Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* MARCOS EVEN, OTRO DESECHABLE

Por lo que se ve, se lee y se escucha, prácticamente se da como un hecho que tanto el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, como el cuestionado titular de la flamante Fiscalía Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, serán sometidos a sendos juicios políticos y removidos de sus respectivos cargos por la LXV Legislatura local que entrará en funciones a partir del 5 de noviembre próximo; la única duda que persiste es quién de los dos se irá primero.

Y es que, en el caso de Winckler, ya Eric Cisneros Burgos, futuro secretario de Gobierno, le advirtió que “debería renunciar buscarse un buen abogado para que inicie un proceso de defensa, porque se le va a iniciar juicio político desde el Congreso del Estado a este señor”.

“Con claridad les digo a todos los agraviados por @AbogadoWinckler: con respeto a la autonomía del Legislativo, vamos a pedirles a los nuevos diputados que se revise tan mal actuar del fiscal. Ténganlo claro, ¡se acabaron los privilegios para unos cuantos!”, difundió anteayer Cisneros en las redes sociales.

Inclusive, el próximo titular de la SEGOB documentó el aparatoso operativo que en diciembre de 2017 montó la Fiscalía de Winckler en Boca del Río para buscar la perrita de la madre de Elías Assad Danini, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, cuya desaparición le había sido atribuida falsamente a una joven empleada doméstica, de 19 años de edad, que había renunciado a su trabajo por los maltratos que recibía de la familia del funcionario yunista.

En cuanto al actual fiscal Anticorrupción del estado, Marcos Even Torres Zamudio, ha trascendido que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Delegación Veracruz de la PGR inició una investigación en su contra por el presunto desacato a un mandato judicial desde que se desempeñaba como visitador general de la Fiscalía General del Estado al lado de Winckler.

Según publicó este miércoles el diario La Jornada Veracruz, con base en la carpeta de investigación FED/VER/COATZ/0005724/2018, Torres Zamudio habría incumplido un auto de suspensión, debidamente notificado, derivado del juicio de amparo 1638/2017-III radicado en un Juzgado de Distrito de Coatzacoalcos, el cual fue promovido por el entonces fiscal encargado de la Subunidad Integral en el municipio de Nanchital, César Jaime Ascencio, por considerar agravios cometidos en su contra por funcionarios de la FGE.

De acuerdo con esta publicación periodística, en septiembre de 2017, Jaime Ascencio fue sujeto a una suspensión de labores por 30 días, sin goce de sueldo, luego de un procedimiento administrativo de responsabilidad iniciado por Torres Zamudio.

Con los oficios FGE/DGA/SRH8223/2017 y FGE/FRZS/5390/2017, girados en octubre del año pasado por funcionarios de la fiscalía, le notificaron la suspensión temporal del 1 al 30 de noviembre siguiente.

Aunque intentó combatir el procedimiento por la vía judicial, un juez de distrito del estado consideró infundados los agravios, por lo que mediante un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado, en agosto pasado, Jaime Ascencio consiguió el amparo contra el incidente de suspensión.

Pero como el daño causado por la suspensión de labores no fue reparado por la Fiscalía de Veracruz, el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Coatzacoalcos ordenó en septiembre de este año investigar la actuación de los subordinados de Winckler Ortiz, entre ellos a Torres Zamudio.

Como las investigaciones no avanzaron, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo dependiente de la PGR ordenó, entre otras cosas, indicar el número de carpeta de investigación integrada; notificar los nombres y cargos de los presuntos responsables en contra de quienes se inició la indagatoria, y el estado procesal que guarda a la fecha.

Marcos Even Torres fue visitador general de la Fiscalía General del Estado desde enero de 2017 hasta julio pasado cuando en un desaseado y polémico proceso legislativo fue designado fiscal especializado en Combate a la Corrupción en el estado, por los diputados locales del PAN, PRD, PANAL e independientes.

Su nombramiento fue calificado por las bancadas de MORENA y del PRI como un acto ilegal e inmoral, toda vez que los diputados del grupo gobernante adicionaron de última hora un párrafo al dictamen original, vulnerando presuntamente la esencia del procedimiento legislativo.