
El Plan México de la cuarta transformación
Hace menos de seis meses, el miércoles 16 octubre de 2024, tanto Breon Peace, entonces fiscal para el Distrito Este de Nueva York, como Katrina W. Berger, a la sazón directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y Anne Milgram, por esa fecha titular de la agencia para la Administración de Control de Drogas (DEA), advirtieron al unísono tras anunciar conjuntamente el veredicto en contra del exjefe policiaco del sexenio calderonista: “La sentencia dictada hoy contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, envía un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones de poder para ayudar a los cárteles: ninguna cantidad de poder los protegerá de la justicia”.
Casi tres semanas antes, el miércoles 25 de septiembre, el gobierno del presidente Joe Biden había desclasificado un memorando enviado desde la embajada en la Ciudad de México al director del FBI en marzo de 1986 sobre el caso del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, que confirma que Manuel Bartlett Díaz, quien a finales de ese mes acababa de entregar la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está involucrado en este caso que le tocó como secretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988), del PRI.
Como ya se ha documentado, la tortura y crimen del agente antinarcóticos de EU se atribuyó al cártel de Guadalajara que en la década de los ochentas lideraba Rafael Caro Quintero, quien últimamente lideraba el cártel de Caborca, Sonora, y que a finales de febrero pasado fue entregado sin proceso de extradición por el gobierno de México al de EU junto con otros 28 capos y criminales de Los Zetas, del CJNG, Cártel del Golfo, La Familia Michoacana y del grupo de los Beltrán-Leyva, que estaban recluidos en diferentes penales de la República Mexicana.
Esta semana debió ponerse muy nervioso Bartlett, pues coincidentemente cuando la secretaria de Seguridad Interna de EU, Kristi Noem, se hallaba en México para reunirse en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, el diario Reforma destacó en su portada que Julia Elena Abdalá Lemus, pareja sentimental del ex director de la CFE, recibió en sus cuentas bancarias 4.5 millones de dólares, equivalentes a 120 millones de pesos actuales, depositadas por miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La concubina del ex gobernador de Puebla aclaró que los recursos transferidos fueron por una venta de un hotel-boutique en la colonia Anzures de la CDMX y que ella mantenía una amistad de 42 años con Silvia Pinto, esposa de Mauricio Weinberg López y madre de Jonathan Weinberg Pinto, que encabezan un conglomerado de empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha señalado como parte de la red que sirvió al ex secretario calderonista de Seguridad Pública para lavar alrededor de 630 millones de dólares.
En su columna de ayer, publicada en el diario El Universal, Salvador García Soto comentó sobre la inminente salida de Pablo Gómez de la UIF, un área estratégica que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por presión estadounidense, quiere controlar con alguien de su absoluta confianza para golpear frontalmente a los cárteles de la droga no solo con más detenciones y decomisos sino también en sus activos financieros y sus redes de lavado de dinero.
“Muy pocos países pueden jactarse de no haber aparecido en la lista de sanciones arancelarias que ayer dictó Trump y eso pone el balón en la cancha de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle al vecino todo lo que le mandó pedir por escrito con su halcona Kristie Noem, y que según la secretaria de Seguridad Nacional de EU, ‘harían muy feliz al presidente Trump’. Y ya empezaron las filtraciones y especulaciones sobre lo que pidió Washington al Palacio Nacional para excluirlo de la lista de ayer. Una de ellas dice que el gobierno de Sheinbaum ofreció entregar –otra vez como ‘sacrificio azteca’– una lista de 29 mexicanos que serán extraditados a los EU. Se dice que de la cifra solicitada 18 están en este momento en prisión y bajo la custodia del gobierno mexicano, pero la duda es ¿quiénes son los otros 11 que entregaría la doctora a petición de Trump? Y ahí vuelven las especulaciones sobre 5 personajes de la política nacional, gobernadores, un secretario de Estado y otros dos políticos a los que acusarían de vínculos con los Cárteles de la Droga mexicanos”, remata el autor de la muy leída columna Serpientes y Escaleras.
Un miembro del gabinete presidencial que estaría en la mira de Estados Unidos sería el ex dirigente nacional de Morena y actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, vinculado al empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, ligado con la red criminal de importación ilegal de gasolina y venta de “huachicol”, el cual fue acribillado hace más de tres años en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León. Carmona fue uno de los principales financiadores del partido guinda, pues en las elecciones intermedias de 2021 habría aportado hasta 500 millones de pesos a las campañas de los candidatos de la 4T. Su hermano Julio Carmona, ex jefe de la Aduana de Reynosa, pocos días después del asesinato de Sergio se entregó a la justicia estadunidense y se acogió al sistema de testigos protegidos.
¿Se atreverán Sheinbaum y García Harfuch a entregarlo? Ya se verá cuando arrecie la disputa interna en Morena por la sucesión presidencial de 2030.