ese grupo político en participar en las elecciones del Poder Judicial de la Federación y en el del estado que, según la oposición, es mera pantomima para colocar en la Suprema Corte y en los principales tribunales del ámbito federal a ministros y magistrados incondicionales del movimiento de la Cuarta Transformación (4T).  

Les sorprende, por ejemplo, el derroche que viene haciendo Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, quien contiende por una de las cinco magistraturas del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, de las cuales tres serán para mujeres y las dos restantes para candidatos del género masculino.

Uribe Obregón es una ex priista que en octubre de 2019, en el primer año de su administración, fue propuesta precisamente por el entonces gobernador Cuitláhuac García ante la LXV Legislatura local como magistrada del Poder Judicial del Estado, integrándose posteriormente a la asociación política Unidos Todos, constituida y liderada por el poderoso subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, primo de García Jiménez que controlaba todas las áreas administrativas del Poder Ejecutivo y también la del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

De ahí que sus malquerientes presuman que quien financia la campaña de la magistrada Uribe es el pariente de García Jiménez, quien en 2024 consiguió ser encartado como candidato de Morena a la diputación federal plurinominal, por lo que tendrá fuero legislativo hasta finales de agosto de 2027, por si acaso fuera requerido para aclarar el millonario daño patrimonial observado por la ASF a la administración estatal encabezada por su primo.

De ganar la elección judicial Denisse Uribe, el ex subsecretario cuitlahuista y su grupo de ex funcionarios tendrán una influyente aliada en el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, pues entre sus funciones estarán las de investigar y sancionar falta graves cometidas por jueces y magistrados, con el pretexto de asegurar que éstos actúen “con ética y profesionalismo”; recibir denuncias de cualquier persona o autoridad en contra de trabajadores del Poder Judicial y llevar a cabo investigaciones; emitir resoluciones sobre procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales, y dar vista al Ministerio Público federal en caso de posibles delitos y solicitar el inicio de juicios políticos.

El argumento para crear este Tribunal de Disciplina del PJF es que estas funciones son esenciales para mantener la integridad y la confianza en el sistema judicial. Pero según el libro intitulado “La tormenta judicial (alcance e implicaciones de la reforma judicial en México)”, que acaba de ser publicado en inglés y español y cuya edición fue coordinada por Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, avizora que dicho tribunal, con sus poderosas y draconianas facultades, son confirmaciones del talante autoritario que se les vienen encima a todos los juzgadores que no alineen con el régimen corrupto de la 4T.

Hace un par de días, en el diario El Financiero, el articulista Pedro Salazar publicó que tuvo oportunidad de leerlo con anticipación porque lo invitaron a reseñarlo para la revista Nexos. “En ese momento no conocía el nombre de las personas autoras de los capítulos, pero, por la calidad de los textos, intuía –y hoy confirmo– que se trataba de plumas autorizadas, estudiosas y serias”.

Afirma que este libro está destinado a ser un testimonio escrito del fin de la democracia constitucional en México. “Lo digo sin exageraciones porque, como el libro documenta, pronto implosionará el principio de independencia judicial, desaparecerá el control de constitucionalidad de las leyes y, con ello, el derecho (y nuestros derechos) quedarán a merced del poder”.

Y advierte: “Cuando eso sucede, existen autocracias, no democracias. Y ahí estamos.

Saúl y Javier no podían saber el zafarrancho político que se activaría en estos días entre el expresidente Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum, pero su libro abona con rigor y seriedad a los argumentos del primero”.

Detalla que el citado libro “es una compilación de estudios escritos por personas especializadas que explican los principales desatinos del cambio constitucional que ahora se convertirá en la transformación institucional más extraviada del México contemporáneo”.

“Desde su introducción, los coordinadores explican con un tono mesurado las razones que los llevaron a promover el volumen y advierten la relevancia del tema. Después de leerlos, es inevitable concluir que vivimos en un país que no logró consolidar su democracia constitucional.

“De hecho, los coordinadores, mirando a la reforma judicial junto con otros cambios institucionales impulsados por la llamada 4T (militarización de la seguridad pública, ampliación constitucional de la prisión preventiva oficiosa, desaparición de los órganos constitucionales autónomos), arrojan una conclusión demoledora: tenemos un ‘Estado más autoritario, más autocrático, más militarizado y más punitivo’.

Apunta que “los capítulos ofrecen una reconstrucción de las piezas principales de la reforma judicial, narran el proceso caótico con el que se seleccionaron las candidaturas, advierten los riesgos de captura de las futuras personas juzgadoras por poderes públicos y privados, legales o ilegales (para parafrasear la idea de los ‘poderes salvajes’ de Luigi Ferrajoli), desmontan las comparaciones con lo que sucede en los EU, anuncian la desprofesionalización del poder judicial mexicano, denuncian omisiones, muestran falencias y anticipan abusos”.

“La crisis del sistema de precedentes judiciales que se avizora, el surgimiento del Tribunal de Disciplina Judicial con sus poderosas y draconianas facultades, el sueño realizado de Felipe Calderón –qué paradoja– y arma predilecta de Bukele, de los ‘jueces sin rostro’, son confirmaciones del talante autoritario del sistema constitucional que se nos viene encima.

Por eso supongo –y lamento desde ya– que el libro quedará atrapado en las polarizaciones políticas de estos tiempos. Por ello traje a colación el encontronazo entre el expresidente y la presidenta en estos días. Los términos en los que ha tenido lugar son una prueba de la cerrazón del régimen para escuchar razones y reconsiderar decisiones”.

Y resume que “este libro ofrece muy buenas razones para pensar –como he pensado desde que el actual gobierno asumió el poder– que fue un craso error comprar el capricho del expresidente López Obrador y materializar su reforma envenenada. Un error político de la actual presidenta que pagaremos caro. Temo que lo haremos pronto porque, como el libro documenta, los problemas son muchos y de pronóstico reservado”.

Finalmente invita “a su lectura atenta y mesurada”, al señalar que, “después de todo, ahora lo que nos toca –tanto a los seguidores como a los críticos del actual gobierno– es comprender qué es lo que sigue, anticipar riesgos e intentar construir ese diálogo civilizado que desde hace años brilla por su ausencia”, porque “en este barco estamos todos y se anuncian tempestades”.

Los cuitlauhistas no tienen de qué preocuparse. Ya perfilan candidatos para el Poder Judicial de la Federación y también para el Tribunal Superior de Justicia del Estado.