Presume SSP detención de 193 miembros de la delincuencia organizada

XALAPA, Ver., 27 de noviembre de 2018.- El secretario de Seguridad Pública, Jaime Ignacio Téllez Marié, dio a conocer que durante la presente administración se detuvo a 2 mil 997 personas por delitos de orden común, mil 840 por delitos federales, y 39 mil 341 personas fueron arrestadas por faltas administrativas, de los cuales 193 de los detenidos fueron identificados como miembros de estructura de la delincuencia organizada.

Durante la comparecencia como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, señaló que hasta noviembre de 2016 la delincuencia actuaba con total impunidad, auspiciada por una SSP debilitada por la falta de decisión y compromiso para combatirla.

“Existe una disminución sustancial en robo a transportistas de carga, y desde el mes de abril, en Veracruz no se ha registrado ni un caso de robo a ferrocarril. El departamento de Estado de Estados Unidos, en su alerta de viaje a México, clasifica al estado de Veracruz en el nivel dos de su escala, en donde 1 es precaución normal, 2 aumento de precaución, 3 reconsiderar el viaje y 4 no viajar. Puntualizando que ningún estado de la República Mexicana se encuentra en el nivel”.

Al hablar sobre las condiciones en las que se encontraron la dependencia al inicio de la administración, el titular de SSP precisó que casi el 40 por ciento de la plantilla operativa se encontraba asignada de manera indefinida a cumplir funciones de Policía Municipal, pues con la desaparición de 23 policías municipales la dependencia asumió el cargo, lo que afectó la estructura.

En este sentido, explicó que para el ejercicio 2017, la SSP recibió un presupuesto de 4 mil 172 millones 359 mil 139 pesos, y para 2018 el presupuesto autorizado fue de 4 mil 978 millones 118 mil 74 pesos, lo que permitió adquirir armas, equipo táctico y radio patrullas, así como atender las necesidades de mantenimiento en instalaciones estratégicas.

Asimismo, dio a conocer que en 2016, el 45 por ciento de los cadetes formados fueron rechazados por no aprobar la Evaluación de Control de Confianza, lo que representó una pérdida de casi 10 millones de pesos invertidos por el estado en su capacitación.