Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* ORFIS: REBASADO POR LA CORRUPCIÓN

Ayer, con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle; de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y del diputado Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, se conmemoró el 25 aniversario del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) que actualmente encabeza la maestra Delia González Cobos como auditora general.

Creado en la administración del ex gobernador Miguel Alemán Velasco, el máximo órgano fiscalizador de Veracruz estuvo a punto de ser desaparecido en 2005, al inicio del sexenio de su sucesor Fidel Herrera, el cual tenía fuertes diferencias políticas con el auditor general fundador René Mariani Ochoa, quien siempre trató de hacer valer la autonomía del ente fiscalizador.

El argumento de Herrera Beltrán era que el ORFIS resultaba ser un aparato muy costoso para el Estado ya que era poco lo que lograba recuperar de los desvíos de recursos detectados en dependencias estatales y ayuntamientos. El priista cuenqueño pretendía rescatar el Departamento de Contaduría y Glosa del Congreso local que anteriormente se encargaba de auditar las cuentas públicas municipales y del gobierno del estado. Sin embargo, finalmente se contuvo.

Hace cuatro años, en marzo de 2021, trascendió que, de manera unilateral, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, pretendía dar por terminada la coordinación con las auditorías superiores locales para revisar los recursos federales ejercidos por los estados, lo que implicaría que los órganos superiores de fiscalización estatales no podrían auditar el gasto cuando los recursos provengan de la Hacienda federal.

Por ese entonces, Veracruz recibía anualmente en transferencias federales etiquetadas más de 67 mil millones de pesos, casi el 53 por ciento del presupuesto de egresos que ejercería ese año.

La propuesta del auditor Colmenares Páramo buscaba convertir a la ASF en el único ente de fiscalización superior del país que auditara los recursos transferidos a las entidades, que ese año sumaban 1.9 billones de pesos, lo que para algunos auditores estatales limitaría la capacidad de revisión, pues se desaprovecharía recursos humanos y materiales que poseen las 32 auditorías locales. Otros cuestionaron la legalidad de la medida, pues quien notificó la pretendida terminación del convenio fue el director general Jurídico de la ASF, Heladio Ramírez, y no el propio Auditor Superior, además de que, en algunos casos, las leyes locales los facultan para fiscalizar los recursos independientemente si su origen es federal o local.

El oficio les había sido remitido apenas tres meses antes, en diciembre de 2020, y, en él, Ramírez solamente les comunicaba la terminación del convenio, invocando la facultad de la ASF para fiscalizar directamente los recursos, según “las atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, relativas a su autonomía técnica y de gestión; a su facultad para fiscalizar directamente los recursos federales administrados o ejercidos por órdenes de gobiernos locales”.

En su última edición, la revista Proceso publicó esta semana un amplio reportaje sobre la reciente entrega de la Cuenta Pública 2023, en la que la ASF reporta que en los Servicios de Salud de Veracruz se dio el mayor daño patrimonial en la administración del exgobernador Cuitláhuac García, en cuyo sexenio se registró un desvío de más de dos mil millones de pesos mediante un esquema recurrente: contratos por adjudicación directa, otorgados a empresas de reciente creación y proveedores vinculados a casos de corrupción.

La ASF ordenó a la Contraloría General iniciar 24 investigaciones contra funcionarios cuitlahuistas del Sector Salud por irregularidades en contratos que suman casi mil 600 millones de pesos, sin justificación comprobable.

JOVANA VIANNEY VARGAS SÁNCHEZ,

BUENA OPCIÓN PARA JUEZ FEDERAL

Por invitación de un apreciado y respetable amigo, acabo de conocer a Jovana Vianney Vargas Sánchez, una joven abogada que, a pesar de su corta edad –32 años–, tiene probada experiencia en derecho penal y familiar, con trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Fiscalía General de Veracruz, con especialización en el Sistema Penal Acusatorio y con formación en juicio de amparo y justicia penal.

Es oriunda del puerto jarocho pero creció en Coatzacoalcos. Egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, campus Xalapa, donde recibió hace nueve años el Premio Lux et Veritas a la Excelencia Académica.

Esta alegre e inteligente mujer inició en octubre de 2016 como Oficial Administrativo “1” (Auxiliar de Secretario de Estudio y Cuenta) en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, participando en la elaboración de dictámenes y apoyo en la resolución de asuntos jurídicos. Posteriormente, en septiembre de 2018 ascendió a Secretario de Estudio y Cuenta en el mismo TSJE, encargándose del análisis de expedientes y redacción de proyectos de resolución en materia familiar y de los proyectos de sentencias y resoluciones. En julio 2020 se desempeñó como auxiliar de Fiscal en la Unidad de Procuración de Justicia de Veracruz, apoyando en la integración de carpetas de investigación y diligencias ministeriales. En enero de 2021 pasó a la Fiscalía Décimo Segunda, colaborando en la Dirección de investigaciones y litigación en casos de procuración de justicia, y en la Dirección e integraciones de carpetas de investigación de delitos y actos ministeriales.   

Actualmente, desde septiembre de 2022, es auxiliar de Sala de Juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal. Apoya en la gestión de expedientes y análisis de casos en el sistema penal federal, así como en actos procedimentales de audiencias.

Por si fuera poco, es políglota. Obviamente habla español, pero también domina el idioma inglés y tiene nivel básico en francés e italiano.

Se inscribió para el cargo de Juez de Distrito y fue postulada por el Poder Ejecutivo federal.

Aparecerá en el número 14 de lista en la boleta color amarilla y recuadro verde menta.

Quienes han tenido oportunidad de escucharla y conversar con ella, nos dicen convencidos que sin lugar a dudas es una mujer sencilla, empática y preparada, lo que la perfila como una buena opción para renovar el Poder Judicial federal.