Raúl López Gómez/Cosmovisión

Reforma Judicial demoledora

A juicio del licenciado Ignacio Morales Lechuga, la reforma al poder judicial es necesaria, pero con muchas reservas a lo propuesto con una iniciativa peligrosa que pone en riesgo la división de poderes

Históricamente, los presidente de algunas naciones que han pretendido afectar al poder judicial, no les ha asistido la razón y no pudieron doblar al otro poder encargado de la administración e impartición de la justicia.

El discurso del presidente en todo este mandato ha  sido, dice el ex titular de la PGR, de enfrentar al poder judicial que durante décadas se ha visto como garante de la constitución y respetuoso de la imparcialidad en el ejercicio de su delicada e importante misión.

La pretendida reforma al poder judicial, carece de bases sólidas para darle a la carrera judicial un soporte de dignidad, capacidad y profesionalismo que garantice la certeza jurídica.

Los jueces, magistrados y ministros, son expertos intérpretes del derecho y además con apego a la “jurisprudencia”, que textualmente hace referencia a la prudencia en el ejercicio más elevado en el campo del derecho.

Ignacio Morales Lechuga, con casi cincuenta años de ejercicio en la actividad notarial y ex rector de la Escuela Libre de Derecho, reconoce que la reforma al poder judicial, está falta del verdadero espíritu de la legalidad, y con ese modelo se pone en peligro el marco jurídico, que ha tenido un comportamiento ético, de elevado rigor científico y de compromiso con la justicia y la equidad como valores elementales en el campo del derecho.

La pretendida reforma, se tendrá que quedar en el camino por la ausencia de visión y de respeto que demuestra simplemente que se busca poner en contra de la pared a un poder que se ha mostrado sólido, respetuoso y garante de la legalidad en este país y que no se puede eliminar de un plumazo.

La carrera judicial requiere de experiencia y hay que decir y reconocer que la carrera de derecho es la más completa y solida que requiere de profesionales preparados y con estudios comprobados que garanticen probidad y respeto para el desempeño profesional.

El derecho y su aplicación, no puede, ni debe someterse a un modelo de elección popular, porque se trata de una actividad que contribuye con prestancia a mantener el debate y revisión en un país que se rige por la división de poderes y que ninguno puede estar supeditado a la voluntad o capricho de los otros poderes y que ponen en riesgo a la gobernabilidad. Así las cosas.