Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* POZA RICA: CRISIS MAYOR

Hasta antes de lo descubierto en Poza Rica el domingo anterior, el acto más macabro de la delincuencia organizada en Veracruz había tenido lugar en la zona hotelera y comercial de Boca del Río, donde en septiembre de 2011 fueron arrojados a plena luz del día 35 cadáveres semidesnudos, maniatados y con el tiro de gracia.

Los criminales, muy sospechosamente, burlaron al Ejército y la Policía Federal que tenían acordonado el recinto donde se realizaría la Reunión Nacional de Procuradores.

Ese incidente, por cierto, le costó la renuncia al exalcalde de Xalapa y exsecretario de Gobierno, Reynaldo Escobar, como procurador general de Justicia del estado.

Ahora, a las dos masacres ocurridas al inicio de esta administración en el sur de Veracruz, en abril y agosto de 2019 –primero en el salón de eventos Los Potros, de Minatitlán, donde hubo 13 víctimas, entre ellas un bebé de apenas 12 meses, y luego en el bar Caballo Blanco, de Coatzacoalcos, en el que fallecieron 28 personas–, se ha venido a sumar el tétrico hallazgo en un par de casas de seguridad de Poza Rica de al menos 13 cuerpos desmembrados, aunque “podrían ser más”, según aceptó la propia titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.

De acuerdo con versiones extraoficiales que han circulado en redes sociales, la crisis violencia y criminal en la antigua Petrópolis podría ser mucho más grave de lo que se percibe. Ayer, por ejemplo, el columnista y director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) lo siguiente: “Aparentemente guardaban los cuerpos congelados porque eran tantos los asesinados que no les daba tiempo de desaparecerlos. Eso dice una fuente policiaca que interrogó a uno de los detenidos en Poza Rica”.

Circula también en redes un audio de un familiar de un empleado del ISSSTE que presuntamente colaboró en el traslado de los cuerpos desmembrados. La mujer, que va grabando la conversación mientras conduce un vehículo, relata: “Tan solo la del ISSSTE son 35 cuerpos. Ya vinieron los de Xalapa, ya están aquí los de Xalapa. Mi cuñado me decía que lo ayudara a levantar cuerpos porque no tienen choferes, y para que yo me trajera las carrozas y ya nada más que los chamacos metieran los cuerpos. Pero no, le dije ‘me voy a vomitar’, pero ya después le dije ‘sí, sí te ayudo’.

“Están las carrozas pero no caben los cuerpos, así de ese pedo está, está perro, perro el asunto hoy. Así que con cuidado porque carro tras carro están revisando. Ahorita voy para allá, para el ISSSTE. Pero está canijo. ¡Ca-ni-jo-. Ahora sí que tengo la noticia de primera mano porque a mí me tocó verlo y después ir entregando. En la casa que está acá por la Halliburton, la que está pegada a la Facultad de Artes ahora, que antes era la Facultad de Arquitectura, ahí encontraron creo que 15 o 20 cuerpos, pero aparte los mismos detenidos dijeron que había una fosa, que hay un putero de cuerpos enterrados, ¡un putero!, ¡que son un chingo!”

Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García, acompañado de la fiscal Verónica Hernández Giadáns, informó que ya hay seis detenidos y que la línea de investigación más sólida que se sigue sobre este caso es la del “ajuste de cuentas” entre los grupos delictivos que se disputan el control de esa zona del norte de Veracruz. 

El mandatario estatal dijo que reforzarán las acciones de vigilancia para “mandar la señal de que no vamos a permitir que queden en la impunidad este tipo de acciones. Que (sepan que) vamos parejo, que no es contra un grupo sino contra cualquier que atente en contra de la vida de una persona, independientemente de si formaba (parte) de un grupo (delictivo)”.

El gobernador de Morena ha venido reiterando que “en Veracruz se acabaron los acuerdos con los grupos criminales”.

Y es que estos pactos en la entidad datan al menos desde los tiempos del exgobernador Fernando López Arias (1962-1968), exprocurador general de la República, cuyo director de Seguridad Pública, Manuel Suárez Domínguez, fue involucrado con la delincuencia.

En el sexenio de Agustín Acosta Lagunes (1980-1986) se recuerda la masacre de 22 agentes judiciales federales emboscados por narcotraficantes en la selva del Valle de Uxpanapa. Con Dante Delgado, como gobernador sustituto (1988-1992), se dio en el Llano de la Víbora, del municipio de Tlalixcoyan, un trágico enfrentamiento entre militares y policías federales por un avión procedente de Colombia que había aterrizado en un campo de beisbol para cargar clandestinamente turbosina. En la administración de Patricio Chirinos (1992-1998), su secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, fue señalado de haber recibido por lo menos 15 millones de dólares, entre 1995 y 1996, a cambio de proteger al narcotraficante Jesús Albino Quintero Meraz, según revelo la revista Proceso en su edición del domingo 16 de mayo de 2004. En el régimen siguiente, el de Miguel Alemán Velasco (1998-2004), fue detenido por el Ejército, en mayo de 2002, Quintero Meraz, un aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán que habitaba una residencia contigua a la del entonces mandatario priista en el fraccionamiento Costa de Oro, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Con Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) Los Zetas desplazaron al Cártel del Golfo y tomaron el control absoluto de la entidad, hasta que con Javier Duarte (2004-2010) arribaron a la entidad los originalmente llamados “Mata-Zetas”, que luego fueron identificados como Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora principal generador de violencia en la zona norte. 

La situación en Poza Rica es tan crítica que la tarde de este lunes trascendió la renuncia del comisario de la Policía Municipal, el oficial José Antonio De Luna Hernández, quien solo aguantó en el cargo un mes y 14 días.

Según la versión extraoficial, el mando policial emanado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado anunció su separación tras el hallazgo de los cuerpos desmembrados. Pero, al parecer, el jefe policiaco habría sido amenazado. Y es que la corresponsal del diario La Jornada, Eirinet Gómez, publicó la tarde de ayer en su red social X (antes Twitter), que “lanzan granadas en casa del delegado de @SP_Veracruz en #Poza Rica.”

Como se recordará, el anterior delegado de la SSP en Poza Rica se encuentra actualmente bajo proceso penal, al igual que otros elementos de la Policía Municipal, por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

En una reciente entrevista que el periodista José Valencia Sánchez le hizo al exdirector de Seguridad Pública del estado, Juan Herrera Marín, el veterano político cordobés respondió al preguntársele si el problema de la inseguridad en Veracruz tiene solución y si acaso se necesita un Supermán, mejor tecnología o más recursos para lograrlo. Pero el exjefe policiaco del chirinato y exfuncionario federal apuntó algo fundamental: “El elemento llega hasta donde el mando quiere. Si hoy hay un desorden ahí es pues porque el mando lo está prohijando. Y el elemento hace lo que le permite el superior.  Esa es la solución, que lleguen mandos honestos”.