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Trasciende liberación de Víctor Benavides, regidor de Poza Rica
XALAPA, Ver., 26 de marzo de 2019.- El Poder Judicial del Estado entrega en tiempo y forma las cuotas correspondientes al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por lo que las denuncias que informó la titular del organismo que se presentarán corresponden a varios años de recargos que ascienden a 43 millones de pesos, confirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña.
Mencionó que se buscó que la pasada administración y también la actual puedan condonar este recurso, sin embargo el Consejo General del IPE les informó que no podría ser posible, por lo que ahora realizarán un convenio entre los dos organismos para saldar estos 43 millones del fondo auxiliar y resolver la problemática.
«Quiero decirles que es un tema muy viejo y que son meramente recargos de cinco o seis años para atrás, que las cuotas del IPE se han ido pagando en tiempo y forma desde que esta administración llegó y vamos en orden».
Cuestionado sobre la situación de la jueza Alma Leyda Sosa Jiménez, quien obtuvo una suspensión definitiva a la orden del Consejo de la Judicatura de mandarla comisionada a Ozuluama y previo a ser reinstalada en los juzgados de Pacho Viejo, recibir una nueva notificación para su traslado en una «adscripción temporal» en Misantla, Edel Álvarez precisó que están en trámite dos de sus amparos, por lo que estarán a la espera de lo que resuelva la autoridad federal, sin embargo ella continuará en los juzgados de Misantla.
Asimismo, aseguró que el Consejo de la Judicatura sí tiene entre sus facultades determinar la ubicación y reubicación de los jueces, aunque están abiertos a recibir y acatar las resoluciones de las instancias federales, «hemos tenido como 10 o 15 jueces que no están de acuerdo (en ser reubicados), en algunos casos se les da la razón en la federal, en algunos casos no y nosotros acatamos la resolución federal».