Punto de vista

* Y la guerra sigue…

El analista Enrique Quintana, del periódico El Financiero plasma con claridad la perspectiva financiera de México, que habrá de definirse a partir de la presentación del Paquete Económico para 2017:

«Trátese de 120 o de 250 mil millones de pesos, el recorte al gasto público para 2017, que será anunciado esta semana cuando se dé a conocer el Presupuesto, va a tener un doble impacto. Por una parte, hacia adentro del gobierno va a causar dolor, porque será imposible hacerlo sin afectar una parte de la estructura del propio aparato de gobierno. Y, de manera indirecta, tendrá un efecto recesivo sobre una actividad económica que se desacelera. Para muchos críticos del gasto público y para las calificadoras, será buena noticia porque asegurará que el gobierno cumpla con su propósito de lograr un superávit primario el próximo año, por primera vez desde 2009, reiterando el compromiso con la estabilidad».

Eso es, en esencia, lo que habíamos anticipado: La disponibilidad financiera del gobierno federal para el 2017 será muy limitada, de manera que se ve poco viable que se aplique un plan especial de rescate de la economía en Veracruz. Habrá, probablemente, algunas consideraciones, pero el principal esfuerzo tendrá que surgir de los propios veracruzanos.

Serán dos años muy difíciles.

Y mientras Luis Videgaray hace los últimos ajustes a su propuesta de presupuesto para el próximo año, el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la decisión de invalidar leyes en Chihuahua y Veracruz que «blindaban» a sus actuales gobernadores de posibles investigaciones sobre corrupción.

El más alto tribunal del país declaró, de forma unánime, procedentes los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Procuraduría General de la República.

Este solo hecho provocó que, al menos en Veracruz, se reavivara la guerra mediática entre el gobernador en funciones y el que habrá de tomar posesión el primero de diciembre.

El argumento de la PGR para presentar las acciones de inconstitucionalidad fue que contravenían el recién aprobado sistema nacional anticorrupción, el cual debe servir de guía para normas estatales sobre el tema, lo cual no ocurrió en estos casos.

Ya Javier Duarte respondió vía Twitter que habrá de acatar el dictamen de la Suprema Corte «en todos sus términos». Por su parte, el coordinador de Comunicación Social, Alberto Silva, dio más detalles sobre las consecuencias del acuerdo tomado por los magistrados.

Dijo que con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, fue eliminada la figura de Fiscal en Combate a la Corrupción en Veracruz, dejando al Fiscal General esas atribuciones y que ahora, para que exista esa figura tendrá que votarse en el Congreso local por mayoría calificada en 2 periodos ordinarios consecutivos.

«En lo que eso sucede, que mínimo es un año, (si es que sucede) sus atribuciones las tiene el Fiscal General del Estado”.

El mensaje que está enviando es que, a pesar de las objeciones sobre el tema, en Veracruz el responsable de investigar a los servidores públicos y procesarlos en caso de que se les encuentren evidencias de haber incurrido en actos de corrupción, se llama Luis Ángel Bravo Contreras, el Fiscal General, personaje recomendado por el propio Javier Duarte y de quien Miguel Ángel Yunes Linares ha prometido que removerá del cargo, aunque sabe que carece de facultades legales para ello.

Ya se anticipó en este mismo espacio: La guerra Duarte-Yunes habrá de seguir, incluso después del primero de diciembre.

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