Felipe de J. Monroy/ Jubileo 2025: Llevar esperanza a donde se ha perdido
Entrevistado el lunes pasado sobre los elementos policiacos que persiguieron y balacearon en un fraccionamiento residencial de Xalapa a un par de jóvenes universitarios desarmados sólo porque no se quisieron detener en un retén la noche anterior, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, respondió que “todo está bajo control”, ya que sus subordinados tienen la instrucción clara de actuar y respetar los derechos humanos.
Este incidente ocurrió luego de que el 20 de junio pasado, elementos de la Fuerza Civil asesinaron a mansalva a los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vázquez durante una manifestación de campesinos de Totalco, en el municipio de Perote, que protestaban contra una empresa porcícola trasnacional que acapara el agua y contamina los mantos freáticos de esa región colindante con el estado de Puebla.
“Los errores que se cometan por cada elemento, ya será responsabilidad de cada uno de ellos”, dijo lavándose las manos este ingeniero hidrógrafo egresado de la Heroica Escuela Naval de Antón Lizardo, Veracruz, pero que es originario de Oaxaca, entidad donde también ocupó cargos de seguridad pública en la administración del ex gobernador perredista Gabino Cué Monteagudo.
Después de haber sido Comisario General de Seguridad Pública y Vialidad en el municipio de Oaxaca, Zúñiga fue designado en marzo de 2013 Comisario General de Seguridad Pública del estado y a finales de ese año ascendió como Comisionado de la Policía Estatal. Posteriormente quedó encargado de despacho en la SSP tras la renuncia del titular Marco Tulio López Escamilla. Pero a menos de un año de ocupar el cargo, tuvo conflictos con los elementos policiales bajo su mando, atribuidos a cuestiones políticas. En septiembre de 2014, integrantes de la policía estatal pararon labores para pedir la renuncia del nuevo secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva, del comisionado Zúñiga Bonilla y otros jefes policíacos. Los acusaban de estar utilizando el dinero destinado a la dependencia en la campaña para la gubernatura. El 28 de ese mes terminó la huelga de policías y Esteva Salinas pasó a la Jefatura de Oficina del gobernador Cué, mientras que Cuauhtémoc Zúñiga fue llamado por la Secretaría de Marina para reincorporarse a las filas de las fuerzas federales.
Ya en Veracruz, Zúñiga Bonilla relevó en la subsecretaría de Operaciones de la SSP a Eugenio Palma Bernal, quien desde el inicio de la administración del gobernador Cuitláhuac García, en 2019, fue señalado de incurrir en abusos de autoridad y otros excesos de su cargo. Zúñiga, por ese entonces, estaba destacamentado en la Tercera Zona Naval con sede en el puerto de Coatzacoalcos, la tierra adoptiva de la gobernadora electa Rocío Nahle García.
Como subsecretario de Operaciones de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga era jefe directo de Alan Ciprián Canseco, imputado por la Fiscalía General del Estado por la desaparición forzada del jefe de la Policía Vial de Veracruz, Juan Alan Cuetero Meza, (a) “El Archi”, ocurrida el 29 de mayo de 2022. Su cadáver aparecería cinco meses después, a mediados de octubre, embolsado, sobre la autopista Veracruz-Cardel, en el municipio de La Antigua.
Ciprián Canseco acababa de ser ascendido como Subdirector Operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública en agosto de ese año por el todavía secretario Hugo Gutiérrez, quien renunciaría dos meses después.
A raíz de este caso, circularon en redes sociales supuestos comunicados del personal de la SSP que señalaban: “Este comunicado va dirigido a todos los veracruzanos que ya están esperando el cambio de imagen de la policía veracruzana. No todos los policías somos corruptos como el secretario de Seguridad Pública y el subsecretario de Operaciones –Zúñiga– quienes están enterados de los malos policías y como ya es conocido, no hacen nada.
“Nosotros en su momento lo expresamos, lo divulgamos y lo publicamos, sobre todas las anomalías del exdirector de Operaciones Alan Ciprián Canseco y no lo removieron, tuvieron que esperar a que pasara lo que pasó, pues ‘después del niño ahogado, tapan el pozo’, ahora está enfrentando la desaparición forzada de un hermano de sangre azul que pertenecía a nuestra corporación y sólo así para que lo removieran”, recriminaron.
Un mes después, el 22 de noviembre de 2022, al comparecer por primera vez ante el Congreso local como secretario de despacho, Cuauhtémoc Zúñiga fue sorprendido por el diputado priista Marlon Ramírez Marín, al mostrarle la copia fotostática del contrato número SSP-UA-076-22 que el propio capitán de la Marina había firmado el 10 de agosto de ese año todavía en su calidad de Subsecretario de Operaciones, el cual le fue asignado a una “empresaria” identificada como Araly Rodríguez Vez, quien resultó ser una modesta empleada de la SEV que en los últimos dos años había recibido 40 millones de pesos para proveer de vestuario y uniformes a personal de la SSP.
Después se descubriría que entre 2019 y 2022, la “proveedora” Rodríguez Vez había obtenido, vía adjudicación directa, 39 contratos por más de 100 millones de pesos en tres dependencias del gobierno de Veracruz, pero el domicilio que acreditó –en una colonia popular de Xalapa– resultó ser “fantasma” ya que nadie la conocía ahí.
El gobernador Cuitláhuac García tuvo que salir a explicar que ya se investigaban los contratos porque se sospechaba que la proveedora era en realidad “una prestanombres”.
Y es que además de ser proveedora del gobierno estatal, Araly, entonces de 46 años de edad, era también empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz encabezada por Zenyazen Escobar, próximo coordinador de los diputados federales de Morena, quien declaró que la proveedora ocupaba un interinato que le había dado un sindicato estatal.
Su sueldo era de 9 mil 987 pesos como secretaria administrativa en las oficinas centrales de la SEV en Xalapa, el cual lo complementaba con la plaza federal 079713E233100000239 que ocupaba su fallecido esposo en la escuela secundaria “Rafael Pérez López”, de Poza Rica, a cuatro horas de la capital veracruzana, por la que percibía un ingreso de 11 mil 991 pesos.
DANTE AMARRA SENADURÍA
Por esas cosas extrañas que a veces pasan en la política, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, la certeza de que podrá asumir su pase exprés al Senado. Y es que la Sala Superior del TEPJF aprobó por unanimidad el triunfo de la fórmula de Morena para la senaduría de Nuevo León y a la de Movimiento Ciudadano encabezada por el ex alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio Riojas como primera minoría.
El triunfo de Colosio Riojas, que fue impugnado por el PRI, se confirmó este miércoles en definitiva y de manera inatacable, por lo que su lugar en la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano podrá cedérsela a su suplente Dante Delgado, tal como estaba previsto en la estrategia política del líder fundador del partido naranja.
La Sala Superior del TEPJF ‘bateó’, por unanimidad, todos los alegatos con los que el PRI intentaba tumbar el triunfo de Colosio Riojas, quien remontó en los cómputos distritales cuando se volvieron a contar los votos de algunas casillas, luego de que en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) lo mandaba hasta el tercer lugar, lo que lo habría orillado a decidir si asumiría la plurinominal o se la cedería al ex gobernador ex priista de Veracruz y líder de su partido.
Pero con esta sentencia, quedó firme su constancia como primera minoría y el triunfo de Morena para el Senado de la República, luego de que los magistrados descartaron las acusaciones del PRI sobre inequidad, intervención del gobernador emecista Samuel García y, sobre todo, un supuesto rebase de tope de gastos de campaña de Luis Donaldo Jr.
Por su parte, el PRI sostuvo que la Sala Regional Monterrey calificó indebidamente la nulidad de casillas, que fue omisa y que indebidamente resolvió el asunto sin esperar el dictamen consolidado de fiscalización de campaña y analizar rebase de tope de gastos de campaña.
Primero, descartaron los alegatos en contra de 671 casillas en las que pedían la nulidad por supuestas anomalías en los representantes de casilla y la integración de las mesas directivas, lo que no era operante para una nulidad.
Y después, sobre el supuesto rebase de tope de gastos de campaña, porque consideraban que no se les debió entregar constancia si el INE todavía no aprobaba los dictámenes de fiscalización del proceso de campañas.
Sin embargo, el Tribunal Electoral concluyó que “el hecho de que se haya resuelto antes que el INE emitiera los dictámenes no implica una violación a su acceso a la justicia”, pues ahora que el INE ya aprobó el dictamen y que determinó que no hubo rebase de tope de gastos de campaña, pueden impugnarlo y seguir el camino procesal normal.
Con esta sentencia, Luis Donaldo Colosio asumirá la senaduría como primera minoría y podrá cederle su plurinominal a Delgado Rannauro como su suplente.
Para evitar confusiones y nepotismo en la Cámara alta del Congreso de la Unión… ¡qué bueno que su hijo Dante Delgado Morales perdió en Veracruz la elección como candidato de mayoría relativa al Senado! Bienvenida la “nueva política” del partido naranja, naranja.