Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

* LAS ‘CORCHOLATAS’ VERACRUZANAS

El primer aspirante de Morena a la gubernatura de Veracruz que tomó partido abiertamente por una de las “corcholatas” destapadas por Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en la Presidencia de la República en 2024 fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, quien entrevistado a finales de mayo por un diario porteño se pronunció a favor del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“¿Claudia Sheinbaum o (Marcelo) Ebrard?”, le preguntó la columnista de Notiver, Elia Melchi.

“Creo que a mí me gusta lo que está haciendo Adán Augusto, me gusta el trabajo político, es un gran hombre del movimiento que podría darle continuidad al trabajo de la Cuarta Transformación”, afirmó el legislador oriundo de Minatitlán.

“¿Cree que podría ser un candidato?”, le inquirió la entrevistadora.

“Él podría ser un gran candidato y un buen Presidente, Adán”, reafirmó Gutiérrez Luna sin ambigüedades.

Y el domingo antepasado, en el mitin de unidad y movilización convocado por Morena en Toluca, Estado de México –entidad que elegirá gobernador el año entrante–, el abogado minatitleco se puso la camiseta que distribuían simpatizantes del titular de la SEGOB con la leyenda “Yo voy con Adán Augusto”.

Otro aspirante de Morena a la gubernatura veracruzana que acaba de adherirse a un proyecto presidencial diferente sería Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien según versión del periodista sureño Antonio Torres Lince, autor de la columna El Vigía, en una reunión que se realizó el sábado anterior en el Salón Chilapeño, de Minatitlán, a la que acudieron 32 alcaldes, diputados locales y federales afines, el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz se habría sumado a la precandidatura del canciller Marcelo Ebrard, quien el domingo pasado, en Guadalajara, anunció que recorrerá el país para constituir una Comisión Nacional para Defender la Cuarta Transformación a fin de posicionarse en la encuesta interna que realizará el partido obradorista para elegir a su candidato presidencial.

“Marcelo Ebrard es mi amigo y ya me dio luz verde por Veracruz…”, habría expresado el súper delegado federal, cuyo grupo político se apresta a participar en el proceso interno de Morena mediante el cual el 30 de julio serán electos los coordinadores distritales y el 6 de agosto la dirigencia del Comité Directivo Estatal que Huerta ya presidió hasta noviembre de 2018.

En esta reunión de Minatitlán –según la versión publicada por el periodista Torres Lince– se habría comentado que las aspiraciones de Huerta Ladrón de Guevara de ser nominado para la gubernatura de Veracruz estarían sustentadas en la versión de que “Rocío Nahle García ya no va”, pues presuntamente sería promovida a otro cargo después de que el presidente López Obrador inaugure la refinería Olmeca, de Dos Bocas, Tabasco, el próximo 2 de julio.

A ello se atribuye que algunos de sus aliados hayan comenzado a darle la espalda a la secretaria de Energía, como el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Fabián de Jesús Cruz Hernández, entre otros ediles y diputados.

En cambio, el líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, respondió hace tres días a una publicación de Rocío Nahle en Twitter: “Excelente trabajo de nuestra Secretaria. Vamos con ella al cien”.

Y todos saben que para la Presidencia de la República el gobernador Cuitláhuac García, jefe político de Gómez Cazarín, le está apostando a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

TSJE: LA CASA DE LA INJUSTICIA

En menudo aprieto –uno más– se ha metido la magistrada Inés Isabel Romero Cruz, presidenta del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la supuesta Casa de la Justicia en Veracruz. 

Un asunto en el que, acaso, alguien de allá por las oficinas del palacio central la embarcó,  le puede costar la destitución, inhabilitación o cárcel, todo por no revisar a conciencia el asunto o arriesgarse a las consecuencias. Total, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó la línea de que “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”. 

Y no porque se trate de un veterano periodista el involucrado en el affaire, pues bien pudiera ser cualquier otro “justiciable”, sino porque se trata de un respetable comunicador que junto con otro colega, Manolo Santiago –también cesado injustamente tras 20 años de labor–, contribuyó a la buena imagen que hasta diciembre de 2016 mantuvo el Poder Judicial del Estado. 

Se trata de un periodista que lleva su asunto con cautela y prudencia tras la demanda laboral que presentó en 2017 por despido injustificado y que cinco años después ganó en un Tribunal Colegiado federal de Sinaloa, aun así, está consciente de evitar echar más leña al fuego por ser parte de esa institución que no obstante ser la encargada de administrar la justicia, hoy viola sus derechos humanos e injustamente lo maltrata.

Y es que este fin de semana trascendió que, al parecer, la magistrada presidenta del Consejo de la Judicatura y del TSJE instruyó que en cuanto el empleado despedido injustificadamente se presentara al edificio “C” –como se sabe que ya lo hizo– a reclamar su reinstalación como ordena el Tribunal Colegiado de Circuito perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se le reincorporara, a sabiendas de que incurre en desacato que se castiga con inhabilitación y cárcel.