Por no acatar recomendaciones de CEDH, comparecerían ante Congreso

XALAPA, Ver., 7 de julio de 2020.- Con el propósito de dar cumplimiento al mandato constitucional de llamar a comparecer a aquel servidor público a fin que explique las razones de sus negativas a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron al Pleno una iniciativa de decreto.

Con esta iniciativa se plantea reformar los artículos 4, fracción IV, y 28 Bis, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz con lo cual se prevé garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales y se acota, mediante normas jurídicas expresas, la discrecionalidad en la actuación de las autoridades en esta materia, al estar sujetas en su desempeño al escrutinio permanente de la sociedad, por conducto de sus representantes populares.

De esta manera, la CEDH tendrá la facultad, no solo de hacer del conocimiento, sino de solicitar al Congreso del Estado o, en los recesos de éste, a la Diputación Permanente, que llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos que se nieguen a aceptar o cumplir sus recomendaciones, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

De igual forma, se plantea señalar que, en su caso, las comparecencias se realizarán, con el formato que acuerde el Congreso o la Diputación Permanente, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, y a las mismas deberá asistir, con derecho de intervenir, quien presida la CEDH.

En los casos en que las autoridades o los servidores públicos incumplan las peticiones de la CEDH o entorpezcan las investigaciones, la presidencia de este órgano autónomo rendirá un informe al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, así como a las autoridades competentes, sobre los probables delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos.

Lo anterior, con el propósito de que se les apliquen, en su caso, en términos de las leyes respectivas, los procedimientos y las sanciones correspondientes.

La iniciativa refiere que con esta modificación se contribuirá a fomentar aún más entre las autoridades y servidores públicos una cultura de respeto y protección a los derechos humanos. “Esto, sabedores de que al negarse a cumplir una recomendación podrán ser requeridos por la Representación Popular, si así lo solicitara el organismo protector de tales derechos, para que expliquen las razones de su negativa, lo que reviste singular relevancia, ante la limitante que tienen las recomendaciones de no ser vinculatorias”, detalla.