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XALAPA, Ver., 27 de junio de 2019.- El diputado local Juan Manuel Unánue Abascal, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado a constituir el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes.
Durante la décima sesión ordinaria, y como Presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes, el diputado del distrito de Boca del Río enfatizó en que dicho instituto debe ser dotado con una estructura orgánica necesaria y recursos presupuestales suficientes a efecto de estar en condiciones de cumplir los fines establecidos en la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus familias.
El congresista afirmó que de no atenderse el tema de manera urgente y prioritaria, en Veracruz continuarán las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, incrementando esta la problemática social y humanitaria.
Señaló que la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias, establece que el Instituto contará con un presupuesto anual, sin embargo el Ejecutivo del Estado no asignó recursos para el ejercicio fiscal 2019.
El pasado 17 de enero, Unánue presentó un anteproyecto que señalaba la urgencia de realizar los ajustes presupuestales correspondientes, sin embargo en la revisión del mes de abril, tampoco se consideró recurso para el Instituto Veracruzano de Atención al Migrante.
Recordó que el 13 de junio el Pleno aprobó un proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortó a diversas autoridades estatales y a los ayuntamientos a implementar acciones para proteger y garantizar los derechos humanos de la población migrante en su paso por el territorio veracruzano.
Sin embargo, ninguna autoridad ha dado a conocer cuáles son las acciones que se implementan para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, por lo que es necesario que el Ejecutivo accione las medidas que la Ley contempla.
Finalmente, Unánue Abascal pidió tomar en cuenta que el Instituto garantizará que las personas migrantes que atraviesan la entidad, reciban un trato humanitario y digno. Así como políticas públicas con enfoque de derechos humanos implementadas por un organismo único y especializado.