
Raúl López Gómez/Cosmovisión
El que acaba de dar un campanazo es el académico de la UV, Eduardo de la Torre Jaramillo, quien promovió ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y que ayer resolvieron, por unanimidad, las tres magistradas del pleno.
De acuerdo con el fallo sobre el expediente TEV-JDC-18/2025 de las magistradas Claudia Díaz Tablada, presidenta; Tania Celina Vázquez Muñoz, ponente, y Lilia del Carmen García Montané, magistrada provisional en funciones, el que en cambio quedó muy mal parado es el actual delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, quien en las dos legislaturas locales pasadas –la LXV (2018-2021) y la LXVI (2021-2024)– fue el líder del grupo legislativo mayoritario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Y es que si bien es cierto que ante el reclamo del abogado De la Torre Jaramillo el resolutivo del TEV consideró “infundada” la omisión del Congreso local de no haber armonizado desde el año 2019 el texto de la Constitución del Estado de Veracruz, conforme a lo establecido en el artículo sexto transitorio por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, también es verdad que las magistradas declararon “fundada” la omisión legislativa atribuida al Congreso del Estado, de expedir una ley reglamentaria en la que se haga efectivo el derecho de la ciudadanía de votar en materia de “revocación de mandato”, por lo que determinaron dar vista “para los efectos legales a los que haya lugar”.
Sobre este motivo de agravio, la magistrada ponente Vázquez Muñoz expuso en su resolución que “la parte actora en su demanda, refiere que no existe en la Constitución local, ni en el Código Electoral, ni en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local”.
“Lo que se traduce en que su agravio está dirigido en cuestionar que no existe en la legislación veracruzana, norma legal o reglamentación necesaria para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía veracruzana, de votar en el procedimiento de revocación de mandato del titular del Ejecutivo local”.
La ponencia concluye que “en dichos términos, el agravio del actor resulta fundado”.
“Como se ha advertido, el derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de revocación de mandato constituye un derecho político de carácter fundamental reconocido primigeniamente en la Constitución Local, desde el dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno”.
Sin embargo, en su fallo, el pleno del TEV señala que “el órgano legislativo en su conjunto tenía la obligación de llevar a cabo los actos tendentes a la emisión de la norma dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del mencionado decreto”, lo que “hasta la fecha no ha acontecido, transcurriendo en exceso dicho plazo, pues si entró en vigor el 18 de noviembre de 2021, los 180 días (como plazo máximo) se agotaron el 17 de mayo de 2022”, situación que, remarcan, “obra en perjuicio de los derechos de participación política de la ciudadanía veracruzana”.
Pero el exdiputado Gómez Cazarín fue premiado con la súper Delegación de la Secretaría de Bienestar.
MORENA: MIGUELITO
YUNES NO, MURAT SÍ
Tras semanas de polémica al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido negó la solicitud de afiliación al senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez por no cumplir con dos artículos de los Estatutos. La noticia fue confirmada por la propia presidenta nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde Luján.
En las cuentas verificadas de la red social X, antes Twitter, tanto de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) como de la dirigente Alcalde Luján, se dio a conocer un documento con la resolución del organismo interno. Según el informe, el senador veracruzano no cumplió con lo establecido en el artículo 4 y 6 de los Estatutos de Morena.
“La CNHJ resolvió no admitir la solicitud de afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez por ser incompatible con los artículos 4 y 6 de los Estatutos de Morena, que establecen que no podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos políticos” se lee en el primer párrafo del comunicado oficial.
Según la resolución, la CNHJ determinó que el ex alcalde de Boca del Río, en el estado de Veracruz, mantiene una militancia activa con el Partido Acción Nacional (PAN), instituto político con el cual llegó al Senado de la República para la LXVI Legislatura. Así lo indican los registros del Instituto Nacional Electoral (INE).
De igual manera, hicieron referencia a las propias declaraciones de Yunes Márquez, quien dio a conocer su indignación cuando el PAN difundió la noticia sobre su expulsión de las filas del instituto. Incluso, expresó su deseo para interponer un medio de impugnación ante dicha decisión.
Tras la credencialización del primogénito del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, diversos actores políticos de Morena, principalmente en el estado de Veracruz, solicitaron la revisión de su proceso de afiliación. Incluso, la gobernadora Rocío Nahle exigió formalmente a su partido la cancelación del registro del senador veracruzano.
A ello se atribuyó que cinco horas antes de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena difundiera la resolución, Yunes Márquez retirara su solicitud de afiliación al partido de la 4T. En un oficio entregado en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, el ex alcalde de Boca del Río comunicó que buscaba “contribuir a la unidad de voces y voluntades necesarias para llevar a cabo los altos objetivos delineados por el gobierno de la República, del cual las y los senadores formamos parte como integrantes del Poder Legislativo”.
A pesar de ser rechazada su solicitud de afiliación, el hijo de Yunes Linares afirmó que se mantendrá en el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República para apoyar las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En cambio, senadores de la Cuarta Transformación que celebraron la decisión de Miguel Ángel Yunes Márquez de desistir en su intención de ser militante de Morena ante el rechazo de los morenistas –principalmente de Veracruz– y que pidieron al ex priista Alejandro Murat Hinojosa que siga el ejemplo del veracruzano, no corrieron con la misma suerte ante el ex gobernador de Oaxaca.
En un comunicado, los tres senadores de Oaxaca –Laura Estrada Mauro y Antonino Morales Toledo, de Morena, y Luis Alfonso Silva, del Partido Verde–, insistieron en que Murat no cumple los requisitos para formar parte del partido en el poder.
“Celebramos la determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, al no admitir la solicitud de afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y le reconocemos a nuestro compañero de bancada la decisión de solicitar la cancelación de su registro como militante de nuestro movimiento.
“Invitamos al senador Alejandro Murat Hinojosa a seguir el mismo camino y a retirar su solicitud de registro como militante de Morena”, expresaron.
Luego de que senadores oaxaqueños le pidieron a Murat Hinojosa que renuncie a su reciente militancia en Morena por no tener el perfil para pertenecer a la 4T, el ex gobernador oaxaqueño declaró ante los medios de comunicación: “¡No se me hagan bolas!, me quedo en Morena”.
Al referirse a los tres senadores que lo quieren fuera del partido guinda, el ex director del Infonavit afirmó que “yo veo a la caballada muy flaca. Nosotros ya estamos en una ruta, y de lo que se trata hoy es respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, y que ella siga dando los resultados que ha dado hasta hoy por el pueblo de México”.
¿No se va a ir de Morena, entonces?, le preguntaron.
“Acá estamos firmes, ya lo dije de manera clara y lo vuelvo a reiterar hoy: No se me hagan bolas, pa’ atrás ni para agarrar vuelito, y los que tengan la piel delgada, que se hagan a un lado”, respondió Murat, señalado de haber autorizado durante su administración al frente del Infonavit (2012-2015) el pago de 5 mil millones de pesos de penalización por el incumplimiento de un contrato de 100 millones de pesos de la empresa Telra Realty, así como de haber solapado juicios fraudulentos en contra de más de 60 mil derechohabientes.