
No parar hasta dar con los responsables de atentado en Texistepec: Nahle
XALAPA, Ver., 26 de septiembre de 2024.- Este jueves, en el Congreso del Estado de Veracruz se aprobó que las comunidades de pueblos originarios y afrodescendientes sean sujetos de derecho con personalidad jurídica propia.
Después de un gran impulso por parte del diputado local por Papantla, Bonifacio Castillo Cruz, por unanimidad, el Pleno votó a favor de la minuta enviada por el Senado para actualizar el artículo 2 de la Constitución.
De esta manera, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que se debe estar atentos a que estas leyes se cumplan en favor de estos pueblos.
Bonifacio Castillo fue el precursor de esta iniciativa que presentó el 12 de mayo del año 2021 al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y a la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como tuvo conocimiento la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
Con 44 votos a favor, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó, en sesión extraordinaria, la minuta proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Esta reforma reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Especifica los derechos culturales, lingüísticos, de defensa legal, de organización económica y social y de participación en consultas.
Aborda asimismo, las obligaciones de las autoridades para impulsar el desarrollo comunitario y regional, determinar las asignaciones presupuestales, afianzar la protección del patrimonio cultural, fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe, dar perspectiva intercultural al acceso a la salud y garantizar el derecho a la alimentación.
Además, asegurar la participación efectiva de las mujeres indígenas, en condiciones de igualdad, en los procesos de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, su acceso a la educación, así como a la propiedad y posesión de la tierra; su participación en la toma de decisiones de carácter público y la promoción y el respeto de sus derechos humanos.
Esta actualización del máximo ordenamiento federal reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sus formas propias de organización social, económica, política y cultural, su derecho a la protección de su identidad y patrimonio cultural, material e inmaterial y su propiedad intelectual.
También, el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra, entre otros.
De igual forma, el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a la educación, la salud, la tecnología, al arte, la cultura, el deporte, la capacitación para el trabajo y una vida libre de exclusión, discriminación y violencia.
Por último, el diputado Bonifacio Castillo Cruz, del Distrito VI de Papantla, distinguió la grandeza de las culturas originarias que perviven en el país y en el estado y que siguen aportando su saber ante la diversidad de los retos del presente.