Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* PREGUNTAS SIN RESPUESTA

En Xalapa, sede de los tres Poderes del estado, las extorsiones y el cobro de derecho de piso por parte de la delincuencia organizada no tienen freno.

Las víctimas, impotentes, no saben a quién recurrir porque desconfían de las autoridades a cargo de instituciones como la Fiscalía General o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

La semana anterior, en el popular mercado “Rendón”, anexo a una concurrida plaza comercial ubicada por el Museo de Antropología, fue ejecutado un locatario. No ha sido el primero. El año anterior fue eliminada otra persona en el mercado “Jáuregui”, muy cerca del Palacio de Gobierno. Lo peor es que las autoridades saben los motivos, pero lo que aparentan hacer es muy poco para combatir y erradicar a estos delincuentes que actúan impunemente porque se sienten protegidos, solapados por presuntas complicidades de quienes están al frente de la SSP, aunque algunos mandos policiacos parecen temerles también por las amenazas que han recibido en los cadáveres descuartizados que les han tirado en algunos fraccionamientos de la ciudad.

Pero tampoco abona mucho a la confianza ciudadana que los gobernantes no desmientan de manera contundente el sospechosismo sobre sus presuntos vínculos con grupos criminales.

Y es que, casualmente, la misma semana anterior el periodista veracruzano Ricardo Ravelo Galó, ex reportero de la revista Proceso y autor de varios libros sobre las bandas del narcotráfico en México, levantó gran revuelo al retomar una nota perdida que apareció publicada a mediados de junio en algunos diarios de la Ciudad de México, la cual cobró relevancia al identificarse a un piloto aviador mexicano que había sido detenido hace un par de meses en Venezuela por tráfico de drogas, el cual estuvo al servicio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

¿El mandatario panista ha dicho algo al respecto? Hasta ahora parece que… ¡nada! Como tampoco ha abundado sobre el fallido atentado contra el alcalde panista de Paso de Ovejas, Abel Ramírez Coria, quien el domingo antepasado salió ileso del ataque de un comando armado que irrumpió en su festejo de cumpleaños. El saldo fue un profesor de Puente Jula muerto y cuatro comensales heridos más.

El munícipe es hermano de Policarpo y Gregorio Ramírez Coria, acusados de ser operadores del Cartel de Sinaloa –el mismo con el que aceptó tener nexos el piloto aviador recién detenido en Venezuela–, cuyo capo mayor, ¡oh sorpresa!, era Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en enero de 2001 se fugó del Cefereso de Puente Grande, Jalisco, cuando incondicionales de Yunes Linares, entre ellos el actual secretario de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, estaban a cargo de los reclusorios federales en el sexenio del presidente Vicente Fox.

Policarpo fue agente de la Policía Federal y en 2011 fue asesinado junto con otros seis integrantes de su familia cerca del cementerio municipal de Paso de Ovejas. En tanto, Gregorio Ramírez Coria, permaneció preso en Guatemala durante algunos años y en el 2015 fue extraditado a los Estados Unidos, que lo reclamaba como uno de los mayores introductores de narcóticos en la Unión Americana.

¿Todo esto lo ignoraba Yunes, quien inclusive fue subsecretario de Seguridad Pública federal con Fox, en cuyo sexenio salvó milagrosamente la vida cuando de última hora se disculpó para no viajar con su jefe Ramón Martín Huerta en una aeronave que se desplomó?

El secretario foxista de Seguridad Pública falleció el 21 de septiembre de 2005, cuando el helicóptero Bell 412-EP matrícula XC-PFI en el que se dirigía a abanderar a los nuevos custodios del penal de máxima seguridad La Palma (antes Almoloya), se estrelló en el paraje montañoso en el municipio de Xonacatlán, Estado de México.

Según los primeros peritajes, la causa del siniestro fue que el piloto maniobró por un banco de niebla que le obligó a bajar su “techo de navegación” y desviarse, en esta maniobra perdió el contacto visual con el terreno y se impactó contra un cerro boscoso.

Sin embargo, el informe pericial sobre el accidente fue clasificada por el gobierno federal como información reservada por 12 años, lo cual vino a acrecentar las sospechas generalizadas de que podría tratarse de un atentado perpetrado por grupos criminales. Además, el aparato accidentado estaba en el medio de una controversia que involucraba a un ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, quien fue acusado de adquirirlo de manera irregular.