Portilla, Hernández y Montelongo, premio de consolación y pago de favores

XALAPA, Ver., 18 de agosto de 2016.- La terna de magistrados que este jueves voatarán los diputados es un pago de facturas… y de favores electorales: a la cabeza se encuentra Francisco Portilla Bonilla, exprocurador y exalcalde de Córdoba, quien ya no fue designado fiscal anticorrupción, y como puesto de consolación será votado como magistrado de lo familiar, así como Lisbeth Hernández Ribbón, esposa del magistrado del Tribunal Electoral y encargado del dictamen que tumbó la elección de Cosoleacaque, Javier Hernández Hernández, así como Patricia Montelongo Guerrero, sobre quien pesa una denuncia por incumplimiento de un deber legal.

Francisco Portilla Bonilla, exsecretario del Congreso, fue propuesto por el gobernador Javier Duarte de Ochoa para ocupar la recién creada Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, una acción de anticonstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz echó abajo su nombramiento.

El 11 de agosto el gobernador Javier Duarte de Ochoa propuso una terna de 3 magistrados para ocupar la recién creada Sala de lo Familiar del Poder Judicial del Estado, e incluyó a Francisco Portilla Bonilla.

Lizbeth Hernández Ribbón fue proyectista del magistrado René Poblete Dolores, su hermana, Lorena, actuaria en la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, y su hermano es actuario en la Sala Electoral; además, su esposo, el panista Javier Hernández, fue el encargado de elaborar el dictamen que el pasado 10 de agosto echó abajo la elección en el distrito de Cosoleacaque, donde tras un tortuoso recuento de votos Rocío Pérez Pérez, candidata de Morena, se impuso al PRI que llevó Carla Rodríguez Merlín.

Finalmente, Patricia Montelongo Guerrero, a quien la abogada Teodora Vázquez Juárez demandó ante la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos por el delito de Incumplimiento del Deber Legal en el trámite del Juicio Ordinario Civil Numero 178/2011, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, cuando Montelongo fue titular de dicho juzgado.

De ser avalados este jueves por la mayoría de los diputados, ocuparían el cargo por 10 años.