Pleito con Veolia detenido en TEJAV; Hipólito acusa conflicto de interés

XALAPA, Ver., 4 de julio de 2019.- En 2017, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, se creó el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), que suplió al extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En diciembre de ese año, el Congreso de Veracruz, entonces bajo el control del Partido Acción Nacional (PAN), con sus aliados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aprobaron por mayoría las cuatro propuestas del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para integrar el TEJAV.

Con los votos de 35 de los 50 diputados locales, Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, Luisa Samaniego Ramírez, Pedro José María García Montañez y Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez fueron designados magistrados, todos señalados por sus vínculos con funcionarios en el poder y de haber llegado al cargo por pago de favores.

Pedro José María García Montañez fue secretario particular del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; Luisa Samaniego Ramírez fue jueza de lo Familiar y cercana a Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia y amigo cercano de Yunes.

Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez fue jueza de control en Pacho Viejo, estuvo a cargo de algunos procesos penales en contra de ex funcionarios de Javier Duarte de Ochoa, entre ellos el de Arturo Bermúdez Zurita, y contra el líder de los 400 pueblos, César del Ángel.

En el caso de Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez fue Director de Asuntos Jurídicos de la administración municipal del priista Américo Zúñiga Martínez.

Por estos antecedentes, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, considera que la integración de este tribunal, que constituyó el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, no cumple con las expectativas del Sistema Estatal Anticorrupción.

Y es aquí en donde el conflicto legal con la empresa Veolia, sobre el manejo de residuos en el Relleno Sanitario de Xalapa, está detenido.

La empresa presentó tres amparos para impedir que el equipo del ayuntamiento de Xalapa entrara a ocupar la instalación, “esos tres amparos los ha perdido. La autoridad del Poder Judicial determinó que no tienen sustento. Lo único que le queda es un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa”, detalló Hipólito Rodríguez en una charla con medios de comunicación.

El Sistema Estatal Anticorrupción tiene como propósito combatir los abusos y las formas en que se transgrede el orden legal por parte de funcionarios públicos que se coluden con empresas privadas a través de relaciones de soborno, cohecho o contubernio, y que desvían fondos públicos o hacen un uso inadecuado de los recursos públicos en beneficio de actores privados, dijo el alcalde.

“Este Tribunal está vulnerado porque de esos 4 magistrados, dos los colocó Yunes y uno fue Director de Asuntos Jurídicos de Américo Zúñiga, hay conflicto de interés; cómo una institución cuyo propósito es recibir denuncias contra la corrupción va a jugar un papel neutral, imparcial y objetivo, si sus integrantes provienen de la clase política que en el momento actual está siendo impugnada por su desempeño ilegal, corrupto y transgresor”.

Hipólito Rodríguez insistió en que este instrumento jurídico es el único que tiene Veolia para no entregar la instalación, y para que no finalice el convenio con el ayuntamiento de Xalapa, y acusó a la magistrada Estrella Iglesias de estar a favor de la empresa.

Detalló que la empresa ha insistido en que quiere recuperar el relleno, y la magistrada Iglesias emitió una declaración en donde sostenía que la empresa sí tenía derecho a recuperar la instalación; “nosotros nos opusimos y estamos sosteniendo con medidas legales que no es conveniente entregar el lugar a una empresa que no lo está haciendo bien (…) Veolia no puede sostener a la luz pública que maneja bien los residuos sólidos”.

“El caso está detenido porque la magistrada le ha estado dando largas al asunto desde abril de 2018; ya tenemos un año en espera de que la autoridad cumpla con su trabajo y que dé el veredicto de cierre definitivo con la empresa. Ya perdió 3 amparos y sólo le queda este juicio en donde está en juego la imparcialidad y la autoridad de la magistrada”.

Por ello, el alcalde apela a que la autoridad judicial ponga fin a este conflicto, y que la empresa se haga cargo de sus pasivos ambientales, “porque tiene responsabilidad, durante años se le pagó para mantener bien gestionado el lugar y no lo ha hecho, la prueba está allí en el derrame de lixiviados y en los problemas de salud pública que ha generado”.