Gabriel García-Márquez/Sentido común
Muchos en México, sobre todo los anti-4T, saltaron de júbilo porque inmediatamente después de rendir juramento como el Presidente número 47 de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump firmó una segunda ronda de órdenes ejecutivas, entre la que incluyó la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
Un día antes, Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional, había afirmado que para la administración de Trump no es admisible que los cárteles del narco controlen 30 por ciento del territorio mexicano, por lo que anunció que se usarían todos los recursos para enfrentarlos.
Sin embargo, Waltz olvidó la colaboración de Trump en su anterior mandato, cuando entregó a México, a petición del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al general en retiro Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional que había sido detenido por agentes de la DEA el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, precisamente por cargos de narcotráfico.
Desde el 14 de agosto de 2019 había sido autorizada una orden de arresto en contra de Cienfuegos Zepeda, luego de cuatro acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. Dos días después, el nuevo embajador estadounidense, Christopher Landau, llegó a la Ciudad de México y fue informado de esta situación. Landau renunció en 2021 y ahora fue nombrado por Trump como Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Pasaron 14 meses para que ese mandamiento judicial fuera cumplido por los agentes de la DEA en California. Ninguno de los funcionarios mexicanos supo del caso por la desconfianza de sus pares norteamericanos, quienes temían que alertaran al acusado y éste se diera a la fuga o fuera protegido, dada su jerarquía política. El aviso se dio solo minutos antes, cuando era inminente la detención del general.
El 16 de octubre de 2020, cuando ni siquiera se habían cumplido 24 horas de la noticia, el presidente López Obrador se mostró gustoso y usó el caso para reforzar su discurso de que era “muestra de la descomposición del régimen”, usando las palabras “degradación” y “decadencia” para referirse al hecho. Habló de una limpieza en el Ejército y así dar con quienes estuvieran vinculados a Cienfuegos Zepeda, pues los cargos eran graves, la corrupción del narcotráfico hasta lo más alto de la cúpula militar y él no iba a “encubrir a nadie”. Sin embargo, al día siguiente, ante la presión de la irritada élite castrense, en una gira por Tapanatepec, Oaxaca, el mandatario cambió súbitamente de opinión sobre el arresto del ex titular de la Sedena. En una gira por Tapanatepec, Oaxaca, AMLO dijo a los medios que esperaría las pruebas y que la presunta conducta criminal del general no manchaba a la institución. Se volvió a la defensiva y arremetió en contra de la DEA, a cuyos agentes señaló de entrometerse “como Juan por su casa” en los operativos que las Fuerzas Armadas solo ejecutaban.
Finalmente, las autoridades mexicanas negociaron con el Departamento de Estado y el gobierno de Trump suspender las acusaciones para que la Fiscalía General de la República investigara y juzgara al general. Le fueron desestimados los cargos, regresó a México en un vuelo de lujo y a su arribo, el 18 de noviembre de 2020, 33 días después de estar encerrado, le fue notificado por la FGR de una carpeta de investigación en que estaba involucrado. Pero a mediados de enero de 2021, el Ministerio Público federal resolvió no ejercer acción penal contra Cienfuegos Zepeda. Se determinó que jamás tuvo encuentro alguno con los integrantes del Cártel H-2, que nunca mantuvo comunicación con ellos y que tampoco realizó acciones para protegerlos o ayudarlos.
La resolución fue criticada y se calificó como una concesión a la élite militar. También se dijo que eran indagatorias a modo y sin pedir apoyo de Estados Unidos.
Ello provocó una serie de críticas, principalmente de líderes de la oposición. El entonces senador independiente Emilio Álvarez Icaza publicó en la red social X: “Estados Unidos liberó al general Salvador Cienfuegos no por ser inocente de los cargos imputados por la DEA, sino por órdenes de Trump para no dañar las relaciones diplomáticas con México. En realidad, López Obrador premia al verdadero poder de la Sedena”, opinó Álvarez Icaza.
Y, en efecto, luego del carpetazo de la FGR, el general fue condecorado el miércoles 11 de octubre de 2023 en el antiguo fuerte de San Carlos, en Perote, Veracruz, donde el mandatario morenista le entregó ante la plana mayor de las Fuerzas Armadas la presea “Bicentenario del Heroico Colegio Militar” en el marco de los festejos por el 200 aniversario de esta institución castrense.
ROSA MARÍA: ¿‘EL
BESO DEL DIABLO’?
Trascendió ayer que el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, está metiendo no solo la mano sino el cuerpo entero en la precampaña a la alcaldía del Puerto de Veracruz, impulsando a la diputada federal Rosa María Hernández Espejo.
Se dice que incluso se han filtrado documentos que muestran cómo el ex coordinador de Morena en el Congreso local opera abierta e indebidamente a favor de la popular legisladora federal en el proceso interno del partido guinda. ¿A poco Rosita necesita de este tipo de vejigas para nadar?
Y es que señalan a Emilio Ortiz y Cuauhtémoc Sánchez como los presuntos operadores políticos que el funcionario federal designó para frenar al diputado local porteño Pepín Ruiz.
Al menos esa sería la encomienda dada por el delegado del Bienestar a este par de personajes.
Se desconoce cómo es que pretenden descarrilar las aspiraciones del diputado local morenista, pero de acuerdo a estas filtraciones, se sabe que ambos incondicionales de Cazarín traen suficientes recursos disponibles.
Sin embargo, ayer Pepín Ruiz difundió una fotografía en la que sigue recibiendo el apoyo de más fundadores de Morena en el puerto jarocho.