Presidencia impugna ante SCJN sistema anticorrupción de Veracruz

XALAPA, Ver.- Recientemente los Congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz, aprobaron reformas que se oponen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por ello el Gobierno de la República presentó acciones de inconstitucionalidad contra las leyes locales, expresó el vocero de Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández.

“Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, esta mañana la Procuraduría General de la República, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acciones de inconstitucional en contra de los Congresos y de Gobernadores de Quintana Roo y Veracruz para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción”.

En conferencia de prensa acompañado de Salvador Sandoval Silva, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene la finalidad de prevenir, detectar y sancionar irregularidades.

Ese sistema, creado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, parte de una premisa, ningún servidor puede estar al margen de la ley, esto es lo que demanda la sociedad mexicana.

Salvador Sandoval Silva, afirmó que la reforma en combate a la corrupción estableció la constitución de sistemas locales, pero con homogeneidad y coherencia, de lo contrario, la aspiración no se puede concretar.

Explicó que la reforma constitucional mandató que el Sistema Nacional Anticorrupción, federación y entidades, fuera diseñado a partir de dos leyes que no se han publicado y que aún no entran en vigor: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La reforma previó además que los estados deben esperar a la expedición de las leyes a efecto de que sus sistemas locales se ajusten al nacional.

El subprocurador jurídico de la PGR señaló que es conveniente que la SCJN analice las reformas locales, pues ante la falta de competencia de los congresos de Veracruz y Quintana Roo, se generará en perjuicio del Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de dicho sistema.

“Lo que en escancia se ha solicitado en las acciones de inconstitucionalidad es que la SCJN advierta que las entidades federativas mencionadas carecen de facultades para crear sus Sistemas locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes, y lo que es más, que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.

De subsistir los decretos que hemos impugnado, los actos emanados de ellas, adolecerían de vicios de inconstitucionalidad, tales como: los nombramientos de Contralores generales de los estados, de fiscales especializados en combate a la corrupción, así como los magistrados en materia anticorrupción en dichas entidades.

Además, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la FGE; la designación que realice el Fiscal especializado de los fiscales, peritos, policías y demás personal que se requiera para cumplir con esas atribuciones.

La creación ex profeso de la sala Superior Especializada en materia Anticorrupción, que dependerá del Tribunal de lo contencioso administrativo. El deslinde de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, así como las sanciones que correspondan, entre otras.

“No podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, finalizó.

Eduardo Sánchez afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto “habrá de promulgar los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, en tanto las leyes vigentes de Responsabilidad Administrativa y de Fiscalización de las entidades continúan en vigor”.

Uno de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción, es que no haya cabida para legislaciones locales a modo; “en la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones”.