Raymundo Jiménez/Al pie de la letra 

* SECTOR SALUD: SAQUEO IMPUNE  

A la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador solamente le faltan 103 días para concluir y, hasta hora, no se ve que el Sector Salud –al menos el de Veracruz, donde al gobierno del también morenista Cuitláhuac García le restan menos de seis meses– esté igual o mejor que el de Dinamarca.

Ayer, la periodista Claudia Montero, del medio digital alcalorpolitico.com, reportaba el grave deterioro de los servicios de Salud en la entidad donde Morena acaba de arrasar en los comicios federales y locales del pasado 2 de junio: no hay pago a proveedores ni compra de insumos y medicamentos pese a que fluyen los recursos de la Federación y del Estado al IMSS-Bienestar; se posponen cirugías y no hay acciones de higiene y mantenimiento, y el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) carece de fármacos oncológicos, por lo que los pacientes tienen que recurrir a la asociación civil AHTECA (“Ayúdame Hermano Tengo Cáncer”), que preside la señora Anita Chedraui Obeso, hermana de los empresarios Antonio y Alfredo Chedraui, dueños de la cadena de tiendas de autoservicio que lleva su apellido paterno. 

A finales de septiembre del año pasado, el diputado local priista Marlon Ramírez Marín denunció públicamente que había detectado un esquema para desviar recursos en al menos 18 dependencias del Gobierno del Estado, y que tan solo en la Secretaría de Salud se habían descubierto operaciones irregulares por mil 593 millones 700 mil pesos,  

El ex dirigente estatal del PRI detalló que en SESVER habían sido beneficiadas 50 empresas creadas en los primeros cuatro años de la administración cuitlahuista; que existía colusión con otras empresas por medio de representantes legales; que de 2019 a 2022 se otorgaron 160 contratos por un monto de mil 87.1 millones de pesos, de los cuales 94 contratos fueron por adjudicación directa por un monto de 315.3 millones, y otros 66 se asignaron por invitación por la suma de 771.8 millones de pesos. 

El legislador del Revolucionario Institucional señaló que existían 190 contratos por igual número de personas físicas por 506.3 millones de pesos y que 44 personas físicas resultaron ser beneficiarias de programas sociales con una asignación 122.8 millones, y otros eran empleados del gobierno estatal cuando se dieron los contratos.

Expuso casos como el de Bethy Torres Hernández, de 23 años de edad, empleada de SESVER, quien recibió un contrato por un millón 92 mil 799.99 pesos; o Misael Carmona Medina, de 24 años, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, al que le asignaron 22.9 millones de pesos en contratos; así como una lista de personas físicas con contratos para mantenimiento en la pandemia 2019-2020, por 136.4 millones de pesos.

Mencionó además el caso de DICIPA, S.A. DE C.V., empresa que fue vetada para recibir contratos en todo el país, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2023. “Cuatro meses después se le asignaron contratos por más de siete millones de pesos”, acusó Ramírez Marín, quien reveló que semanas antes le había expuesto esta situación al entonces secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales, quien le ofreció acompañarlo a la Fiscalía General del Estado y a la FGR para que presentara formalmente las denuncias, pero desafortunadamente el funcionario falleció el 29 de agosto.

El legislador priista advirtió que en estos presuntos actos de corrupción estaban implicadas las secretarías de Finanzas y de Salud, así como la Contraloría General del Estado, ya que la Subsecretaría de Administración y Finanzas de Sefiplan y la Dirección de Administración de SESVER son las que tienen la responsabilidad de registrar a los proveedores, saber si tienen la capacidad, y son las que dispersan el dinero, lo radican a las dependencias y son ejecutoras del gasto.

“A lo mejor ahí encontraremos la explicación de por qué hay más de 17 mil bardas pintadas en todo el estado, y por qué hay miles de espectaculares en todo el territorio veracruzano”, sentenció Marlon Ramírez, quien destacó que en cuatro años de esta administración habían pasado tres titulares de la Secretaría de Salud, pero nunca ha cambiado el área administrativa, y que, “hasta el día de hoy, no hay una sola observación por parte de la Contraloría”.

Ante la denuncia pública del priista, el gobernador Cuitláhuac García exhortó a todos los que tuvieran pruebas de algún desfalco o malversación de recursos en la Secretaría de Salud a que interpusieran las denuncias ante las instancias correspondientes.

El mandatario veracruzano lo atribuyó a la efervescencia por las elecciones y reviró que hay quienes solo buscan reflectores con declaraciones superficiales, pero insistió en que esperaba que se interponga una denuncia formal si es que están las pruebas.

¿Sabrá algo de esto el doctor Roberto Ramos Alor, el primer secretario de Salud (diciembre 2018-mayo 2022) y ahora flamante diputado federal electo de Morena por el distrito urbano de Coatzacoalcos, uno de los morenistas más allegados a la gobernadora electa Rocío Nahle?

LOS NEGOCIOS DE FALLITO 

FARARONI; ¿NAHLE LO SABE?

¡Escandalazo! Cuentan que el año pasado, a inicios del mes de octubre, el diputado morenista Rafael Fararoni, presidente de la Comisión de Vigilancia, junto con el Secretario de Fiscalización del Congreso Local, estuvieron llamando a muchos alcaldes de las zonas sur, centro y norte del estado para “ofrecerles” limpiar sus cuentas públicas. 

De acuerdo con esta versión que circula en el Palacio Legislativo, con todo el descaro los citaban en una oficina del edificio de la avenida Encanto, de Xalapa, donde supuestamente les pedían hasta el 10% del presunto daño patrimonial a las arcas municipales. 

Según aseguran, existe evidencia de lo que se comenta. Hay una anécdota de que llegó un alcalde que no tenía nada que solventar, a lo que lo increparon y le preguntaron que quién lo había invitado, a lo que el edil respondió que nadie, que sólo andaba acompañando a otros ediles. Y, con todo el descaro, le dijeron que no traía daño, pero que si podía “apoyarlos con algo y luego se ponían a mano”, a lo que el munícipe los mandó por un tubo.

Uno de los tantos alcaldes que nos aseguran que sí cayeron en su juego es el de Perote, quien les habría entregado la cantidad de 800 mil pesos, y al que, por cierto, no le cumplieron con lo pactado.

Se comenta que viene la historia completa, donde figura también gente cercana al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Habrá que ver qué opina la gobernadora electa Rocío Nahle de lo que les imputan a los diputados locales. 

Según nos dicen, ya en una ocasión varios alcaldes se quejaron con la entonces candidata de las extorsiones de las que eran objeto de parte de varios legisladores vivales.

Esta historia continuará… 

ALCALDESA DE SAN ANDRÉS

TUXTLA EN GRAVE PROBLEMA

Por cierto, la que se metió en un serio problema legal es la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada –confrontada políticamente con el diputado local Rafael Fararoni–, la cual fue retenida ayer durante cuatro horas arriba de una patrulla de la Guardia Nacional (GN) cuando intentaba huir, vestida con uniforme de policía municipal, de los locatarios del mercado 5 de Febrero que se manifestaron para reclamar justicia por la muerte del comerciante José Luis Zapata Páez, quien fue asesinado a golpes por policías municipales la mañana de ayer, tras la supuesta instrucción de la munícipe morenista de “hacerlo entrar en razón”.

De acuerdo con una versión difundida extraoficialmente desde el Congreso estatal, los locatarios del mercado se plantaron frente al Palacio Municipal de San Andrés Tuxtla para exigir que la alcaldesa fuera detenida y presentada a la Fiscalía Regional de Justicia para responder por las acusaciones en contra de los policías municipales por el asesinato del comerciante.

Debido a la enorme cantidad de ciudadanos y manifestantes que protestaban, el personal del ayuntamiento optó por pedir el apoyo de la Guardia Nacional (GN) para resguardar las oficinas municipales y permitir que la alcaldesa saliera resguardada para evitar que la agredieran. El personal de seguridad decidió que la alcaldesa Solana Calzada se vistiera con uniforme de la policía municipal, para intentar pasar desapercibida por los manifestantes que rodeaban el Ayuntamiento.

Sin embargo, los manifestantes se percataron que dentro de la patrulla de la GN se encontraba la alcaldesa sanandrescana y rodearon la camioneta durante cuatro horas, hasta que llegaron refuerzos de la corporación federal, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, para escoltar a la edil hasta las instalaciones de la Fiscalía Regional.

La alcaldesa María Elena Solana caminó varias cuadras portando el uniforme de policía municipal, un casco y un pasamontañas, en medio de los gritos de la multitud: “¡Asesina!”, “¡Que la lleven a la Fiscalía!” y “¡Justicia!”. A pesar de que iba resguardada por varios elementos de Seguridad Pública, la edil tuvo que soportar que le lanzaran botellas de agua, latas y bolsas con basura.

De acuerdo con la versión de los locatarios del Mercado 5 de Febrero, de San Andrés Tuxtla, el conflicto inició cuando elementos de la Policía Municipal enviados por la Alcaldesa, el Director de Gobernación Municipal y el Director Jurídico del Ayuntamiento detuvieron de forma arbitraria a Jorge Luis Zapata Páez, un locatario del lugar, por inconformarse junto con otros comerciantes al intento del gobierno municipal de reiniciar las obras de remodelación del inmueble debido a que la obra está detenida por un amparo promovido desde el 2022.

Debido a la fuerza excesiva con la que sometieron los policías municipales a Zapata Páez, éste falleció minutos después en el Hospital Civil Dr. Bernardo Peña, en la misma ciudad de San Andrés Tuxtla, lo que enardeció a los comerciantes, trabajadores del mercado y ciudadanos sanandrescanos.